La Directora del Proyecto de Préstamo Corte-BID, Sonia Navarro Solano compareció ante la Comisión Especial de Gasto Público de la Asamblea Legislativa.

Los controles que desde el inicio del préstamo Corte-BID se realizan a nivel interno y externo del Poder Judicial fue uno de los aspectos que detalló la Directora del Proyecto de Préstamo Corte-BID, Sonia Navarro Solano durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
Navarro Solano realizó ante los diputados miembros de este órgano legislativo una presentación detallada de los aspectos generales sobre el proceso licitatorio público internacional que se realizó para la puesta en marcha del préstamo para la modernización de la justicia.
Resaltó los controles que se aplican desde que inició la ejecución del contrato de préstamo mediante una auditoría externa que se desarrolla anualmente y los informes de la Auditoría Interna del Poder Judicial.
De igual manera, señaló la composición de los órganos que complementan dicha fiscalización como lo son la Unidad Ejecutora la cual es supervisada por el BID en materia de ejecución y administración. Así los procesos de rendición de cuentas que se presenta ante la población judicial y el público en general que asiste a estas actividades permanentes.
La Directora del Proyecto de Préstamo Corte-BID señaló que incluso se constituyó una página electrónica para dar a conocer el quehacer del equipo de trabajo, para continuar con el proceso de publicación y transparencia que ha caracterizado la ejecución del proyecto.
Otro de los puntos que se clarificaron es el control de avance que también recae sobre la Comisión de Seguimiento integrada por magistrados de la Corte y que también supervisa el Consejo Superior.
De acuerdo con Sonia Navarro, el fin público de la licitación está dirigido principalmente hacia el mejoramiento de la labor del Ministerio Público y la Defensa Pública en el rediseño de procesos y una solución informática, entes que ante los cambios y el avance de la criminalidad deben dotarse de mejores herramientas.
La funcionaria dejó claro que ante la entrega por parte de la empresa de productos no satisfactorios se decidió en primera instancia la resolución del contrato de préstamo, sin embargo finalmente se dio un addendum del contrato en el que establecieron disposiciones más rigurosas en materia de multas y garantías, al determinarse las multas por hito y no por plazo, así como la garantía del proyecto que se pasó de un 5% a un 7%.
Sobre los cuestionamientos ante el posible conflicto de intereses con el consultor y director regional del proyecto de la empresa INDRA, Jorge Obando Sancho, destacó la reciente gestión hecha por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora Mora, ante la Contraloría General de la República, con el fin de solicitar respetuosamente la pronta resolución de este asunto, por ser el ente máximo de fiscalización de recursos públicos.