/el pa’s
MARTES 27 DE ABRIL DEL 2010
Instancia permitir‡ revisi—n exhaustiva de fallos
Diputados crean tribunal
para apelar sentencias penales
Iniciativa
procura cumplir con orden emitida en 2004 por Corte Interamericana
Poder Judicial
tiene 18 meses para poner a funcionar los nuevos despachos
Irene Vizca’no ivizcaino@nacion.com 11:03 p.m. 26/04/2010
Dentro
de poco, las personas que resulten condenadas penalmente tendr‡n la posibilidad
de que otro tribunal revise en forma integral y exhaustiva la sentencia dictada
en su contra.
Esta
ser‡ la tarea de los denominados tribunales de apelaci—n que crea el proyecto
de ley, aprobado en primer debate ayer por los diputados, en una de sus œltimas
jornadas antes de entregar las curules el 30 de abril.
La
votaci—n definitiva del plan est‡ programada para el jueves en la œltima sesi—n
de esta Asamblea Legislativa.
Con
esta medida se intenta cumplir con la sentencia que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos dict— contra el Estado costarricense, en julio de 2004, en el
conocido caso del periodista Mauricio Herrera.
Ese
tribunal internacional orden— al pa’s tomar medidas para materializar el
art’culo 8.2.h de la Convenci—n Americana de Derechos Humanos, segœn el cual
toda persona tiene derecho a que un tribunal superior revise la sentencia
dictada en su contra.
Para
satisfacer esa exigencia, el Poder Judicial promovi— en el 2006 otra ley de la
apertura del recurso de casaci—n. No obstante, la misma Corte Interamericana
consider— insuficiente aquella legislaci—n.
En
otro intento de cumplimiento , el diputado liberacionista Jorge MŽndez present—
en setiembre del 2008 el proyecto de ley aprobado ayer.
ÒEstoy
muy satisfecho de que el plenario legislativo haya tomado conciencia de la
obligaci—n internacional que Costa Rica ten’a pendiente de cumplirÓ, manifest—
MŽndez.
De
los 38 legisladores presentes en la sesi—n de ayer, solo uno se opuso al
proyecto de ley. Se trata de Rafael Madrigal, del Partido Acci—n Ciudadana
(PAC).
Madrigal
dijo estar de acuerdo con la creaci—n de los tribunales de apelaci—n, pero que
le preocupa el efecto que puedan tener en la duraci—n de los procesos penales.
En su criterio, podr’an afectar el principio de justifica pronta y cumplida. Cambios.
Tras este paso de los legisladores, ahora corresponde al Poder Judicial
tomar las medidas necesarias para poner en funcionamiento la nueva instancia
penal.
JosŽ
Manuel Arroyo, presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia
(que conoce la materia penal) , explic— que deber‡n realizar estudios y esperar
los informes tŽcnicos.
En
la actualidad, las sentencias penales solo pueden ser impugnadas mediante
recursos de casaci—n, gestiones que, segœn el delito, se presentan ante la Sala
Tercera o ante los tribunales de casaci—n.
Con
la nueva ley, los tribunales de casaci—n que existen se convierten en
tribunales de apelaci—n.
La
Sala Tercera se quedar‡ con las casaciones que se presenten ahora, contra las
sentencias que a su vez dicten los nuevos tribunales de apelaci—n.
Segœn
Arroyo, en el pa’s existen cuatro tribunales de casaci—n con un total de siete
secciones. Estos despachos se convertir‡n en tribunales de apelaci—n, pero los
estudios tŽcnicos servir‡n para determinar d—nde m‡s hacen falta.
ÒSin
duda habr‡ que ver ahora la enorme tarea de poner en marcha toda esta
transformaci—n y en la mejor disposici—n a ver si finalmente Costa Rica tiene
paz en este tema de derecho al recurso. Han sido muchos a–os de intentos
parcialesÓ, manifest— anoche. Consecuencias. La ausencia de una
instancia de apelaci—n motiv— a que, por lo menos, 250 sentenciados presentaran
nuevas demandas contra el Estado ante la Comisi—n Interamericana.
Ese
—rgano determina el mŽrito de una demanda para llevarla ante la Corte
Interamericana.
Juan
Marcos Rivero, defensor del expresidente Rafael çngel Calder—n, condenado a
cinco a–os de prisi—n por dos delitos de peculado en relaci—n con el caso
CCSS-Fischel, adelant— que tambiŽn llevar’a el caso ante la Comisi—n.