40 ANIVERSARIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
Licda. Marta Iris Muñoz Cascante
Directora General de la Defensa Pública
La Defensa Pública surge a partir del año 1970, sin embargo nuestros orígenes datan de 1842, desde esta fecha se brindaba asistencia y representación a los jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad en materia criminal.
La Defensa Pública inicia funciones con 15 defensores y defensoras de medio tiempo destacados en las cabeceras de provincia y con un jefe.
Resulta importante resaltar que nuestra creación fue una decisión política de la Corte Suprema de Justicia y con amplia participación de los magistrados Fernando Coto y Ulises Odio, preocupados porque se debía garantizar en materia penal una defensa efectiva, con igualdad de armas frente al órgano acusador.
Además consideró la Corte en aquel momento histórico, que debía crearse la Defensa Pública ya que las personas privadas de libertad no contaban con una defensa combativa y eran pocos los abogados que se dedicaban a la materia penal, esto se evidencia con el caso del Crimen de Colima de Tibás en 1951 y el caso del robo de la Virgen de los Ángeles en 1950, en esta época ningún profesional quiso asumir la representación de los acusados en estos procesos penales.
Paulatinamente, la Defensa ha venido ampliando sus competencias, asumimos la defensa de casi el 100 % de los sentenciados con una Unidad Especializada de Ejecución de la Pena.
Representamos a los servidores y servidoras acusadas en sede disciplinaria por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones.
En el año l994 asumimos la representación de ambas partes en los procesos agrarios.
En 1996 la defensa de personas menores de edad se vio fortalecida con la entrada en vigencia de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que aumentó la cantidad de defensores y defensoras.
En el año 97 con la entrada en vigencia de la Ley de Pensiones Alimentarias asumimos la representación de mujeres, jóvenes, menores de edad y otras personas en los procesos en demanda de alimentos a su favor.
Nuestra Institución hoy se encuentra conformada por una Jefa, un subjefe, 5 Supervisores y supervisoras, 372 defensores y defensoras, 71 asistentes jurídicos, 10 investigadores e investigadoras y 95 funcionarias y funcionarios que apoyan las labores administrativas de la Defensa. Contamos con 39 oficinas distribuidas en todo el país. Y desde 1997 dejamos de ser el Departamento de Defensores Públicos y nos convertimos en la Defensa Pública con una Dirección y unidades especializadas por materia.
Hoy día, puedo decirles que la Defensa Pública es una Institución que ha logrado consolidarse a través de la historia, al abrigo del Poder Judicial, es por eso que siempre hemos defendido la pertenencia a este Poder de la República, nos hemos opuesto a corrientes que han tratado de independizarnos del Poder Judicial, ya que la pertenencia nos ha permitido desarrollar nuestra propia ideología, tener independencia funcional, presupuesto razonable, y capacitación continua.
Entre muchos otros beneficios, también gozamos del apoyo de los múltiples departamentos del Poder Judicial (proveeduría, gestión humana, Dirección Ejecutiva, transporte, imprenta, telemática, audiovisuales, financiero contable, servicios generales, seguridad, etc) sin que esta estructura implique recargo a nuestro presupuesto. Estas fortalezas han permitido la consolidación de la Defensa Pública al cumplir sus 40 años de vigencia.
En respuesta a la confianza y labor encomendada, hemos garantizado a nuestras personas usuarias, un verdadero acceso a la justicia mediante la prestación de un servicio que aspira día con día a ser de calidad y excelencia.
He sido fiel testigo y partícipe de la trayectoria de la Institución, ya que inicie como asistente jurídica siendo una joven estudiante, y ya casi con 30 años de servicio, he visto a lo largo de estos años las luchas constantes e incansables que contra la adversidad han realizado los distintos jefes que ha tenido la Defensa Pública así como los defensores y las defensoras públicas, pues nuestra labor no siempre es comprendida ni apoyada, tal es el caso de la Acción de Inconstitucionalidad presentada por un defensor público contra la ley de Penalización de la violencia contra las mujeres, donde recibimos fuertes críticas al realizar nuestra labor en defensa de la legalidad y del debido proceso pues somos vigilantes del respeto irrestricto de todos los derechos y garantías que prevee nuestro ordenamiento jurídico, no sólo a favor de la persona que representamos sino a favor de la vigencia de un Estado Constitucional y de Derecho.
En otras situaciones nuestra labor ha sido reconocida, como en el caso de la extradición de la Estadounidense Tomayko.
Esa incomprensión de nuestra función aunado al aumento en los índices de criminalidad ha traído como consecuencia que se fortalezca a los aparatos represivos, debilitando el discurso de protección de las garantías de los ciudadanos, lo cual constituye una amenaza a la Democracia como sistema político.
Debe entenderse, que en un Estado Democrático siempre que se fortalece el poder represivo deben fortalecerse también los mecanismos de control de ese poder para asegurar así un equilibrio en la protección de los derechos y las garantías fundamentales.
En esto la Defensa Pública ha tenido un rol esencial como defensora de los derechos de las personas usuarias que representa, siendo una institución persistente, perseverante, beligerante, firme, y valiente frente a las adversidades que se le han presentado.
Es por eso que hoy, tenemos el desafío de continuar sirviendo a nuestro país con eficiencia y calidad en las materias que nos han sido asignadas, y podemos garantizar que en el tanto continuemos contando con el respaldo económico y político del Poder Judicial, podremos asumir otros retos que la sociedad costarricense nos asigne, como el caso de la materia laboral y la representación de personas con capacidades especiales en los procesos judiciales, proyectos de ley que se encuentran en la Asamblea Legislativa.

Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
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