| “FORMACIÓN DE AUXILIARES JUDICIALES DEL MINISTERIO PÚBLICO” |
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Me complace, en segundo lugar, participar del cierre de una actividad de capacitación dirigida a auxiliares judiciales del Ministerio Público, precisamente por el esfuerzo institucional que significa invertir recursos en tener personal cada vez con mejores condiciones para el desempeño de una labor decisiva, en el marco de nuestro estado social de derecho, brindando el servicio público justicia en una de sus tareas esenciales, la persecución penal. Si quisiéramos definir en pocas palabras qué significa Estado de Derecho, diríamos que es aquella organización política que postula, como principio rector, la preeminencia de la ley sobre cualquier otro factor o interés; nada ni nadie por encima o fuera de la ley, en sentido amplio, entendiendo por tal la Constitución Política, el derecho internacional incorporado al ordenamiento jurídico interno y la leyes ordinarias debidamente promulgadas y vigentes en Costa Rica. Todos estamos, en un Estado de Derecho, sometidos al imperio de la ley y las consecuencias inmediatas más relevantes de este principio de legalidad es que nadie puede sentirse por encima de las leyes, nadie, por muy alto cargo que ocupe o por mucho poder económico, político, social, religioso, etc., que ostente. Pero otro aspecto decisivo en esta forma de convivencia democrática es que las personas y funcionarios que detentan autoridad pública, tienen que saber que es por tiempo transitorio, que no pueden ejercer esas potestades arbitrariamente y que también deben estar sometidas a controles, rendición de cuentas y transparencia en sus actuaciones. La Administración de Justicia y el Poder Judicial que la tiene a cargo, incluido el Ministerio Público en el esquema de organización que nos hemos dado los costarricenses, es un servicio público y no el mero ejercicio de una facultad o poder político. Lo anterior significa que quienes laboramos en este poder republicano nos debemos a los ciudadanos que acuden a nosotros, y en consecuencia debemos darles respuestas adecuadas en tiempos razonables y bajo ningún pretexto podemos rehuir o denegar el conflicto que plantean o la justicia que reclaman. Ser funcionario o empleado público significa ante todo ser conciente de que es por medio de los impuestos que pagan los ciudadanos que es posible tener un puesto y desempeñar la función correspondiente. Cada persona que toca a nuestra ventanilla –para usar la imagen burocrática más común- tiene el derecho de ser atendida, tratada con respeto y obtener respuestas de nuestra parte. El empleado o funcionario público no hace favores, cumple obligaciones que le son ineludibles, tanto más, en un país pobre, de recursos escasos y donde no abunda el trabajo para todos, lo que nos convierte en privilegiados que debemos considerar estar permanentemente alertas en el cumplimiento de nuestros deberes. De manera particularmente delicada es la misión que se encomienda al Ministerio Público. Para nadie es un secreto que los conflictos que atiende el sistema penal son los más graves y prevén las respuestas más duras. El ciudadano perseguido penalmente se enfrenta a un enorme poder que tiene que ser equilibrado y controlado, tanto como las víctimas de los delitos deben ser protegidas y resarcidas, en la medida de lo posible, por los daños padecidos. Por esto mismo el servicio que se preste no sólo tiene que ser eficiente y eficaz, sino ejercido con estricto apego a la ley, los derechos de las personas involucradas y con el despliegue de conductas éticamente irreprochables. En el centro ideológico del Estado de Derecho está la persona humana, su dignidad, por el sólo hecho de haber nacido hombre o mujer en una sociedad democrática y esta especie racional que somos no ha encontrado otra vía que no sea el derecho, el reconocimiento y protección efectiva de los derechos de todas las personas, como esa ruta para respetar esa dignidad y la posibilidad de hacer justicia en todos los casos. Por todo esto me ha complacido, al ver el esquema del programa de capacitación que ustedes han cumplido, al lado de los “saberes” que tienen que tener y de las formas en que deben hacerlos realidad, lo que denominan “saber hacer”, una tercera columna que habla de las metas en el “saber ser”, es decir el componente ético del desempeño profesional que ustedes tienen a cargo y tienen que ver con “mostrar y promover el respeto y la atención adecuada y oportuna a los usuarios, de manera honesta, objetiva e imparcial; mostrar compromiso, creatividad e iniciativa en la ejecución de sus labores cotidianas, con la discreción y responsabilidad que dichas labores exigen; trabajar de manera ordenada, cooperativa y colaborativa con las demás personas que integran el despacho judicial; tener una actitud no discriminatoria hacia las personas usuarias por razón de género, etnia, preferencia sexual, condición social, credo religioso, discapacidad, entre otros.” En fin, en el factor ético tenemos el componente esencial para que, todo aquello que sabemos y la forma cómo lo aplicamos, cobre finalmente sentido. De nada nos sirve tener un cúmulo de conocimientos, incluidos los doctorados; de nada nos sirve ser eficientes y estar al día, si fallamos en lo fundamental, la consideración y el respeto a la dignidad de las personas. Sin duda, esto que sus maestros llaman el “saber ser” enfatiza en el trato a las personas más vulnerables de nuestro entorno cultural, a ellas, también debemos prodigar un trato especialmente cuidadoso, entre otras razones por ser los más débiles y por ser los que mayoritariamente acuden a nuestro auxilio. El Ministerio Público tiene como misión institucional Requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la persecución penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública, todo con sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política, los instrumentos internacionales y las leyes, de una manera justa y objetiva”. Por su parte, la visión institucional del Ministerio Público consiste en “Ser un Ministerio Público que actúa ante la criminalidad de acuerdo a políticas de persecución penal, claras y precisas, con capacidad de reacción inmediata y que fortalece su independencia funcional, objetividad, transparencia, eficacia y calidad en sus servicios, requerimientos y actuaciones. Garante de los derechos, libertades y garantías de los sujetos del proceso penal y la no discriminación por cualquier motivo o razón, en aras de contribuir al desarrollo democrático y la paz social de nuestro país”. Con esta misión y esta visión tienen ustedes la hermosa posibilidad, desde el puesto que cada quien ocupe, de construir cotidianamente democracia, Estado de Derecho y construir Patria, en el mejor sentido de la palabra. |
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
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