El desalojo y demolici—n del caribe–o
hotel Las Palmas –por da–os ambientales causados hace dos dŽcadas-,
deber‡ hacerlo el nuevo gobierno.
Con el voto emitido
el pasado 25 de marzo, la Sala Primera del Poder Judicial allan— el camino
para que el Sistema Nacional de çreas de Conservaci—n (SINAC) del Ministerio
de Ambiente, Energ’a y Telecomunicaciones (MINAET), ejecute al fin el
desalojo y demolici—n del hotel Las Palmas ubicado en Punta Uva, dentro
del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
A pesar de que el MINAET emiti— un acto administrativo de desalojo de dichas
instalaciones desde 1993, el empresario checo Jan Kalina ha recurrido a una
serie de acciones legales para evitar la demolici—n de su hotel, entre ellas
el recurso de casaci—n recientemente rechazado y que interpuso el abogado
Enrique Rojas Franco como su apoderado especial judicial.
La gesti—n legal que present— el representante de Kalina en noviembre del
2009, buscaba anular la sentencia de desalojo y demolici—n que dict— una
jueza ejecutora del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, el 13 de
octubre del a–o pasado.
Cabe recordar que desde 1989, el checo Kalina provoc— da–os ambientales
durante la construcci—n de sus instalaciones hoteleras, lo cual sirvi— de
tema para la novela ÒLa loca de GandocaÓ, de la escritora Anacristina Rossi.
Da–os a los corales, apertura de canales que comunicaban el mar con los
terrenos del hotel, relleno de pantanos, remoci—n de mojones, y uso de
palmeras con postes de alumbrado, fueron algunos de los perjuicios se–alados.
El hotel Las Palmas ocupa un terreno de poco m‡s de cuatro hect‡reas (40.000
metros cuadrados) y parte de sus edificaciones se encuentran dentro de la
franja de 50 metros que es ‡rea pœblica.
Como lo inform— este Semanario en su edici—n 1620 del 19 de mayo del 2005
(ÒLa novela en Gandoca no terminaÓ), un pronunciamiento de la Sala I ratific—
el desalojo del hotel en un plazo m‡ximo de 45 d’as y la cancelaci—n del
permiso hotelero de uso de las instalaciones, al tiempo que ordenaba
restituir el lugar al estado en que se encontraba antes de las
construcciones.
FALLO SIN CONOCER
A lo largo del periodo de 17 a–os en que se ha intentado aplicar el castigo
por los da–os ambientales, las acciones legales del hotelero han sido
abundantes, e igualmente desfavorables le han sido los pronunciamientos de
los tribunales de justicia, de la Procuradur’a, de la Contralor’a General de
la Repœblica y de la Defensor’a de los Habitantes.
Incluso uno de los argumentos a que ha recurrido el hotel Las Palmas, es al
cuestionamiento de la potestad de la Contralor’a General de la Repœblica de
velar por el cumplimiento de las regulaciones que establece la Ley de Zona
Mar’timo-Terrestre. En este sentido, dos acciones legales recientes fueron
rechazadas de plano por los tribunales.
Respecto del fallo m‡s reciente de la Sala Primera (25-03-10), destaca el
hecho de que solo la magistrada Anabelle Le—n Feoli salv— su voto.
Al ser consultado sobre la decisi—n de esta Sala, Luis Diego Rom‡n
–coordinador del operativo de desalojo que el MINAET iba a efectuar a
principios de noviembre pasado-, dijo no saber nada sobre dicha resoluci—n.
Record— que el plan dise–ado para desalojar el hotel tuvo un costo superior a
los ¢50 millones, montos que segœn la jueza ejecutora del Tribunal
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Òpodr‡n reclamarse
oportunamente y por la v’a correspondiente a Complejo Tur’stico Punta Uva
S.A.Ó (hotel Las Palmas).
La abogada del Departamento Legal del SINAC –Mar’a de los çngeles
G—mez- tampoco sab’a nada, pues adujo que no se les ha notificado aœn ese
voto. Coment— que una vez que reciban la notificaci—n y conozcan el por tanto
de lo resuelto, deber‡n definir cu‡ndo ejecutan el mandato judicial.
Se intent— conocer con el abogado de la empresa, Enrique Rojas Franco, si
interpondr’an nuevas acciones legales; pero no respondi— al mensaje que se le
dej— en su bufete.
Dado que se avecina un cambio de gobierno, habr‡ que esperar a ver si la
nueva presidenta Laura Chinchilla muestra el mismo desinterŽs que mostr— el
mandatario îscar Arias para desalojar Las Palmas, o si realmente pone en
pr‡ctica lo dicho por Žl ante el fallo de la Constitucional sobre el proyecto
minero en Crucitas, de que Òlas sentencias se acatan y se respetan, y no se
cuestionanÓ.
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