| DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER | ||
Es en el siglo XX que se acentúa la lucha por tales objetivos, pero el tema fue tocado desde la antigua Grecia; y si bien al día de hoy podemos afirmar que, al menos en Costa Rica, los derechos humanos de las mujeres se vienen consolidando, todavía falta mucho para darles el lugar merecido en esta sociedad. Indudablemente la reciente elección de doña Laura Chinchilla como Presidenta de la República, marca un hito en nuestra historia; no solo por ser la primera vez que una mujer es designada por voluntad popular para ocupar la más alta magistratura, sino por la gran cantidad de votos recibidos. Al margen de las preferencias de cada cual, hoy podernos decir de la madurez del pueblo costarricense, que no vio diferencias de género al elegir a su gobernante y se volcó a favor de una mujer en las elecciones. Deseamos a doña Laura los mejores éxitos en su administración, porque esos éxitos serán de los costarricenses, en tanto mejoren nuestros niveles de educación, salud, vivienda, trabajo y seguridad ciudadana, entre otros. Si la madurez electoral del pueblo es la nota agradable, no puede decirse lo mismo en lo tocante a la justicia. Hoy, gran cantidad de las denuncias presentadas por mujeres ante el Ministerio Público, por delitos cometidos en su contra por parte de sus esposos o convivientes, terminan desestimadas por los jueces a petición de las fiscalas y de los fiscales. La comisión de tales actos regularmente tiene lugar a puerta cerrada, en el domicilio familiar. En el momento inicial la mujer toma la decisión de su vida y denuncia a su ofensor. Sin embargo, a poco tiempo cae en cuenta de no poder sobrevivir el proceso, porque su compañero –el sostén económico del hogar− ya no está para suplir las necesidades básicas de la familia. Igual que sucede con el ciclo de la violencia, que lleva a muchas mujeres a retractarse de la denuncia, las adversidades económicas provocan que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sus hijos, ejerzan el derecho constitucional de abstenerse de declarar contra su esposo o compañero y padre, dejando sin pruebas a la fiscalía. En tal escenario una acusación es imposible y la causa penal termina desestimada. Este, podríamos decir, es un ciclo de impunidad. Urge una fuerte acción gubernamental para que la mujer pueda vivir el proceso penal con dignidad y se haga justicia a sus ofensores. Este debe ser un reto impostergable para la Administración Chinchilla. Solo así cambiará esta lamentable realidad de víctimas cotidianas y de injusticia permanente. En el Ministerio Público cumpliremos las tareas asignadas a nuestras competencias, al tiempo de solicitar al Poder Ejecutivo mejores condiciones de protección para las mujeres víctimas de delitos. No solo protección física o apoyo psicológico, sino protección económica. Reafirmamos así compromiso del Ministerio Público con las mujeres y niñas víctimas de violencia doméstica, pero también de delitos sexuales, de la trata de personas y de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, para que de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos tengan acceso efectivo a la justicia y en ella encuentren la tutela que Costa Rica les debe. |
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
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