Se estableció el plazo de 8 días a partir de la notificación, para que el AyA ejecute las acciones necesarias para solucionar la problemática denunciada.

Mejorar el servicio de agua potable que reciben los habitantes del cantón de Osa, es lo que debe garantizar el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ante una resolución de la Sala Constitucional.
El recurso de amparo fue declarado con lugar por el Alto Tribunal Constitucional, quien ordenó a la entidad pública tomar las acciones respectivas ante la problemática que denunciaron los vecinos de la zona.
“Se ordena a Olger Moscoso Pérez, o a quien ocupe el cargo de Jefe de la Oficina del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el Cantón de Osa, que en el término improrrogable de ocho días, contado a partir de la notificación de esta resolución debe iniciar los trámites necesarios para darle una solución definitiva al asunto de la contaminación de aguas que reclaman los recurrentes y comunicarlo a esta Sala. Se le advierte que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado”, señaló la sentencia 2010-4846.
Una mujer de apellidos Hidalgo Quirós y dos hombres de apellidos Sibaja Montes presentaron el recurso de amparo contra el AyA.
Los amparados alegaron que desde que una compañía bananera desapareciera de la región, las fuentes de agua que abastecen el cantón, los pasó a administrar el Instituto, para lo cual se construyeron dos pozos en las fincas.
Según indicaron los afectados, no se instalaron medidores, ni se realizó ningún tipo de mejoras en el servicio, pero se estableció una tarifa fija que consideraron muy alta ante las condiciones económicas de los habitantes de Osa.
Para estos vecinos, actualmente el agua que reciben se encuentra contaminada, pues llega sucia, con sedimentos de materia fecal y herrumbre, por lo que acudieron ante la Sala Constitucional para procurar un servicio efectivo de agua potable.