APERTURA DEL AÑO JUDICIAL, ALAJUELA 2010
Dr. Carlos Chinchilla Sandí
Magistrado
Sala Tercera
Corte Suprema de Justicia
Por solicitud del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis Paulino Mora Mora, procedo a dirigirme a todos Ustedes y cumplir con la obligación constitucional de la “rendición de cuentas”, para el periodo 2009. El señor Presidente, por mi medio, les dirige sus disculpas, debido a que se encuentra en la ceremonia de acreditación del Proyecto GICA-Justicia en San José.
En el mensaje del año pasado, el Presidente de la Corte, advirtió que sería un año difícil, no sólo por los vertiginosos cambios en los que está inserta nuestra sociedad, que de algún modo han potenciado la violencia social y desbordado toda planificación racional de las áreas de la justicia dedicadas a atender las demandas ciudadanas, como son la penal y de violencia doméstica -por ejemplo-, sino, además de eso, debido al acento que la crisis económica mundial tendría sobre la sociedad costarricense y el sistema de justicia en particular.
Hoy podemos dar fe de la solidez de nuestra institución, ya que supimos dar respuesta efectiva no sólo en las áreas recargadas por el aumento en la violencia, sino que gracias a las medidas adoptadas -a las cuales nos comprometimos en prestar atención-, se evitó que la crisis se ensañara con las personas y grupos más vulnerables de la sociedad. Un año después -cuando según todos los indicadores, lo peor de la crisis ha quedado atrás-, nos sentimos satisfechos de la forma en que se ha cumplido con nuestras obligaciones y compromisos en este campo.
Gracias al alto nivel de compromiso de nuestro recurso humano, los índices de retraso en materias sensibles como pensiones y laboral, no se deterioraron a pesar de la presión por el aumento en los casos entrados, que por el contrario tienden a disminuir. Es una excelente señal, el hecho de que se lograra mantener una estabilidad en los indicadores y que inclusive, nos ha quedado aún la fortaleza suficiente para impulsar diferentes proyectos concretos, dirigidos a mejorar la administración de justicia.
En esa línea, me parece importante resaltar la excelente experiencia lograda con la consolidación del Plan Piloto para el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Alajuela, iniciativa propuesta por parte de la Comisión de Género del Poder Judicial, donde tuvo el respaldo de su Coordinadora y Vice-Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Magistrada Zarela Villanueva Monge. Este proyecto fue dirigido y llevado a su plena ejecución, por parte de la Magistrada Anabelle León Feoli, Presidenta de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, quien dedicó tiempo y esfuerzo, para que el mismo fuera una realidad. En esta iniciativa, se abordaron dos cambios radicales en un tiempo: el paso a la oralidad y la informatización del expediente judicial, éste despacho se constituye en el primero “cero papel” del país y también del área centroamericana, que ha mejorado los tiempos de respuestas para miles de mujeres que necesitan satisfacer los alimentos de sus hijos en un tiempo oportuno, y que promete ser un modelo replicable para generar un cambio sustantivo en la forma tradicional de administrar el expediente y el despacho judicial. Este esquema desarrollado con gran éxito en Alajuela, debe ser replicado en otras competencias territoriales de nuestro país, para alcanzar una más eficiente y adecuada administración de justicia en materias de alta sensibilidad.
Respecto de la oralidad, también observamos este año avances importantes hacia su utilización de una manera más acentuada en todas las materias, luego de profundizar este sistema en el ámbito penal. Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que la utilización de la oralidad se ha fortalecido, ya no sólo en la materia penal, como se ha indicado, sino que en otras, como lo son, laboral, cobratorio y, contencioso administrativo, donde hacen experiencia en el tema, logrando en todas ellas, disminuirse el tiempo de respuesta al ciudadano en relación al tema planteado. Se está utilizando de manera inteligente la informática, la que bien aplicada ayuda en mucho a los jueces a acelerar los procesos y tener mayor información disponible al resolver.
También este año, se ha logrado romper moldes, viejos paradigmas en materia de justicia, con el acento especial que se le ha dado al tema de la participación ciudadana, constituyendo un sensible ámbito de la apertura hacia la sociedad civil, donde lleva la rectoría la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), Presidida por el Magistrado Román Solís Zelaya. Esta iniciativa se presenta como un esfuerzo pionero, el cual se ha incorporado como eje transversal de la administración de justicia costarricense.
Por su parte, el proyecto GICA-Justicia, fruto importante de los esfuerzos institucionales de este año recién pasado, representa el punto de partida para la creación de una política pública en materia de gestión integral de calidad en la justicia, a partir de un proceso de participación interno del personal y externo con la ciudadanía, bajo ejes transversales propios de una justicia democrática, como son el género, accesibilidad, transparencia, ética y acceso participativo de la ciudadanía. Es un proyecto pionero y novedoso en su campo, que definitivamente abre una enorme oportunidad para el mejoramiento continuo del sector justicia en general y en particular de la administración de justicia. El día de hoy, en este preciso momento, se está llevando a cabo la ceremonia de acreditación de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y del Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia, en el marco del Proyecto GICA-Justicia, acto que se realiza en el edificio de la Corte Suprema de Justicia en San José, con la presencia del señor Presidente de la Corte y el Magistrado Rolando Vega Robert, quien es el gestor y encargado de este visionario Proyecto, cuyas cualidades de excelencia y confiabilidad, permitirán ser compartido, por otros Poderes Judiciales de Latinoamérica y Europa. Mi reconocimiento al Magistrado Vega Robert por su entrega y dedicación en esta gran labor, como siempre, en beneficio y provecho de nuestro Poder Judicial.
Es oportuno resaltar asimismo que a pesar de las limitaciones presupuestarias, ha sido posible este año, inaugurar nuevas edificaciones en Grecia, e iniciar las de Alajuela y Limón, que cumplen con los más altos estándares de calidad y accesibilidad, con modernas instalaciones de fibra óptica y equipo informático, lo que nos permite reforzar la pretensión de hacer experiencias en disminución del uso del papel en la tramitación judicial. También se construyó un gimnasio en el Complejo Judicial de San Joaquín de Flores, como una inversión en la preparación de nuestros agentes judiciales y la salud de todos los empleados judiciales a los que queremos motivarlos a incorporar a su proyecto de vida estándares de salud. Sin duda que un funcionario saludable es un mejor trabajador y ciudadano.
Asimismo continúan los esfuerzos por cumplir con las Reglas de Brasilia que propician una mayor accesibilidad de las poblaciones en condición de vulnerabilidad a la justicia y en este tema, debemos reconocer el esfuerzo que hacen las distintas comisiones presididas por magistradas y personal clave de esta Institución, para cumplir con nuestro compromiso de ser un estado social de derecho y como tal, organizar nuestro servicio para que el brazo de la justicia tome en cuenta los especiales requerimientos que exhiben ciertas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. En este campo, no solo somos pioneros sino líderes de los esfuerzos que se hacen a nivel Iberoamericano.
Aparte del fortalecimiento en infraestructura y continuo esfuerzo por avanzar en la tecnificación y digitalización de la administración de justicia, se han destinado importantes recursos y esfuerzos al fortalecimiento de las áreas relacionadas con la seguridad ciudadana, tema que incumbe al Poder Judicial y del cual formamos parte, como agente de cambio, para su logro. Ya han empezado a rendir frutos las iniciativas presentadas por este Poder de la República en el seno de la Comisión de Alto nivel que presidió el señor presidente de la República y que culminó con la aprobación de los tribunales de flagrancia, la Ley de víctimas y testigos y la de Crimen Organizado, iniciativas que tenemos el orgullo de decir que salieron del seno de este Poder de la República.
Aspecto relevante, han sido las recientes manifestaciones, en diferentes medios de comunicación, del señor Presidente de la Corte, donde hace un llamado, sobre la necesidad de evaluar el desempeño de la jurisdicción penal juvenil y de su ley, que tiene ya más de 13 años de vigencia, para mejorar aquellos aspectos que nos permitan dar una mejor respuesta del sector justicia a este tema, el que quedó de lado en su momento, pero deberá ser retomado dentro de los esfuerzos por mejorar las políticas de seguridad y las respuestas que, como sector justicia, le damos a los ciudadanos en esta materia. Para esos efectos, el señor Presidente ha solicitado a UNICEF que nos brinde el apoyo necesario, para hacer un diagnóstico que nos permita determinar en qué aspectos debemos mejorar y generar las políticas necesarias en esta materia.
Este año judicial que hoy inauguramos, nos abre una nueva oportunidad de renovar los esfuerzos por construir un modelo de justicia acorde con nuestra tradición democrática y humanista, uno que también -como todos los años -nos presenta retos importantes, especialmente conforme tienden a acentuarse una serie de patologías que no se han logrado revertir y que siempre terminan judicializadas a través de miles de conflictos de personas que buscan un poco de justicia, una que las libre del puño de su agresor como resulta ser el caso de tantas mujeres, o de los miles de personas que son víctimas de los delitos.
Nuestro reto es brindar un servicio público de calidad, en función de la persona y de sus necesidades y ello necesariamente pasa por una judicatura de calidad. Sin esto cualquier esfuerzo que hagamos en otros campos se verá empañado.
Es aquí donde hago un sincero y vehemente llamado a todas y todos los servidores judiciales de Alajuela, para que redoblen sus esfuerzos y dirijan su atención hacia la excelencia en sus funciones. Teniendo como norte el servicio público que brindamos a los costarricenses y el respeto por el gafete que cuelga de nosotros y nos identifica como “servidores judiciales”, con todo orgullo.
Retomar la mística en nuestras labores es, esencialmente, brindar un valor agregado a nuestras ocupaciones de todos los días; sentirnos parte de este Poder Judicial, no es más que una calidad de identidad nuestra y de deseos de superación. Sin ello, naufragaremos en un mar de tempestades; no obstante, esto no lo miro cerca, al contrario, encuentro mística en los servidores judiciales de Alajuela, porque los conozco, sí, a muchos de ustedes los conozco y, por supuesto, identifico su valía y entrega por Dios, la Patria y nuestro Poder Judicial. Sigan adelante… porque están haciendo muy bien sus tareas y llevando a cabo, con mucho éxito, sus responsabilidades.
No quiero despedirme, sin antes decirles que, el Poder Judicial no somos nosotros los Magistrados, sino todos y cada uno de Uds. porque, si Uds. hacen bien sus labores, el Poder Judicial funcionaba bien, pero su fallan, fallamos todos. Nadie es más importante o menos relevante en nuestro Poder Judicial, las labores las realizamos todos, donde todas ellas conllevan una importante carga de honestidad y mística. Por ello, la labor se saca conjunta, porque únicamente realizando cada uno su obligación, la carga se reparte y el peso es menor para todos. Estos logros son nuestros logros y, por ello, debemos estar orgullosos de realizarlos.
Mi sincero respeto y mi admiración, como también el señor Presidente me solicitó se los trasmitiera.

Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
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