| NI CIEGA NI BIZCA |
“Este movimiento ya no se detiene,
se ha puesto a girar una rueda sin fin,
la de la búsqueda de la justicia” K.R.A |
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Max Alberto Esquivel Faerron
Magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones |
Por mucho tiempo la discusión sobre la justicia giró en torno a la necesidad de garantizar la imparcialidad y asepsia del juzgador frente a la influencia de la realidad circundante. Un juez de gabinete o un juez lejano y poco involucrado con el entorno político, social y económico representaba, en aquel momento, el ideal para una administración de justicia de calidad.
Estas ideas que tuvieron gran vigencia durante el siglo pasado, han provocado que la organización del sistema de administración de justicia haya estado en contradicción permanente con principios que derivan de las formas republicanas y democráticas de gobierno y que propician la participación de las y los habitantes en el ejercicio del poder. Sin duda, los factores enunciados han incidido en que las relaciones entre la ciudadanía y el sistema de administración de justicia no hayan sido articuladas, permanentes ni fluidas y mucho menos consistentes con la lógica del estado social, constitucional y democrático de derecho.
La realidad ha cambiado y por ello también las demandas de la sociedad hacia la institucionalidad democrática en el marco del Estado de Derecho. Sostengo que en pleno siglo XXI es impensable una democracia cuyo principal problema no sea revertir las condiciones de desigualdad que afectan a importantes sectores de la población. Como dice el jurista Alberto Binder, ese “no es un tema dentro del sistema democrático, es un tema del sistema democrático mismo”[1]. El Estado debe realizar, en ese sentido, una adecuada lectura de la realidad y ajustar su accionar a las nuevas necesidades de la población.
En el ámbito de la justicia ello implica cambios importantes en la misión y visión del sistema de administración de justicia. Así si concebimos los derechos fundamentales, siguiendo a Pérez Luño[2], como las facultades o instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, comprenderemos que estos deben constituirse en el fundamento y razón de ser de la actuación del Estado. En el caso de nuestro país ello implica –y así lo regula nuestra Constitución- que la formulación, el ejercicio y la evaluación de la función jurisdiccional debe realizarse a la luz de estas exigencias.
La diversidad que caracteriza a nuestra población es, sin duda, un factor de enorme riqueza pero se constituye, asimismo, en el principal reto que enfrenta el sistema de administración de justicia. La necesidad de visibilizar y superar las situaciones de desigualdad que perjudican a distintos sectores de la ciudadanía y que afectan su acceso y permanencia en la justicia exige cambios sustantivos en el papel del juzgador. Tal situación exige una justicia cercana a las personas, con los pies en la tierra y con ojos bien abiertos, capaz de contemplar esa realidad cambiante y de reconocer las diferencias.
Ese ha sido precisamente uno de los aportes más relevantes de la CONAMAJ durante estos veinticinco años. Y es que siempre ha estado presente para articular demandas del sector justicia, arañando recursos, dimensionando oportunidades y multiplicando resultados. Su aporte para visibilizar esta nueva dimensión de la justicia resulta evidente y se cristaliza de manera reciente en el proyecto piloto de participación ciudadana en la administración de justicia que se ejecuta actualmente en la zona norte del país.
Mi reconocimiento y felicitaciones para quienes desde la presidencia de la CONAMAJ han sabido definir este rumbo a lo largo de estos veinticinco años y también para todos los funcionarios y funcionarias que con tanto ahínco se han entregado a la construcción de una justicia con rostro humano que nunca más será ni ciega ni bizca ante las necesidades de las y los habitantes de la República, titulares de la autoridad según lo establece nuestra Constitución. |
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
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