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JUEVES 15 DE ABRIL DEL 2010

 

EDITORIAL

Hacia una mejor justicia

El Poder Judicial ha puesto en marcha un promisorio sistema de calidad

La acreditaci—n de despachos generar‡ mejor servicio, eficiencia y transparencia

Con la acreditaci—n en gesti—n de calidad otorgada a su Sala Segunda y al Juzgado de Violencia DomŽstica de Heredia, la Corte Suprema de Justicia puso oficialmente en marcha, el pasado viernes, una iniciativa que, si se conduce con el rigor, la independencia, la transparencia, la prudencia y el profesionalismo prometidos, podr‡ generar enormes avances para el desempe–o del Poder Judicial.

Se trata del proyecto –ya hoy realidad–ÒGesti—n Integral de Calidad y Acreditaci—nÓ, conocido como GICA-Justicia, impulsado por el magistrado Rolando Vega, y que comenz— a desarrollarse desde que, hace poco menos de cinco a–os, la Corte Plena aprob— su dise–o y eventual ejecuci—n.

Desde entonces, ha contado con el respaldo del Ministerio de Justicia de Francia y la agencia de cooperaci—n de ese pa’s; de Eurosocial, entidad de la Uni—n Europea, y de otras agencias y asociaciones de Europa e IberoamŽrica.

El dise–o de los instrumentos de an‡lisis estuvo a cargo de un equipo de profesionales del Incae, bajo la direcci—n de Roy Zœ–iga, asesorados por varios consultores externos.

En esencia, GICA-Justicia consiste en establecer un conjunto de normas de calidad para los despachos judiciales, a partir de las cuales, y de forma voluntaria, esas entidades se someten a un proceso de auditor’a y an‡lisis de su desempe–o. Los despachos que cumplan con los requisitos establecidos, son acreditados en gesti—n de calidad; los que no, deben realizar los ajustes necesarios para someterse a un nuevo escrutinio.

La acreditaci—n debe renovarse cada dos a–os, como forma de mantener vivo el ’mpetu de mejoramiento al que, finalmente, se encamina la idea. Porque se trata, como valor primario, de fomentar una vigorosa cultura de calidad en la Administraci—n de Justicia.

Para encargarse del proceso, el Poder Judicial ha decidido establecer, en su seno, una instancia tŽcnica que apoye a los despachos interesados en emprenderlo.

La decisi—n final en torno a la acreditaci—n, sin embargo, estar‡ a cargo de un consejo, cuya mayor’a de miembros procede de otros organismos, como el Colegio de Abogados; las universidades estatales, mediante el Consejo Nacional de Rectores (Conare); el Consejo Nacional de Acreditaci—n de la Educaci—n Superior (Sinaes) y el Incae.

Las normas van mucho m‡s all‡ de aspectos formales. Aunque no valoran las decisiones de los jueces (‡mbito reservado a su total autonom’a), s’ pretenden tomar en cuenta la rapidez, costo y calidad de los procesos judiciales; la facilidad de acceso a los servicios por parte del pœblico; el trato a los usuarios, incluidos los espacios de atenci—n; la transparencia, y otras variables que, en su conjunto, abordan la justicia en funci—n de la gente.

Aœn hay mucho camino que avanzar y muchos procedimientos que mejorar como parte de GICA-Justicia. Por ejemplo, las dos primeras acreditaciones se dieron en un tiempo excesivamente corto, casi con atropellamiento, lo cual nos hace dudar del rigor aplicado.

Las normas, en s’ mismas, deber‡n ser ajustadas a las experiencias recabadas durante los primeros procesos. Ser‡ necesario crear una red de apoyo dentro del Poder Judicial, para asesorar a los despachos que decidan optar por acreditarse. Y habr‡ que avanzar con prudencia, para evitar que el exceso de demanda conspire contra la calidad de los resultados.

Son tareas que plantean grandes desaf’os, tanto a GICA-Justicia en s’ mismo, como a las autoridades y dem‡s empleados judiciales, que deber‡n tener una mayor disponibilidad de apertura al escrutinio externo, un mayor sentido de autocr’tica, un manejo m‡s depurado de las prioridades y los presupuestos, as’ como una actitud de verdadera mejora.

La tarea no ser‡ f‡cil. Pero estamos, sin duda, ante un nuevo abordaje de las tareas y calidad del Poder Judicial, que, sobre bases tŽcnicas pensadas en funci—n de su misi—n y servicios, podr’a generar una reforma de grandes beneficios para la justicia y el pa’s en general.