La Sala I de la Corte Suprema de
Justicia ratific— el pasado 9 de junio la condena contra la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS) que tuvo lugar en agosto del 2009, en
raz—n de que dos de sus empleados se enfermaron de esclerosis mœltiple, tras
ser vacunados con el medicamento Fluzone contra el virus de la influenza.
La Secci—n Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda
conden— el 7 de agosto del a–o pasado a la Caja, al pago de indemnizaciones
por ¢50 millones y ¢75 millones, a favor de Giovanni Barquero GutiŽrrez y
Marta Patricia Segura Abarca –respectivamente-, quienes a ra’z contraer
este mal, debieron acogerse a una incapacidad permanente.
La CCSS present— un recurso de casaci—n contra dicho fallo, el cual fue
declarado sin lugar por la Sala Primera, la cual adem‡s le carg— las costas
del juicio. Se espera que el texto de esta resoluci—n estŽ listo para la
siguiente semana.
Cabe recordar que Giovanni, de 35 a–os, y Marta Patricia, de 45, fueron
vacunados en el 2006 en Cartago, como parte de una campa–a preventiva de la
Caja contra la gripe aviar.
A las pocas horas de ser inoculados con esa vacuna, comenzaron con problemas
de salud que se fueron agravando, hasta el punto de que debieron ser
incapacitados con frecuencia en sus trabajos (vŽase ÒDemandan a la CCSS por
vacuna que provoc— esclerosis mœltipleÓ, en UNIVERSIDAD del 8 de julio del
2009).
Cabe indicar que la esclerosis mœltiple es una enfermedad degenerativa,
causada por el da–o que sufre la mielina, que es una cubierta protectora que
rodea las neuronas.
Cuando este recubrimiento de los nervios se da–a, los impulsos nerviosos que
mueven el cuerpo disminuyen o se detienen.
VŽrtigo, dolor de cabeza, problemas de equilibrio, debilidad corporal,
temblor de manos, incontinencia urinaria, dificultades visuales y problemas
musculares, son algunos de los padecimientos que ocasiona este mal.
En vista de que los medicamentos en general –y en especial las vacunas
contra la influenza- contienen sustancias que pueden provocar
enfermedades neurol—gicas, Òes un deber y una obligaci—n de la
administraci—n encargada, velar por la vida y la salud de los administrados.
Esta omisi—n de investigar engendra responsabilidad. Y si se investig— y no
se actu— en consecuencia, la responsabilidad es mayorÓ, aleg— durante el
juicio del 2009 Jorge Bermœdez Hidalgo, abogado de Barquero y Segura.
Aparte de las indemnizaciones para ellos, el tribunal contencioso hab’a
ordenado que se les pagara la respectiva pensi—n por invalidez.
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