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Óscar Arias Sánchez
Presidente de la República
Inauguración del Año Judicia
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Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia; señoras y señores Magistrados, jueces y funcionarios del Poder Judicial; amigas y amigos:
En muchas narraciones épicas, sean religiosas o literarias, hay un momento decisivo en el que el héroe de la historia, el protagonista de la leyenda, debe alejarse de su tierra como consecuencia de un castigo que le ha sido impuesto, o una prueba a la que se debe someter, o bien un viaje que decide emprender. Moisés es expulsado de Egipto y pasa varios años en el desierto. Jesús debe resistir una de sus tentaciones viendo todos los reinos del mundo desde lo alto de un monte. Buda emprende una larga travesía al final de la cual encuentra el árbol donde obtiene la iluminación. Mahoma recibe sus primeras revelaciones en una cueva en las afueras de La Meca. Y lo mismo sucede con Odiseo y su viaje de 10 años para llegar a Ítaca. Rama y sus 14 años de exilio en un bosque indio. El Quijote y sus salidas en compañía de Sancho Panza. En cada uno de estos cambios de escenario, el héroe adquiere un elemento indispensable para la transformación de la realidad en que vive: adquiere perspectiva.
En la vida, y particularmente en la labor pública, es muy difícil tener perspectiva. Uno se embrolla en los trajines del día, en el oficio cotidiano de salir adelante. En medio de la urgencia, es posible confundir la verdadera dimensión de las circunstancias, y magnificar lo insignificante o soslayar lo esencial. Aunque resulte paradójico, a veces es necesario salir del centro de nuestra propia historia, para entenderla en toda su extensión y en toda su complejidad. Hoy les pido, humildemente, que salgamos por un momento de esta Meca del Derecho. Que intentemos ver a este Poder Judicial desde una distancia que nos permita adquirir perspectiva; una distancia que nos ayude a entender el rol que juega esta rama del Estado, en promover el desarrollo humano y el desarrollo económico del pueblo de Costa Rica.
Algunos me dirán que nada tiene que ver el Poder Judicial con el desarrollo costarricense. Me dirán que el oficio de esta institución no es otro más que el de aplicar la ley en el caso concreto. En efecto, la función del Poder Judicial es aplicar la ley, así como la del Poder Legislativo es aprobarla y la del Poder Ejecutivo es promover políticas públicas eficaces. Pero cada una de esas funciones específicas, sirve para una función ulterior, para un propósito general, para un gran esquema que debemos ser capaces de vislumbrar. Todo lo que ustedes hacen, y todo lo que hacemos nosotros, debe ir en razón de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para eso estamos aquí. Ésa es nuestra principal responsabilidad. Somos columnas de un mismo edificio, vertientes de un mismo río, raíces de una misma planta. Vivimos separados en nuestras labores, pero unidos en nuestro fin. No debemos olvidarlo.
El Poder Judicial es fundamental si aspiramos a construir la Costa Rica desarrollada del Bicentenario. Son muchas las áreas en las cuales esta institución puede favorecer el progreso, y muchas en las cuales puede obstaculizarlo. Hoy he venido a mencionar un área que me parece esencial, y que creo que debe ser atendida con mayor cautela durante los próximos años: la seguridad jurídica.
Para crecer económicamente, nuestro país necesita muchas cosas. Necesita una buena política cambiaria, que evite la devaluación de nuestra moneda y asegure su estabilidad. Necesita una buena política monetaria, fundamentalmente dirigida a combatir la inflación. Necesita una buena política fiscal, que aumente la recaudación y modernice los impuestos. Necesita atraer inversión extranjera, para generar empleo y propiciar encadenamientos productivos. Necesita simplificar sus trámites administrativos, para que lidiar con el Estado no sea un calvario ni un examen de paciencia. Necesita reformar su procedimiento legislativo, porque nuestro Congreso no puede durar tres años en aprobar legislación importante. Necesita construir una mejor infraestructura en sus carreteras, puertos y aeropuertos. Necesita contar con una fuerza laboral cada vez más capacitada. Necesita graduar más ingenieros que científicos sociales, y no al revés, como lo hace ahora. Y necesita otorgarle a los empresarios, nacionales y extranjeros, la certeza de que hay claridad en las reglas del juego y que, obedeciendo las leyes y cumpliendo con los requisitos, no se verán afectados en su derecho a hacer negocios.
La competitividad de nuestra economía debe ser resguardada en los estrados judiciales. De hecho, debe ser protegida con el mismo celo con que se tutelan otros intereses colectivos. Porque de la competitividad depende el bienestar de nuestros ciudadanos. Y muchas veces, ese bienestar se ve afectado por la mora judicial y por la falta de certez
No sé si los miembros de este Poder Judicial pierden el sueño por las inversiones que Costa Rica deja de percibir, por causa de la volatilidad de algunas de sus decisiones que afectan nuestra economía. Yo sí lo pierdo. Cada empresario que decide invertir en Panamá o en Chile, porque considera que en esas naciones las reglas son más estables y más claras; cada expansión industrial o comercial que se pone en pausa mientras se espera, durante años, una sentencia, significan personas de carne y hueso que no pueden acceder a un trabajo, que no pueden comprar comida, que no pueden pagar sus préstamos de vivienda o de educación. Significan personas que no reciben los frutos de la democracia.
Si el crecimiento del ingreso por habitante en Costa Rica fuera mucho más elevado, la vida de los costarricenses sería, también, mucho más sencilla. Sé que éste es un recinto poco acostumbrado a escuchar valoraciones económicas, pero es importante que recordemos que si el ingreso de nuestros habitantes crece apenas un 2% cada año, se requieren 35 años para duplicarlo. En cambio, si crece a un 10%, como ocurre en China y Singapur, nuestros ciudadanos verían duplicarse sus ingresos en tan sólo 7 años. Ésa es la diferencia. Por eso importa aumentar la inversión, tanto pública como privada: porque si logramos un mayor crecimiento económico, nuestro pueblo podría cruzar el umbral del desarrollo en un tiempo mucho menor.
Una noticia del día de ayer sirve para ilustrar este punto. Como ustedes saben, en el último año Costa Rica avanzó siete puestos en el Índice de Competitividad Tecnológica del Foro Económico Mundial, siguiendo una tendencia favorable. Sin embargo, aunque nos encontramos en el puesto número 49 en competitividad tecnológica general, estamos en el puesto número 108 (de 133) en el “número de procesos para establecer un negocio”, y en el puesto 116 en el “tiempo requerido para abrir una empresa”. Esta lentitud es el producto de un exceso de requisitos y de una suspicacia frente al sector público y privado, de la que son tan culpables el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, como el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República.
Quiero ser muy claro y muy enfático en esto: Costa Rica pone muchas trabas a la inversión. Esto no es ningún blasón de honor. No hay nada de loable en condenar a nuestros hijos a un futuro peor del que pudieron haber disfrutado, si nos hubiéramos decidido a darle más poder a los emprendedores, en lugar de darle poder sólo a los contralores.
Sé que a mucha gente le molesta que hable en este tono. Sé que mucha gente desaprueba que compare a Costa Rica con Singapur o con China. Pero lo cierto es que muchos de estos países, que no tienen instituciones democráticas como las nuestras, tienen normas más claras y respetan más el Estado de Derecho, que la mayoría de las naciones latinoamericanas. Aunque a muchos les cueste creerlo, y sobre todo les cueste aceptarlo, hay mayor seguridad jurídica en Singapur que en Costa Rica. Ese país, que hace 60 años era una colonia pobre, es hoy la segunda nación más competitiva del mundo en tecnología. Ese país, que hace 60 años era más atrasado que Costa Rica, le ha brindado a sus ciudadanos muchas más oportunidades de las que hemos logrado brindarles nosotros, en toda nuestra vida independiente.
Mientras no solucionemos esto, mientras no hagamos un esfuerzo aún mayor por hacer crecer el ingreso per capita de nuestros ciudadanos, las instituciones de nuestro país estarán en deuda con la población; estarán cumpliendo sólo con la mitad de su tarea.
Durante cuatro años, mi Gobierno combatió la ineficacia burocrática, prueba de ello es la mejora sostenida en el Índice de Competitividad. Hicimos avances considerables en materia de simplificación de trámites y Gobierno Digital. Pero hay muchas tareas pendientes. Nuestras instituciones tienen ante sí el reto de generar una mayor seguridad jurídica. En una democracia, los ciudadanos deben saber a qué atenerse en sus relaciones con el Estado. Deben confiar en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes. Deben tener una expectativa razonablemente fundada sobre cuál será la actuación del poder en la aplicación del Derecho. Es decir, deben ser capaces de anticipar cuáles serán las consecuencias jurídicas de su propio comportamiento. Como dicen los ingleses, “legal security means protection of confidence”.
La seguridad jurídica significa la protección de la confianza. Y el pueblo de Costa Rica confía en nosotros. Confía en que sabremos construirle un futuro mejor, en el menor tiempo posible. Nuestro país, tan admirado por su paz, por su democracia, por su tolerancia, no puede quedarse al final de la carrera del mundo. Nosotros, que nos jactamos de ser un Estado de Derecho ejemplar, tenemos que entender que el bien primordial de un mundo globalizado es la confianza. Nuestro esfuerzo y nuestro trabajo deben ir en el sentido de no socavar esa confianza. Eso empieza por el Gobierno y por el Congreso, pero pasa, sin duda, por el Poder Judicial.
Amigas y amigos:
Ésta es la última ocasión en que comparto con ustedes en calidad de Presidente de la República. Por eso quiero despedirme de cada uno de los jueces y juezas de Costa Rica, de cada uno de los Magistrados y Magistradas que trabajan sin descanso en este lugar. Quiero agradecerles por su dedicación y por su esfuerzo, por su entrega y por su convicción de que es posible vadear los conflictos más profundos, con las herramientas de la razón.
He venido aquí a hablar de perspectiva, a manifestarles que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de generar la confianza necesaria para que nuestro país reciba una mayor inversión. He venido a recordarles que este Poder Judicial también forma parte de la lucha por llevar a Costa Rica hacia un mayor desarrollo. Ese desarrollo no caerá en nuestros regazos, no vendrá de sorpresa, como llegó el hielo a Macondo en Cien Años de Soledad. Tenemos que salir a buscarlo. Tenemos que salir a construirlo.
Estoy convencido de que podemos hacerlo, sin perder lo más sagrado de nuestra tradición democrática. En este altar de la justicia, les garantizo que un futuro más próspero para todos, es también un futuro más justo para Costa Rica. Y eso, en última instancia, es la razón de ser de un Poder Judicial. |