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APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2010

Dr. Luis Paulino Mora Mora
Presidente
Corte Suprema de Justicia

Cumplo con gran satisfacción la obligación de informar al ciudadano sobre el destino que se da en el Poder Judicial, a los recursos que se invierten en la administración de justicia, establecida desde el año 1972, cuando le propuse al entonces Presidente de la Corte don Fernando Corto Albán, que se hiciera un acto de apertura del año judicial, como lo había visto en España en mis años de estudio, aprovechándose la ocasión para dar cuentas de la forma en que se habían realizado las labores de la justicia en el año anterior, eso 28 años antes que se reformara el artículo 11 de la Constitución Política para incorporarlo como obligación constitucional. En este informe se expone a la sociedad costarricense, en forma detallada, área por área, el ejercicio de las competencias constitucionales y legales que le han sido asignadas al Poder Judicial. En forma transparente, se desnudan nuestros aciertos y debilidades como es propio de toda cultura democrática. Dentro de los aspectos positivos que no se ven reflejados en el informe, pero que más quisiera resaltar, es que este año 2010 nos ha dejado ya un hito, como lo es la elección de la primera mujer en la Vicepresidencia del Poder Judicial. Le ha correspondido a la magistrada Zarela Villanueva Monge, ser protagonista de este nombramiento histórico que excede por mucho lo meramente simbólico o anecdótico, pues más bien representa el cambio cultural que en cierta forma ella misma propició en el Poder Judicial hace varias décadas y que también se refleja en la política nacional en general, ahora que hemos elegido a una mujer, doña Laura Chinchilla, para ejercer la Primera Magistratura de la Nación. Definitivamente los méritos de doña Zarela, son el mejor ejemplo de que la mujer es capaz de romper paradigmas, por su capacidad y calidad humana y que las barreras que impedían que traslucieran los méritos de las mujeres van desapareciendo. Sin duda esas cualidades le darán un sello nuevo a la forma en que se abordan las políticas judiciales en general, trascendiendo el tema de género, para aportar su experiencia y sensibilidad especial a todos los campos de la administración de justicia, sin distingo. También me parece oportuno dedicar en este punto, unas palabras de reconocimiento tanto al Licenciado Gerardo Parajeles Vindas como a la Señora Marta Soto Canales. El Licenciado Parajeles Vindas es un excelente ejemplo de vida y de obra profesional en el campo de las ciencias jurídicas y no dudo que la distinción que hoy recibe y que lleva el nombre de un insigne jurista como lo fue don Fernando Coto Albán, le hace justicia a su trayectoria. Por otra parte, he tenido la fortuna y el privilegio de trabajar a la par de la señora Soto Canales por varios años, de modo que si alguien puede dar fe de su calidad personal y profesional y especialmente de su devoción y amplio sacrificio por esta institución, ese soy yo.- Marta es hija de una ex servidora judicial que no sólo le transmitió el amor por esta institución, sino los valores que de trabajo duro, ejemplo y mística de servicio, ella misma siguió durante toda su carrera. A ambos les doy las gracias en nombre del Poder Judicial, por servir de modelo de las luchas, desvelos y las recompensas que conlleva el ser empleados judiciales ejemplares. A sus familias también mi reconocimiento, sin los sacrificios que se deben hacer para que uno de sus miembros pueda descollar en sus funciones laborales, esto no se hubiera logrado. Este acto oficial de rendición de cuentas forma parte de una serie de que a lo largo del año realizamos en esta institución y entre los que vale la pena contar la visita oficial que año con año se realiza a la Asamblea Legislativa para entregar el informe de labores y también el correspondiente a la forma en que se invierten los dineros que el pueblo pone a disposición de la justicia para el cumplimiento de sus labores; las visitas a las comunidades y circuitos del país, para analizar con los usuarios la justicia que tienen y la que quieren, así como la presentación de resultados que hacemos tanto la Presidencia como varias dependencias. A ello se suma también, la constante presencia de los diferentes jerarcas y representantes de este órgano en los medios de comunicación, para responder a las personas y grupos que han querido indagar sobre nuestra actividad, sea ésta relacionada con cuestiones administrativas o bien la que tiene que ver con nuestra participación en la formulación y puesta en práctica de políticas públicas que involucran el ejercicio de la función jurisdiccional. Es este entonces un esfuerzo más en la política de exhaustiva rendición de cuentas de este poder de la República, pero no por ello debemos dejar de reconocerle el especial realce que le brinda a esta ocasión la presencia de representantes de la sociedad civil, de los poderes y las instituciones del Estado y el brillo que le aportan todos ustedes con su amable presencia.- Muchas Gracias entonces a todos por querer compartir con nosotros estos momentos tan importantes en el devenir del Poder Judicial costarricense. En mi mensaje del año pasado, advertí que sería un año difícil, no sólo por los vertiginosos cambios en los que está inserta nuestra sociedad, que de algún modo han potenciado la violencia social y desbordado toda planificación racional de las áreas de la justicia dedicadas a atender las demandas ciudadanas, como son la penal y de violencia doméstica por ejemplo, sino que me refería además de eso, al acento que la crisis económica mundial tendría sobre la sociedad costarricense y el sistema de justicia en particular. Hoy doy fe de la solidez de nuestra institución, ya que supimos dar respuesta efectiva no sólo en las áreas recargadas por el aumento en la violencia, sino que gracias a las medidas adoptadas -a las cuales nos comprometimos en prestar atención-, se evitó que la crisis se ensañara con las personas y grupos más vulnerables de la sociedad. Un año después -cuando según todos los indicadores, lo peor de la crisis ha quedado atrás-, me siento satisfecho de la forma en que se ha cumplido con nuestras obligaciones y compromisos en este campo. Gracias al alto nivel de compromiso de nuestro recurso humano, los índices de retraso en materias sensibles como pensiones y laboral, no se deterioraron a pesar de la presión por el aumento en los casos entrados, que por el contrario tienden a disminuir. Es una excelente señal, el hecho de que se lograra mantener una estabilidad en los indicadores y que inclusive, nos ha quedado aún el fuelle suficiente para impulsar diferentes proyectos concretos dirigidos a mejorar la administración de justicia. En esa línea, me parece importante resaltar la excelente experiencia lograda con la consolidación del Plan Piloto para el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Alajuela, en la que se abordaron dos cambios radicales a un tiempo: el paso a la oralidad y la informatización del expediente judicial, éste despacho se constituye en el primero cero papel del país y también del área centroamericana, que ha mejorado los tiempos de respuestas para miles de mujeres que necesitan satisfacer los alimentos de sus hijos en un tiempo oportuno, y que promete ser un modelo replicable para generar un cambio sustantivo en la forma tradicional de administrar el expediente y el despacho judicial. Respecto de la oralidad, me siento satisfecho con el ritmo de avance que ha tomado el Poder Judicial hacia su utilización de una manera más acentuada en todas las materias, luego de profundizar este sistema en las materias penal y laboral de menor cuantía; este año se ha fortalecido su utilización ya no sólo en la materia penal, varias otras como cobratorios, laboral, contencioso administrativo, hacen experiencia en el tema, logrando en todas ellas disminuirse el tiempo de respuesta al ciudadano en relación al tema planteado. En todas ellas estamos utilizando de manera inteligente la informática, la que bien aplicada ayuda en mucho a los jueces a acelerar los procesos y tener mayor información disponible al resolver. También este año, nos hemos dedicado a tratar de romper moldes, viejos paradigmas en materia de justicia, con el acento especial que se le ha dado al tema de la participación ciudadana, a la cual el propio Constituyente derivado se encargó de brindar primacía al reformar en el año 2003, el artículo 9 de la Constitución Política, para atribuirle el carácter de participativo, al gobierno de la República conformado también por el Poder Judicial, según las propias palabras del texto fundamental. Esa reforma fue motivo de satisfacción para nosotros, pues con ella se consolida y reconoce la tarea que habíamos iniciado en este Poder de la República varios años antes, con ideas como los Comités de Usuarios y las reuniones ampliadas del Consejo Superior, en las diferentes comunidades del país, gestadas con la finalidad de escuchar y tomar en cuenta los criterios y opiniones de las personas usuarias del sistema. Desde ese entonces, nuestra actitud ha sido de apertura, promoción y práctica de medios de participación y ello ha venido creciendo y tomando importancia dentro del diseño de la administración de justicia. Sin lugar a dudas el proceso no ha sido nada sencillo, pues en primer término, desde el principio, han debido vencerse las reticencias al interior de la organización, por cuanto una apertura conlleva necesariamente la posibilidad de escrutinio y crítica por parte de terceros, lo que hace que algunos se sientan amenazados por lo que consideran una excesiva democratización . Muy lejos de ello, el cambio lo vemos como una cuestión mucho más profunda que involucra hacerse cargo, de construir de manera transparente y abierta, un modelo de administración de justicia acorde con las exigencias de nuestro país, con clara vocación democrática. Nuestro norte es modificar la manera tradicional en la que contestamos las preguntas del cómo y el para quién administramos justicia y cuál debe ser la finalidad de esa actividad estatal. Claro que alguien podría señalarnos que tales respuestas vienen dadas ya por siglos de desarrollo de las instituciones encargadas de administrar justicia o por filósofos del derecho del calibre de Rawls o Dworkin, por ejemplo, de tal forma que suena insensato querer dislocar lo que siglos de experiencia y reflexión han acomodado, o incluso que resulta pretencioso creer que nuestra generación es la que tiene la respuesta verdadera y correcta a los problemas de administración de justicia. Pero justamente esa es la diferencia en nuestro caso, en tanto que hemos partido de un claro reconocimiento de nuestra posición de servidores públicos, lo que nos conmina a tomar en cuenta a quienes serán los beneficiarios de nuestros esfuerzos; claro está que tenemos muchas ideas de mejora, pero nada parece más lógico que preguntarle a la gente a la que servimos, si lo que hacemos resulta apropiado o debe modificarse en algún sentido. Sin embargo preguntar a los usuarios cuál es la justicia que necesitan, ha sido completamente dejado de lado en todos los enfoques tradicionales para el mejoramiento de la justicia, pues la dinámica que ha dominado, en general tales esfuerzos, es nociva en tanto le impone a la gente acomodarse a las soluciones que se proponen para los Poderes Judiciales, todo sin contar con lo que la gente piense, crea y realmente necesite. Nuestra vocación es cambiar precisamente esa dinámica, para que la administración de justicia se acomode técnica y científicamente a los requerimientos que la comunidad exprese. A nuestro modo de ver es preferible escuchar también la voz del ciudadano para que complemente la teoría y experiencia y ayude a generar una visión integral de la justicia. En esta área de la apertura hacia la sociedad civil, la que lleva la batuta es la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), que ha hecho un esfuerzo pionero en la profundización del tema, que hemos incorporado ya como eje transversal de la administración de justicia costarricense. Más de diez años de experiencias en participación, nos han enseñado -además de su importancia para tener una justicia de calidad-, que el camino es difícil pues además de vencer nuestras propias limitaciones en el área, tenemos que luchar contra las que presenta la propia sociedad costarricense. Nuestra primera tarea –y por mucho las más pesada- ha sido y será trabajar tesoneramente en educar para la participación a una sociedad, que al menos en este campo, resulta más que tímida, pero vislumbramos al final de este camino, una participación ciudadana preparada para abogar tanto en su favor, como del interés general, especialmente en el rediseño y concepción de las metas y objetivos de administración de justicia, para lo cual parece ser una valiosa oportunidad, la puerta que se ha abierto con un proyecto como el de Gestión de la Calidad de la Justicia, que vemos como su complemento y con el que pretendemos dar un salto cualitativo importante en la función jurisdiccional. En efecto, el proyecto GICA-Justicia, fruto importante de los esfuerzos institucionales de este año recién pasado, representa el punto de partida para la creación de una política pública en materia de gestión integral de calidad en la justicia, a partir de un proceso de participación interno del personal y externo con la ciudadanía, bajo ejes transversales propios de una justicia democrática, como son el género, accesibilidad, transparencia, ética y acceso participativo de la ciudadanía. Es un proyecto pionero y novedoso en su campo, que definitivamente abre una enorme oportunidad para el mejoramiento continuo del sector justicia en general y en particular de la administración de justicia. En forma seria y profesional aborda aspectos tales como la racionalización de los métodos, procesos y procedimientos para proveer una administración de justicia eficaz y confiable, que hasta fechas recientes había sido dejado de lado en los intentos de reforma y modernización de la actividad jurisdiccional. Encuentro en este proyecto, la enorme virtud de que nos obliga a retarnos a nosotros mismos continuamente para generar el cambio y el mejoramiento continuo de la justicia, desde cada despacho hacia arriba y en unión con la sociedad civil, sin esperar a que los cambios vengan de la cúpula judicial. Así entendido, estamos pues ante un proyecto de una gran visión y que sin duda promete darle un importante impulso a la transformación del servicio público de justicia, pues toma en cuenta y nos permite concretar una serie de ideas que hace años venimos procurando impulsar, tanto a nivel internacional como interno. Deseo resaltar asimismo que a pesar de las limitaciones presupuestarias y gracias al apoyo del sector administrativo, ha sido posible este año, inaugurar nuevas edificaciones en Grecia, e iniciar las de Limón y Alajuela, que cumplen con los más altos estándares de calidad y accesibilidad, con modernas instalaciones de fibra óptica y equipo informático, lo que nos permite reforzar la pretensión de hacer experiencias en disminución del uso del papel en la tramitación judicial. También se construyó un gimnasio en el Complejo Judicial de San Joaquín de Flores, como una inversión en la preparación de nuestros agentes judiciales y la salud de todos los empleados judiciales a los que queremos motivarlos a incorporar a su proyecto de vida estándares de salud. Sin duda que un funcionario saludable es un mejor trabajador y ciudadano. En el campo de la infraestructura judicial, resulta necesario eliminar el déficit de metros cuadrados que tiene nuestra institución y que nos obliga a alquilar inmuebles en diversas zonas del país, que no tienen la infraestructura adecuada para cumplir con los requerimientos de seguridad y accesibilidad que exige la ley. Son muchos los millones de colones al año que gastamos en alquileres, que podríamos tener invertidos en fortalecer la infraestructura judicial.
En este sentido pido apoyo a las autoridades de gobierno aquí presentes, para que se aprueben los mecanismos legales que permitan asignar recursos frescos que permitan atender estas necesidades y contar con edificaciones que además de ser accesibles y seguros, cumplan con los requierimientos que el uso de las nuevas tecnologías requerimientos para ser coherentes con las políticas institucionales que desde hace años propician la migración hacia el expediente electrónico y las políticas de cero papel; en este caso estamos pensando en utilizar dineros del fondo de pensiones del Poder Judicial, para no meter más presión a los requerimientos fiscales, con aumentos en el proyecto de presupuesto, para financiar esas construcciones en un solo período fiscal. Asimismo continúan los esfuerzos por cumplir con las Reglas de Brasilia que propician una mayor accesibilidad de las poblaciones en condición de vulnerabilidad a la justicia y en este tema, debo reconocer el esfuerzo que hacen las distintas comisiones presididas por magistradas y personal clave de esta Institución, para cumplir con nuestro compromiso de ser un estado social de derecho y como tal, organizar nuestro servicio para que el brazo de la justicia tome en cuenta los especiales requerimientos que exhiben ciertas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. En este campo me atrevo a decir que no solo somos pioneros sino líderes de los esfuerzos que se hacen a nivel Iberoamericano. También en el 2009 continúa el éxito del Sistema de Depósitos Judiciales (SDJ) que evitó la manipulación de papel, de más de 1 millón de boletas de depósito, lo cual en el pasado requería de un gran esfuerzo en actividades de revisión, manipulación, ordenamiento, y almacenamiento, tanto de parte de funcionarios de los despachos como del área financiera del Poder Judicial. Hoy las consultas, manejo de saldos, giro de estos dineros es sumamente simple con el sistema, con ello hemos mejorado sustancialmente el servicio a los usuarios, mientras que antes se requerían 20 días para ingresar a nuestras cuentas las sumas depositadas y disponer su entrega a los acreedores, ahora los deudores pueden depositar en el Banco de Costa Rica esos dineros y de seguido retirarlos los beneficiarios; siendo la jurisdicción de pensiones alimentarias una de las que más usan el sistema, el contenido social del programa resulta claro. En este caso, mi agradecimiento al Banco de Costa Rica y al Instituto Costarricense de Electricidad por el esfuerzo puesto para que este proyecto haya podido lograr el desarrollo que tiene, espero que a fin de año ya se encuentre extendido a todas las oficinas judiciales del país. En el 2009 se realizaron más de 975 mil autorizaciones de pago por un monto cercano a los 79 mil millones de colones, evitando de igual manera la confección de órdenes de giro, cheques, dejando que los depósitos y pagos fueran realizados directamente por el Banco de Costa Rica, lo cual le supone para el Poder Judicial un enorme ahorro en recursos materiales y humanos. El uso inteligente de la informática nos ha permitido mejorar sustancialmente el servicio a muchos usuarios, por ejemplo en la emisión certificaciones de delincuencia, que antes entregábamos personalmente en San José y que ahora pueden solicitarse en los distintos circuitos del país: De enero de 2009 hasta Enero de 2010 se han emitido 1.076.028,00 certificaciones, con ello la ciudadanía se ahorró muchas horas en traslados y filas. Continuaremos haciendo esfuerzos en ese sentido, con el ahorro en tiempo, tanto de los usuarios internos como externos, propiciamos la idea de hacer cada día más accesible y barata la justicia. La firma electrónica ya es una realidad en el Poder Judicial, el retrazo que se ha tenido para una utilización masiva de la firma digital no presenta para nosotros obstáculos. La Sala Constitucional tiene ya una buena experiencia en la votación electrónica de varios miles de casos sometidos a su conocimiento y en el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Alajuela se han firmado de manera electrónica 12,577 documentos; en el de cobros del Segundo Circuito Judicial de San José 4.420, en el del Primer Circuito Judicial 73.379; en el de Seguridad Social 879. Sea un gran total de 91.255, con cerca de 300.000 mil hojas de papel economizadas. Aparte del fortalecimiento en infraestructura y continuo esfuerzo por avanzar en la tecnificación y digitalización de la administración de justicia, hemos destinado importantes recursos y esfuerzos al fortalecimiento de las áreas relacionadas con la seguridad ciudadana. Ya han empezado a rendir frutos las iniciativas presentadas por este Poder de la República en el seno de la Comisión de Alto nivel que presidió el señor presidente de la República y que culminó con la aprobación de los tribunales de flagrancia, la Ley de víctimas y testigos y la de Crimen Organizado, iniciativas que tengo el orgullo de decir que salieron del seno de este Poder de la República. En este campo, debo llamar la atención sobre la necesidad de evaluar el desempeño de la jurisdicción penal juvenil y de su ley que tiene ya más de 13 años, para mejorar aquellos aspectos que nos permitan dar una mejor respuesta del sector justicia a este tema, el que quedó de lado en su momento, pero deberá ser retomado dentro de los esfuerzos por mejorar las políticas de seguridad y las respuestas que como sector justicia le damos a los ciudadanos en esta materia. He solicitado a UNICEF que nos de el apoyo para hacer un diagnóstico que nos permita determinar en qué aspectos debemos mejorar y generar las políticas necesarias en todos los campos. Quiero aclarar que no soy partidario de aumentar las penas, sino que se cumplan las que están establecidas; ni de disminuir la edad que se utiliza como parámetro para establecer la responsabilidad penal, pero sí creo que una profunda evaluación de esta materia es relevante y necesariamente traerá beneficios al abordaje del tema. Este año judicial que hoy inauguramos, nos abre una nueva oportunidad de renovar los esfuerzos por construir un modelo de justicia acorde con nuestra tradición democrática y humanista, uno que también -como todos los años -nos presenta retos importantes, especialmente conforme tienden a acentuarse una serie de patologías que no hemos logrado revertir y que siempre terminan judicializadas a través de miles de conflictos de personas que buscan un poco de justicia, una que las libre del puño de su agresor como resulta ser el caso de tantas mujeres, o de los miles de personas que son víctimas de los delitos. Nuestro reto es brindar un servicio público de calidad, en función de la persona y de sus necesidades y ello necesariamente pasa por una judicatura de calidad. Sin esto cualquier esfuerzo que hagamos en otros campos se verá empañado. Nuestro país debe sentirse orgulloso de la calidad y compromiso de sus jueces. Una fuerza que supera todos los días, un sin fin de obstáculos y carencias, para cumplir con los mandatos de la ley y de la voluntad soberana del pueblo en ella recogida. Por eso considero nuestra obligación prioritaria fortalecer la carrera judicial, revisar sus vacíos y limitaciones para garantizar que la administración de justicia seguirá en los años venideros por la senda que ha venido trazando en los últimos dos siglos. Este será uno de los retos principales que la Corte deberá analizar este año judicial que hoy comienza. Cuando me refiero a una judicatura de excelencia, no me refiero sólo a la preparación académica, sino a un concepto de juez mucho más integral. Es necesario que nuestra carrera judicial pueda incorporar de alguna forma el perfil ético de la persona así como medir su desempeño. Creo que ya tenemos la madurez suficiente para dar este paso, uno que se hace necesario para lograr una mayor consolidación de la justicia. Todos nuestros esfuerzos por consolidar un concepto de justicia democrática, deben continuar sin cesar en los años venideros. En el desarrollo de los indicadores democráticos de la justicia está la diferencia entre una justicia de calidad y una de mera apariencia. Pero cuando hablo sin cesar -desde hace varios años ya-, de la necesidad de construir una de justicia democrática, no estoy hablando de una construida sobre una visión endogámica, es decir aquella que nos conviene sólo a nosotros los jueces o servidores del poder judicial. Por el contrario es una que tenga la capacidad de garantizar la independencia de la justicia, pero dentro de un marco de rendición de cuentas y transparencia; una que tenga un equilibrio entre sus valores esenciales. Para ello, debe ser tan imparcial, como transparente, participativa y accessible, especialmente por aquellos que más necesitan de ella , una que esté orientada en lo sustantivo y no en lo meramente formal, que tenga un absoluto respeto a la dignidad del ser humano y y haga de él su razón de ser. Este ha de ser nuestro reto permanente y hasta que éste ideal no esté satisfecho, yo tampoco estaré satisfecho. En la búsqueda de este ideal de justicia, nos mueve un gran entusiasmo. Son muchísimas las horas de trabajo de mis compañeras y compañeros magistrados en esta tarea a través de sus distintas comisiones y también en su función jurisdiccional. También de muchos otros funcionarios en sus distintos niveles. Probablemente ese entusiasmo nos ha llevado a cometer errores, pero estos errores no han sido fracasos, sino la experiencia de abrir camino en terrenos que apenas aspiran muchas naciones que cada vez con más frecuencia vuelcan su mirada atenta hacia lo que está haciendo nuestro páis. Romper moldes no es fácil. Fácil es hacer lo mismo sin complicarse las cosas, pero creo que los costarricenses nos hemos caracterizado por hacer las cosas diferentes en muchos campos. Lo que está sucediendo en este Poder Judicial es un valioso, ambicioso proceso de construir un nuevo modelo de justicia y este año hemos dado enormes pasos hacia dos de sus valores esenciales. La participación de la ciudadanía en la justicia que impulsa la Comisión nacional para el mejoramiento de la administración de justicia y la construcción de estándares e indicadores de calidad en la gestión, son esfuerzos pioneros que junto con los que se llevan a cabo en otras áreas, como la transparencia, accesibilidad, ética, inclusión de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, revelan el compromiso por una justicia de calidad en el verdadero sentido democrático del término. Aprovecho este espacio para agradecer a los Poderes Ejecutivo y Legislativo el interés que tuvieron en el abordaje de los temas planteados por el Poder Judicial, no sólo en materia de seguridad sino que prácticamente en todos los temas relevantes que durante este cuatrienio llevamos a su atención. Ello se debe sin duda a la vocación democrática y humanista del señor Presidente de la República y de la sabia convicción de las y los señores Diputados que mayoritariamente se interesaron por fortalecer la justicia y con ello el estado de derecho. Debo resaltar que las relaciones de Poderes se han dado dentro del respeto a la independencia que marca nuestra Constitución Política, y dentro del marco de obligada colaboración que requiere el esquema orgánico de toda democracia moderna. Nuestro país tiene el privilegio de tener un sistema de justicia con una solidez que este año alcanza su 184 aniversario. Ciertamente no es un sistema perfecto pues muchos retos debemos aún vencer para estar al nivel que de eficiencia y eficacia que demanda nuestra sociedad, sin embargo una mirada por América Latina y aún más allá, basta para recordarnos que no todo lo que hemos hecho ha sido en vano. En el área no pasan de dos o tres los países que pueden tener nuestro nivel en general y pocos los que nos superan en indicadores de independencia, accesibilidad y transparencia, esenciales para una justicia democrática. Aún tenemos problemas de mostrador que no dejan de inquietarnos y generar fundadas críticas entre nuestros usuarios, sin embargo poniendo las cosas en perspectiva, los indicadores sustanciales de una justicia democrática que exhibe nuestro país en la actualidad, son para exhibir con orgullo ante el mundo. Naturalmente eso ha sido posible gracias a un proceso de construcción histórica de casi dos siglos que le da a nuestro sistema judicial una calidad y estabilidad envidiable para fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Quienes hoy formamos parte de esta institución partimos de una clara convicción respecto del papel clave del Poder Judicial y de la administración de justicia para el desarrollo humano y económico, así como respecto de la necesidad de que dicha labor sea cumplida de manera moderna y eficaz, pero esencialmente apoyados en valores sólidos, que entendemos como definitorios de nuestro sistema jurídico y político. De ahí los esfuerzos por fortalecer las áreas de ética, participación de la ciudadanía, género, calidad de la justicia, transparencia y accesibilidad de las poblaciones en especial condición de vulnerabilidad, como ejes trasversales de una justicia democrática. Se sabe bien que frente a los requerimientos de justicia de una sociedad altamente litigiosa como la nuestra, no existen milagros ni fórmulas mágicas y por ello en mi ejercicio como Presidente de la Corte, he preterido las soluciones prefabricadas a favor de una administración de justicia construida entre todos, a veces ladrillo por ladrillo. He actuado en la certidumbre de ser solamente parte del conjunto de personas que aportan su esfuerzo diario para brindar un buen servicio, y con la conciencia de que los cambios profundos que buscamos y el replanteo radical de la manera de servir la administración de justicia, no se dan de un día para otro, sino que toman años, lustros y a veces hasta décadas. Si se tiene claro lo anterior en nada obsta a la necesidad de proveer las soluciones requeridas, pero en cambio, tiene la virtud de poner en la perspectiva correcta, nuestra participación, suavizando vanidades personales y afanes de grandeza. Es bueno a veces darse un respiro para ver lo que hemos logrado y confrontarlo con nuestros anhelos y aspiraciones: hemos aprendido en el Poder Judicial a sacar provecho de este acto de rendición de cuentas que hoy realizamos para hacer un breve alto y levantar la vista hacia el horizonte: hacia delante está un largo camino lleno de contrastes, pero que nos enseña que vamos en la dirección correcta. Una mirada por Iberoamérica -si es del caso,- nos enseña nuestros grandes aciertos no sólo como sociedad, sino también en esta área de nuestra tradición democrática, como lo es la administración de justicia, una que sabiamente ha fortalecido no sólo sus áreas tradicionales en pro de los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que ahora se atreve a romper moldes, con nuevos enfoques de participación ciudadana e indicadores de calidad de la justicia, como elementos relacionados e imprescindibles para lograr una justicia de calidad. Esta recomposición del vínculo con el ciudadano para unirlo a nuestra nueva meta de retarnos permanentemente a nosotros mismos, no sólo desde nuestra visión de adentro para adentro, sino de una visión compartida con la ciudadanía, sin duda promete con abrir camino y asentar nuestra solidez institucional, que este año como mencioné ya celebra casi sus dos siglos. Existen muchos otros aspectos positivos que resaltar del esfuerzo que hace la Institución en todos sus campos y que no podría exponer en este espacio, pero si quiero agradecer a todas las magistradas y los magistrados, compañeros y compañeras del Consejo Superior, de la Administración, los Órganos Auxiliares, funcionarios y servidores, su absoluta y tesonera entrega al servicio de justicia, sin detenerse por las limitaciones económicas, sin desmayar frente a las amenazas y obstáculos, sin permitir que, sean estos grandes o pequeños, nos impidan cumplir nuestro deber a la sociedad. Para finalizar deseo rendir tributo a quienes este año han llevado su mística y excelencia de servicio al punto de dar su vida por la causa de la justicia. La patria les está en deuda.

Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
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