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CENTROAMƒRICA: ÀCUçNTO INVERTIMOS EN JUSTICIA?
A continuaci—n presentamos el siguiente reportaje sobre la inversi—n a nivel centroamericano en recursos dirigidos al fortalecimiento de la judicatura en CentroamŽrica. La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica rectifica que sobre los datos emitidos por CEJA en cuanto al nœmero de jueces con que contaba la administraci—n de justicia costarricense entre el 2008-2009 debe leerse correctamente 1180 jueces y no 917 como se consign—.
Las sociedades democr‡ticas necesitan un Poder Judicial capaz de impartir justicia de manera independiente, r‡pida e igual para todos. Esto contribuye a la construcci—n y mantenimiento de la democracia y propicia el desarrollo econ—mico, al velar porque existan reglas claras y de cumplimiento general y al contribuir a que los conflictos se resuelvan de manera pac’fica. En todas las naciones de CentroamŽrica se establece constitucionalmente la obligaci—n de destinar una parte del presupuesto nacional al Poder Judicial, pero existen diferencias importantes, que van desde Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, en donde el presupuesto oscila el 1% del PIB, hasta Panam‡ en donde apenas ronda el 0.3% del PIB.
La inversi—n por ciudadano tambiŽn revela considerables diferencias, pues en Costa Rica este indicador roza los US$100 anuales, mientras en Nicaragua y Honduras, apenas ronda los US$10. Las brechas en el gasto judicial se reflejan en el acceso ciudadano y su efectividad. Mientras en Costa Rica hay en promedio un juez por cada 5,000 ciudadanos, en el otro extremo se encuentra Guatemala en donde este promedio supera los 19.000 ciudadanos. Si se mide la efectividad de la justicia por medio de la tasa de resoluci—n de casos, el pa’s m‡s efectivo es Panam‡, en donde se han aumentado los despachos judiciales municipales y se pusieron en marcha mŽtodos alternos para la soluci—n de conflictos.
Los pa’ses con la menor efectividad son Guatemala y Costa Rica. En el primero esta se explica por el bajo nœmero de jueces con respecto a la poblaci—n y al territorio. En Costa Rica la baja resoluci—n de casos es consecuencia de procesos escritos, que retardan los juicios, por lo que la reforma procesal en marcha, da preeminencia a la oralidad. En cuanto a la transparencia de la informaci—n, todos los pa’ses, con excepci—n de El Salvador, han avanzado en el manejo de sitios de internet que permitan el acceso de una manera m‡s amplia.
En tŽrminos de la independencia judicial, en todos los pa’ses, con excepci—n de Costa Rica, la mayor’a de ciudadanos perciben que el poder judicial est‡ influenciado por miembros del gobierno, ciudadanos y empresas. Aunque todos los pa’ses transitan, con distinta velocidad, hacia sistemas judiciales m‡s modernos, ICEFI afirma que ante los retos que plantean la violencia y el crimen organizado, los presupuestos pœblicos destinados a los poderes judiciales centroamericanos en el 2010 parecen insuficientes. Es urgente continuar con las reformas que permitan contar en CentroamŽrica con un poder judicial no solo mejor financiado, sino m‡s independiente, efectivo y transparente en sus funciones. Solo as’ se podr‡ garantizar la consolidaci—n de la democracia en la regi—n.
