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Domingo 25 DE ABRIL DEL 2010
ÔHoja de delincuenciaÕ es requisito para empleo y
graduaciones
4.000 personas piden
cada d’a certificados de buena conducta
Solicitudes
crecieron este a–o un 47% en relaci—n con el 2009
Quienes tienen
condenas deben esperar 10 a–os para ÔlimpiarÕ hoja
Carlos Arguedas C. carguedasc@nacion.com 08:06 p.m. 24/04/2010
Un
promedio de 4.000 personas solicita por d’a un certificado de que no tiene
antecedentes penales.
Esto
porque la hoja de buena conducta se convirti— en un requisito m‡s de las
personas que buscan empleo, renovar la cŽdula de residencia, sacar un permiso
para la portaci—n de armas y hasta para incorporarse a un colegio profesional.
Datos
de la Oficina de Registro del Poder Judicial, detallaron que desde el 4 de
enero hasta el 20 de abril de este a–o se entregaron 322.778 Òhojas de
delincuenciaÓ.
Esa
cantidad representa un crecimiento de un 47% en relaci—n con el mismo per’odo
del 2009, cuando se dieron 183.785.
Paola
S‡nchez Montero, secretaria ejecutiva del Registro, dijo que la alta demanda se
debe a que el documento es exigido cuando la persona aspira a un puesto
laboral. Desde el 5 de enero del 2009 el documento es gratuito. Antes costaba
¢26,25.
La
base de datos del Registro Judicial incluye a 176.979 personas, entre ticos y
extranjeros, que tienen 229.802 sentencias. Las condenas se mantienen inscritas
hasta 10 a–os despuŽs de que la persona cumple la pena. Intachables.
Rafael Bejarano Naranjo, director de Reclutamiento y Selecci—n del Servicio
Civil, manifest— que el Estado exige para un cargo pœblico que el seleccionado
sea id—neo, lo que significa Òque no tenga la hoja de delincuencia manchada con
alguna sentenciaÓ.
El
Servicio Civil escoge el personal para 43 entidades estatales. Bejarano explic—
que cuando la persona aparece como condenada de inmediato es rechazada.
Sin
embargo, se–al— que esos casos –que dijo son m’nimos sin precisar la
cantidad–, son sometidos a un Òestudio tŽcnicoÓ tras el cual se determina
si la persona es apta para ser contratada.
Agreg—
que en casos, como el de los educadores, donde por a–o se hacen nombramiento
masivos, ÒalgunosÓ aspirantes arrastran penas por abuso sexual o peculado.
ÒEsas
personas quedas sujetas al resultado del estudio. Si sale negativo seguir‡
inhabilitado hasta que logre demostrar que las situaciones dudosas no existenÓ
dijo Bejarano, quien agreg— que Òhay algunos que logran un puestoÓ. Inquietud.
El abogado laborista y exmagistrado îscar Bejarano Coto consider— que cualquier
empleador privado est‡ en el pleno derecho de escoger a quien contrata y por eso
puede pedir el certificado de antecedentes penales. ÒLo que no me parece es que
la anotaci—n aparezca 10 a–os despuŽs de cumplida la sentenciaÓ manifest— .
El
Ministro de Justicia, Hernando Par’s dijo que esto tiene dos problemas: por un
lado, que un condenado al salir de prisi—n tiene la hoja manchada y, por tanto,
va a encontrar trabas para conseguir trabajo y, por el otro, est‡ el derecho
del empleador a saber a quien contrata.
Agreg—
que por eso Adaptaci—n Social tiene un proyecto de capacitaci—n de reos para
que al cumplir la pena tengan un trabajo propio. ÒCon eso se evita ese
obst‡culo para reinsertarse a la sociedadÓ dijo.
Entretanto,
Federico Campos, exdefensor pœblico, consider— injusto que una persona siga
sufriendo Òlas consecuencias de una sanci—n m‡s all‡ del plazo de la sentencia,
lo que les impide reinsertarse al ‡mbito laboral por 10 a–osÓ.
Aunque
decenas de exconvictos han presentado recursos en procura de cambiar esa
disposici—n, las Sala IV ha ratificado ese plazo.