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domingo  20 DE junio  DEL 2010

Creaci—n de nuevos tribunales

Apelaci—n de sentencias comenzar‡ en enero del 2012

El Poder Judicial tendr‡ 18 meses para tomar previsiones

Es la mayor transformaci—n en materia penal desde 1996, dice Corte

Irene Vizca’no ivizcaino@nacion.com 10:29 p.m. 19/06/2010

ƒl Poder Judicial anunci— esta semana el inicio de acciones para asegurar que el primer d’a h‡bil del a–o 2012 estar‡n en funcionamiento los tribunales de apelaci—n en materia penal.

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La nueva instancia permitir‡n a la personas que enfrenten juicios penales apelar las sentencias que emitan los tribunales de juicio. Esto les asegurar‡ la revisi—n integral de las decisiones.

Como œltimo eslab—n quedar‡ el recurso de casaci—n que conocer‡ la Sala Tercera, pero solo en casos excepcionales.

En principio, los tribunales de apelaci—n ser‡n los que ahora se llaman tribunales de casaci—n. Actualmente funcionan en cuatro regiones del pa’s.

La intenci—n en los meses restantes es determinar las necesidades de jueces, personal auxiliar, as’ como recursos tecnol—gicos.

Para el presidente de la Sala Tercera, JosŽ Manuel Arroyo, el tiempo ser‡ ÒsuficienteÓ para tomar todas las previsiones necesarias. As’ lo manifest— en un comunicado.

Esta legislaci—n fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 28 de abril y publicada el 9 de junio en el diario oficial La Gaceta.

Con ella se intenta, adem‡s, dar cumplimiento a la condena que dict— la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Costa Rica en julio del 2004.

Esa resoluci—n orden— al Estado costarricense adecuar la normativa interna a la Convenci—n Americana de Derechos Humanos.

ÒEsta nueva Ley de la Repœblica es una de las transformaciones m‡s importantes que se ha tenido en la jurisdicci—n penal, despuŽs de la aprobaci—n del C—digo Procesal Penal de 1996, al introducirse el recurso de apelaci—n, que ha sido una de las objeciones fundamentales que se le ha hecho a Costa RicaÓ, reconoci— JosŽ Manuel Arroyo.

A la fecha, sin embargo, aœn la Corte Interamericana estudia si realmente la normativa satisface sus exigencias.