Msc. Zarela Villanueva Monge Vicepresidenta Corte Suprema de Justicia

Permítanme agradecerles, en primer término, la presencia de ustedes en este acto, Se trata, básicamente, de un acto de rendición de cuentas, termino tal vez muy de moda, pero que tiene un gran significado. Se trata de un esfuerzo institucional de exponer lo que hacemos, con la seguridad que al hacerlo, serán ustedes los primeros y primeras en evaluarlo, en conocer a profundidad, lo que hacemos y no hacemos. Así que sin temor alguno queremos expresar por donde caminamos, y sobre todo, qué sentido y aspiración motiva diariamente nuestra labor.
Esta convocatoria, desde la comisión de género, la comisión de accesibilidad y el programa Corte BID, es una ocasión propicia para exponer nuestra experiencia en el proceso de inclusión de la perspectiva de género en la Administración de Justicia.
En el caso de Costa Rica, también debo comenzar reconociendo la participación de muchas funcionarias y funcionarios y, particularmente la labor de las magistradas titulares y suplentes que activamente nos acompañaron a impulsar nuestras ideas sobre una Administración de Justicia más democrática.
Los programas de Reforma Judicial, denominados también de Modernización de la Administración de Justicia, se han establecido mediante dos Contratos de Préstamo, ambos suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo.
La primera etapa, conformada por el Contrato de Préstamo No. 859 OC-CR, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 110, Alcance No. 20, del Jueves 8 de junio de 1995, Ley de la República No. 7496, crédito formalizado por un monto de $11.200.000,00 (once millones doscientos mil dólares norteamericanos) cuya ejecución se inicia en 1996 y finaliza en el 2002.
La segunda etapa, se formaliza con el contrato de Préstamo 1377 OC-CR, cuya ley No. 8273, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta No. 98, el Jueves 23 de mayo del 2002, por un monto de $22.400.000,00 (veintidós millones cuatrocientos mil dólares norteamericanos. Su ejecución se ha iniciado este año.
No pretendo comentarles con profundidad, el contenido de los programas, y sus alcances. Destacaré, el proceso para incorporar en ellos lo que se denomina perspectiva de género es decir, las visiones diferentes de las personas por causa del género, que llevan a evaluar las prácticas, conductas, acciones y omisiones de manera distinta, partiendo de que no existe un único sujeto del conocimiento, sino mujeres y hombres en escenarios que se caracterizan por las diversidades sociales.
Además, con la idea de que la integración de esta perspectiva debe ser transversal, es decir, que debe existir un proceso de evaluación de las implicaciones para hombres y para mujeres de cualquier acción, política o programa, en cualquier área y a todo nivel, partiendo de que las preocupaciones, necesidades y experiencias de mujeres y hombres son una dimensión integral necesaria en el diseño y evaluación de todas las políticas y programas.
Este es el lente para visualizar otras diferencias, las etarias, de etnia socioeconómica, etc.
-La Reforma Judicial:
En el año 2000, cuando celebramos el Primer Encuentro de Magistradas, en Costa Rica, sólo ejercíamos esa labor, en calidad de titulares, dos magistradas. La celebración del evento aceleró un proceso que ayudó a concretar cambios hacia la visibilización de todas las personas en el funcionamiento de la Administración de Justicia. De manera conciente iniciamos esta labor, utilizando los acuerdos alcanzados en el Primer Encuentro.
En esa oportunidad, se acordó instar a los Estados de la región a promover la aplicación real y efectiva de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Se instó a promover la incorporación e institucionalización de la perspectiva de género en la Administración de Justicia y en los programas curriculares de capacitación judicial que desarrollan las escuelas y unidades de capacitación del Poder Judicial; así como hacer conciencia sobre la situación de la mujer como usuaria, víctima, delincuente y como administradora y operadora del sistema de justicia mediante la puesta en ejecución de un plan de acción para América Latina y el Caribe por un justicia de género 2001-2005.
Ese acuerdo, fue la base para que se le enviara una carta a la Corte Suprema de Justicia, entregada a la Presidencia de la Corte el día ocho de marzo del 2001, día significativo para las mujeres en la cual se le informa a la Corte sobre los resultados de ese encuentro. Además se manifestó la necesidad de trascender de las acciones desarticuladas que se venían realizando a una política de género integral dentro del Poder Judicial. Se expresó la necesidad de realizar acciones concretas. Entre ellas;
-. Diseñar una política que homogenice y garantice la perspectiva de género en el Poder Judicial y articule los servicios existentes para la atención de violaciones a derechos derivados de la condición de género de las personas.
-. Creación de una instancia permanente, que constituya el punto de conexión del sistema integral, lo implemente, impulse, facilite el proceso, monitoree los avances y potencialice a los actores del sistema, tanto en lo interno como lo externo.
-. Generar un perfil de usuarias, y de sus necesidades que posibilite el insumo al sistema desde esta perspectiva, en concordancia con sus derechos, necesidades e intereses estratégicos.
-. Potenciar las fortalezas y superar los obstáculos que se evidencien en la prestación de los servicios.
-. Desarrollar un programa de capacitación permanente sobre el derecho de género.
-. Impulsar la voz y participación técnica de las personas operadoras del sistema en la creación, reforma y evaluación de los instrumentos jurídicos existentes.
-. Compilar, publicar y divulgar la jurisprudencia más destacada que fundamente los derechos de las mujeres desde una perspectiva de género.
-. Promover la investigación de temas específicos sobre las violaciones y respuestas socio jurídicas a las violaciones de los derechos de las mujeres.
-. Desarrollar campañas de promoción y divulgación, a través de los mecanismos existentes, sobre la actividad e incidencia, interna y externa de la política de institucional con perspectiva de género del Poder Judicial.
La Corte Plena acordó el día dos de abril de ese mismo año, “...nombrar una Comisión con el fin de diseñar una política integral que homogenice la perspectiva de género en el Poder Judicial, y articule los servicios existentes para la atención de violaciones a derechos, derivados de la condición de género de las personas. Cada una de las Salas propondrá candidatos para conformar la Comisión a que se refiere este acuerdo”.
Otro aspecto importante de este acuerdo, fue solicitarle a la Comisión nombrada por esta Corte para negociar una ampliación del préstamo con el Banco Interamericana de Desarrollo, que tomare en consideración la propuesta contenida en la misión de las señoras magistradas, en el diseño de la posible ampliación del préstamo.” ( Sesión de Corte Plena No 12-2001. Artículo VII).
Para concretar el acuerdo de la Corte, me correspondió enviar una nota a la Comisión Negociadora del la II Etapa del préstamo Corte-BID, con el fin de realizar la implementación de esa política de género en el Poder Judicial, y posteriormente, reunirme con ella, para llegar a la negociación, y obtener elementos que pudieran fundamentar acciones posteriores, involucrando a distintas dependencias del Poder Judicial. Estas dependencias propusieron acciones concretas en los ámbitos en los que trabajaban. Es así como participaron la Defensa Pública, el Ministerio Público, el, Departamento de Trabajo Social. Todos estos sectores habían sido ignorados en el primer préstamo.
Para el cumplimiento de los objetivos se hace necesario que se tomen varias acciones concretas como lo son:
a) Reforzar la Jurisdicción de Familia, y de Violencia Doméstica con servicios interdisciplinarios. b) Crear e implementar fiscalías de violencia doméstica y delitos sexuales en todo el país.
c) Fortalecer la Oficina de la Víctima.
d) Sensibilizar al Organismo de Investigación Judicial en género.
e) Crear una policía especializada para atender asuntos en los cuales la víctima sean mujeres.
f) Dotar de recursos a la parte técnica de este organismo.
Ante la nueva situación que se planteaba, las acciones tomadas por el Poder Judicial costarricense fueron:
-. Realizar un diagnóstico sobre discriminación por razones de género en la administración de justicia. -. Impulsar el adecuado funcionamiento de las pensiones alimentarias.
-. Mejorar la asistencia jurídica en los procesos de pensiones alimentarias que tiene a su cargo la Defensa Pública.
Para dar respuesta a estos requerimientos, se destinan algunos recursos de la última parte de la ejecución del primer préstamo CORTE-BID, y se llevó a cabo la contratación de expertos en tema de género.
En el diagnóstico realizado, se llegó a determinar que en la administración judicial costarricense existía:
- Acceso a la justicia limitado y discriminatorio.
- Políticas, métodos y procesos que discriminan
- Procesos de contratación de personal sin perspectiva de género ( jueces).
- Procesos lentos y engorrosos.
- Servicios de medicina legal sin perspectiva de género.
- Falta de sensibilización de los operadores hacia las usuarias.

Nuestro objetivo era, que si recibíamos recursos adicionales no vinieran a reforzar las debilidades de nuestra estructura, sino que pudieran crear las bases para contribuir a una justicia más democrática y más inclusiva.
GARANTÍAS PARA LA REALIDAD DE LA LEY
La Ley del Préstamo CORTE-BID tiene dos garantías para hacer efectivo el componente de género en el programa:
1- El Comité de seguimiento que supervisará los objetivos del programa, el buen uso de los recursos y las actividades incluidos los planes operativos anuales; y que sirve de enlace para mantener informada a la Corte Suprema de Justicia sobre la ejecución del programa, está integrado por tres Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y el (la) Presidente (a) de la Comisión de Género y el Director de la UEPY
2- Obliga a crear la Secretaría de Género: La creación de una instancia permanente que se denominó Secretaría de Género con el fin de garantizar la transversalidad del género. La creación de la Secretaría de Género, se convierte en un componente necesario para realizar el primer desembolso del préstamo. Es la contrapartida inicial que pone Costa Rica.
LA CREACIÓN DE LA SECRETARÍA.
Realmente fue un paso importante, la creación, en el año 2003, de esta Secretaría de Género, la cual depende funcionalmente de la Comisión de Género y administrativamente del Consejo Superior. De acuerdo a la organización interna del Poder Judicial, esa labor le correspondió al Departamento de Personal, que por lo novedoso del puesto, buscó información en otras instituciones estatales y definió tanto las características de la Secretaría como su ubicación jerárquica.
Este órgano es un brazo de quienes dirigen la institución, de la Corte Suprema de Justicia y de la Presidencia de la Corte; no se trata de una oficina más, su presencia e incidencia en todas las actividades institucionales para poner el lente de género, que es un lente de visibilización de las diferencias; es fundamental para una administración de justicia que verdaderamente respete los derechos humanos.
Fuimos el primer Poder Judicial en Latinoamérica en adoptar una Declaración de Política de Equidad de Género, la cual fue aprobada de manera oficial y únanime por la Corte Suprema de Justicia. Este instrumento normativo es de aplicación vinculante para toda la institución.
La II etapa del Programa Corte-BID, tuvo un presupuesto total de 32 millones de dólares, dentro del cual se incluyó una pequeña línea presupuestaria, de 585 mil dólares, (lo cual representó un 1.8%) para desarrollar proyectos específicos de la Comisión y la Secretaría Técnica de Género, que si bien fueron pequeños en comparación con la totalidad del préstamo, han tendido un impacto significativo en la institución.
Dentro de estos productos podemos mencionar los siguientes:
I. Productos estratégicos para la Transversalización de la Perspectiva de Género:
1. la Creación de la Secretaría de Género, ya mencionada
2. Diseño de la Política de Equidad de Género del Poder Judicial
Contratación directa 136-04
Monto: 3. 305.114,00 colones
Para diseñar este instrumento, se realizaron 17 talleres de validación en los cuales participaron 350 funcionarios y funcionarias judiciales, de los Circuitos judiciales de todo el territorio nacional, destacados en las áreas jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial, así como el Ministerio Público, Defensa Pública y algunos entidades relacionadas con el Poder Judicial.
3. Elaboración del Plan Estratégico 2007-2011
Este ha sido uno de los productos claves del Programa Corte-BID, como mecanismo para la transversalización de la perspectiva de género. Este Plan Estratégico tiene como uno de sus ejes transversales: “la equidad de género”, la cual se encuentra presente en la Misión, Visión y Objetivos del mismo. Establece que para el año 2011, el 100% de los despachos judiciales deberán formular sus Planes Anuales Operativos (PAO´s) con indicadores género sensitivos, y que el 90% de ellos deberán cumplir dichos indicadores.
Esto es lo que hemos denominado:
ACCIONES DE IMPACTO MACRO ESTRUCTURAL
> II. EL Programa Corte-BID, también permitió generar productos estratégicos para impactar áreas prioritarias de materias sensibles, estos productos son los siguientes:
PENSIONES
No había necesidad de hacer mucho esfuerzo para comprender que una jurisdicción donde la mayoría de las personas usuarias eran mujeres es la de pensiones alimentarias. La institución inició un proceso de especialización de esta materia separándola de los despachos de tránsito, para invertir directamente recursos en una jurisdicción social que impacta directamente en el fenómeno de feminización de la pobreza.
Ustedes recordarán que hace unos años las materias de tránsito y de pensiones se conocían en el mismo Juzgado. Complementando lo que significa la especialidad queríamos revisar los proceso, los tiempos de duración y la atención a las usuarias. No se pretendía cambiar ninguna ley, por cuanto ello no era prioritario.
Lo anterior dio pie a un proyecto muy especial, denominado:
1. “Elaboración de un diagnóstico de la situación, propuesta de rediseño de procesos e implementación de propuesta de los Juzgados de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de San José, y Juzgado de Pensiones de Desamparados”
Licitación por registro 65-05
Monto: 25.000 dólares
Esta consultoría dio como producto una serie de recomendaciones para la implementación de un proceso rediseñado, más ágil y acorde con las necesidades de las personas usuarias.
2. Creación e implementación de 13 Cámaras de Gessell Licitación Pública Nacional 9806 Monto: 97.500 dólares Con esta licitación se adquirió equipo con tecnología de punta, para grabación audiovisual; y climatizadores para 13 Cámaras de Gessell; de las cuales 2 quedaron pendientes de instalación para nuevas construcciones y 11 fueron habilitadas en los siguientes Circuitos Judiciales: Liberia, Santa Cruz, Golfito, Pérez Zeledón, Cartago, I y II Circuitos de San José, San Carlos, San Ramón, Complejo de Ciencias Forenses de San Joaquín de Flores, II Circuito Judicial de la Zona Atlántica.
Es importante destacar la millonaria inversión que adicionalmente realizó la institución, en el destino y acondicionamiento de los espacios necesarios para la creación de estas Cámaras, que se encuentran conectadas a los 81 puntos de red, de salas de juicio del país.
Los objetivos que se buscan con estos recintos son:
“Disminuir la revictimización de la víctima, al reducir la cantidad de entrevistas y evitando su encuentro con el supuesto agresor o imputado.
Propiciar un ambiente de mayor seguridad y confort a la población que refieran una historia de violencia familiar y delitos sexuales.
3. Talleres para definir reformas legales para la incorporación transversal de la Política de Equidad de Género en la Ley de Carrera Judicial
Contratación directa
Monto: 1000 dólares
Con este proyecto se realizaron dos talleres para la recolección de información que permitiera incorporar la perspectiva de género en la Ley y Reglamento de Carrera Judicial, la cual regula el nombramiento y ascenso de Jueces y Juezas. Este proyecto se trabajó en forma conjunta con la Asociación de Juezas, entidad que se encuentra trabajando una propuesta concreta de reforma normativa.
Lo anterior es fundamental para abordar los obstáculos existentes en el acceso de mujeres a los puestos más altos de la judicatura, que producen el fenómeno conocido como “segregación vertical”, y que se refleja en el hecho de que, a pesar de existir un 53% de mujeres en los puestos de Juez 1, sólo participan un 19% de mujeres en los puestos de Juez 5, que es la categoría más elevada.
III. Otro tipo de productos estratégicos, obtenidos con el Programa, han sido aquellos que permitieron generar acciones de sensibilización y capacitación en equidad de género y no discriminación, algunos de los más relevantes son:
1. Talleres de No Discriminación para abogados/as litigantes, Jueces y Juezas, Fiscales, Defensores/as Públicos y Empleados/as de Otras Dependencias del Poder Judicial
Licitación pública Nacional 69-05
Monto 105.000 dólares
Esta capacitación fue de 86 talleres impartidos a nivel nacional, en los cuales participaron un total de 2,199 funcionarios y funcionarias judiciales, esto representa un 30% de la población judicial, proveniente de todas las áreas y de todos los estratos a nivel jerárquico.
2. Talleres de Masculinidad
Licitación por Registro 56-04
Monto: 20,482 dólares
En la búsqueda de mejores estrategias, se impartieron 19 talleres, en los cuales participaron 527 funcionarios y funcionarias judiciales. Esta consultoría fue ejecutada por el Instituto de la Masculinidad WËM.

3. Cursos Virtuales de Equidad de Género y Accesibilidad
Licitación: No. 2007-LN-000141-01
Monto: 14,350 dólares
Este trabajo se realizó conjuntamente con la Comisión de Accesibilidad y el Departamento de Gestión Humana. Actualmente estos cursos son de carácter obligatorio para todo el personal de la institución.
IV. Productos Estratégicos en Investigación y Publicaciones:
1.“El delito de desobediencia a la autoridad en el marco de la aplicación de la Ley Contra la Violencia Doméstica”. Autora: Ana Hidalgo Contratación directa 200-06 Monto: 6000 dólares
Se realizo un diagnóstico sobre la aplicación de la figura penal de “desobediencia a la autoridad” en el año 2004, con especial énfasis en casos de desobediencia a una medida de protección emitida en el marco de la Ley Contra la Violencia Domestica.
2. “El Departamento de Trabajo Social y Psicología en el Poder Judicial” Autoras: 10 funcionarias del Departamento
Es fundamental resaltar que la labor del Departamento, en el desarrollo de sus programas ha sido desde el enfoque de equidad de género.
3.“Carrera Judicial en Costa Rica: Un diagnóstico con perspectiva de Género” Autora: Doris Arias Madrigal
Monto: 6,000 dólares
Mediante esta investigación y publicación, se logró hacer una análisis de la normativa que regula la carrera judicial, lográndose determinar las causas de la segregación vertical de mujeres juezas en los puestos de mayor categoría. A partir de este estudio se realizaron una serie de recomendaciones para abordar los obstáculos de participación paritaria.
V. Proyectos financiados por el Convenio Corte / BID en los cuales la Secretaría Técnica de Género participó como equipo contraparte
1. “Contratación de un experto individual para la elaboración de protocolos para la atención de la violencia doméstica y de delitos sexuales.” Cuya iniciativa fue de la Comisión de Género, presentada como propuesta a Corte Plena en el año 2005.
Licitación Pública Nacional 105-06
2. “Contratación de Servicios de la consultoría en diseño, producción e implementación de capacitación virtual para la Defensa Pública y el Ministerio Público”. Licitación Pública 2007-LN-000129-01,

3. “Contratación de servicios para del fortalecimiento y rediseño funcional de la oficina de atención a la víctima del delito del Ministerio Público”.
Licitación Pública 2007-LN-000133-01 Línea 1
Es importante resaltar, que en todas estas consultorías en donde participó la Secretaría Técnica de Género, se introdujo un proceso democrático de consulta y validación, integrando las observaciones de los diferentes sectores de la sociedad, tanto a nivel público como privado, mediante la metodología de trabajo con grupos focales, requisito que prácticamente siempre es introducido en solicitud de productos, dentro de los términos de referencia para las correspondientes consultorías.
Además de los proyectos citados, la Secretaría Técnica de Género, participó como órgano técnico y asesor en todos los proyectos del Programa Corte-BID, para la inclusión de la perspectiva de género en los mismos, abarcando así todo el quehacer institucional: el área Jurisdiccional, el área auxiliar que comprende al Ministerio Público, la Defensa Pública y la Escuela Judicial; y el área Administrativa.
No puedo dejar de referirme a la labor importante de introducir la perspectiva de género en los diseños arquitectónicos de todas las construcciones de infraestructura generadas por el proyecto. Esta labor se concreto en recomendaciones específicas que fueron remitidas, y pretendemos que sean aplicadas por la Comisión de Construcciones del Poder Judicial.
EQUIDAD DE GÉNERO EN EL PODER JUDICIAL:
Acciones Estratégicas de Impacto Macro Estructural y de sostenibilidad
“MAS ALLÁ DEL PROGRAMA CORTE-BID”
I. Política de Equidad de Género como Mecanismo para la Transversalización de la Perspectiva de Género:
Es de especial relevancia señalar, que de conformidad con las últimas corrientes que han venido a enriquecer los diversos movimientos que buscan el respeto a los derechos de la mujer, la Política de Equidad de Género del Poder Judicial, no se agota en la visibilización de las situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres; sino que por el contrario, rebasa esos límites, bajo la manifestación expresa de que la aplicación del principio de igualdad, y el acceso equitativo a la justicia, implica la no discriminación por razón alguna, tutelándose de manera particular, el respeto de los derechos fundamentales de grupos sociales en condiciones de especial vulnerabilidad.
Es así como, la Política de Equidad de Género, se convierte en una herramienta de trabajo imprescindible para detectar situaciones de discriminación y generar soluciones justas y eficaces, dirigidas con énfasis a solventar las necesidades, no sólo de las mujeres, sino también de:
personas menores de edad
personas adultas mayores
personas con discapacidad
migrantes
población indígena
y población en pobreza extrema, entre otros
Coordinación Interinstitucional y a lo interno de la institución:
Es importante destacar, que un factor clave para el éxito de la implementación de esta Política ha sido el trabajo conjunto con instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Seguridad Pública, la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa y la Caja Costarricense del Seguro Social, entre muchas otras.
La colaboración por parte de organismos internacionales, también ha sido de vital importancia para la concreción de proyectos significativos, orgullosamente podemos decir, que la Comisión y la Secretaría Técnica de Género, han contado con el respaldo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito (ILANUD), Eurosocial, y así mismo con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) con el cual ha ejecutado pequeños proyectos, no obstante, catalogados como de gran éxito e impacto por UNFPA.
La coordinación con órganos internos como las diferentes Comisiones presididas por Magistradas y Magistrados, el Consejo Superior, la dirección del Organismo de Investigación Judicial, la Jefatura de la Defensa Pública, la Contraloría de Servicios, la Fiscalía Adjunta de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica; y particularmente con el Departamento de Planificación para el trabajo en presupuestos, estadísticas y planificación género sensitiva, ha sido indispensable en esta lucha.
Algunos de los proyectos obtenidos con estas coordinaciones son:
Divulgación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Víctimas de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica, en 24 comunidades a nivel nacional Proyecto con UNFPA (2009)
Publicación de Protocolos de No Revictimización a Víctimas de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales: 3,500 ejemplares de c/u de 3 protocolos. Proyecto UNFPA (2010)
Elaboración de Protocolo de Suministro de Antirretrovirales a Víctimas de Violación. Poder Judicial-CCSS (2008-2010)
Publicación de Protocolo de Suministro de Antirretrovirales a Víctimas de Violación. Poder Judicial-CCSS. 3500 ejemplares Proyecto UNFPA 2010
Sistematización de Indicadores de Violencia de Género. Proyecto Eurosocial (2007-2009)
En cuanto a la CAPACITACIÓN:
Debo hacer una mención especial de la Escuela Judicial y las Unidades de Capacitación, por cuanto han realizado un trabajo conjunto con la Secretaría Técnica de Género.
La Escuela Judicial propuso en el año 2009, como tema de trabajo para toda la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales: la transversalización de la perspectiva de género en los procesos de capacitación. Esta gestión dio como producto colaboraciones concretas de la Secretaría Técnica de Género, en procesos de capacitación a nivel regional, tanto presenciales como en relación con diseño de cursos virtuales.
Otros productos imprescindibles de mencionar son:
1. El Juzgado Modelo de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de Alajuela (2007-2010) , que ha sido coordinado con gran éxito por la Magistrada Anabelle León, como integrante de la Comisión de Género
Este plan piloto, tuvo su origen en la consultoría que les mencioné al inicio, sobre rediseño de procesos en pensiones alimentarias, la cual permitió generar la implementación de un Juzgado Modelo en el I Circuito Judicial de Alajuela. Con esto se logró reducir los tiempos de los procesos, de un promedio de 9 meses, a un promedio de 30 días.
2. Incorporación de variables de género en el Sistema de Gestión Costarricense de Despachos
Se esta trabajando a través de una consultoría la habilitación de las variables “Sexo”, “Fecha de Nacimiento”, “Nacionalidad” y “Lugar de Trabajo” y “Estado Civil”, en el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos, y la emisión de informes estadísticos en este sistema.
Otras actividades de la Secretaría son:
Participación en la construcción de la PIEG, ejecución de acciones, seguimiento y monitoreo de lo correspondiente al Poder Judicial
Acciones en Violencia Doméstica y Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres
Proyecto de capacitación con IIDH-INAMU sobre presupuestos públicos con perspectiva de género(2007-2008)
Coauspiciador del Encuentro Nacional de Mujeres Policías
Política Interna de Atención a Víctimas de Violencia Doméstica (Funcionarias Judiciales).
Coadyuvancia a la víctima en todos los procesos disciplinarios de hostigamiento sexual.
Proyecto en desarrollo: Observatorio Judicial con Perspectiva de Género y Acceso a la Justicia de Mujeres
Hoy en día hablar de estos temas es fácil, incluso en los Poderes Judiciales, porque llegó el momento que la Cumbre de Presidentes de Corte, ya considera estos temas en su agenda.
No obstante, en esta área Poder Judicial de Costa Rica ya tenía camino recorrido, y en el ámbito internacional el proceso ha sido de réplica de muchas de nuestras acciones.
Quisiera resaltar que este proceso, en constante perfeccionamiento, nos ha enseñado a trabajar en lo interno, a saber que la opinión de todos los sectores y de cada funcionario y funcionaria es importante; nos enseña a oír, a escuchar la voz de nuestras usuarias.
Este trabajo recoge también el de las compañeras Magistradas, porque hemos aprendido, y continuamos aprendiendo a trabajar juntas.
En lo institucional, hoy, la jerarquía del Poder Judicial tiene una visión clara de que hablar de género, de que respetar las diferencias, es únicamente, responder a las necesidades de las personas a las cuales nos debemos.
Evidenciar las necesidades del 50% de la población costarricense es hacer la justicia más democrática, es cumplir de una mejor forma nuestra función constitucional.
La presencia de ustedes aquí, es un motivo adicional para continuar con nuestra labor, y tengan la seguridad de que sus observaciones, sus críticas, sus necesidades, serán escuchadas porque nos permiten mejorar nuestro trabajo.