Marcela Fernández Chinchilla
Comunicadora
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| Participaron como panelistas el M.Sc. José Carlos Chinchilla Castro, Director de la Maestría de Administración de Justicia de la Universidad Nacional, el Dr. Ronald Salazar Murillo Juez del Tribunal de Casación Penal de San José, la Diputada Elizabeth Fonseca Corrales (moderadora), el M.Sc. Róger Mata Brenes Fiscal Coordinador de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público y la Diputada Ana Elena Chacón Echeverría. |
Como parte de las actividades académicas para la celebración de la inauguración Año Judicial 2010, está mañana se realizó una mesa redonda sobre los Alcances de la Ley de Protección a Víctimas y Testigos y demás Intervinientes en el Proceso Penal.
La actividad tuvo lugar en el Auditorio Judicial Miguel Blanco Quirós y contó con la participación de la Diputada Ana Elena Chacón Echeverría, el M.Sc. Róger Mata Brenes Fiscal Coordinador de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, el Dr. Ronald Salazar Murillo Juez del Tribunal de Casación Penal de San José, el M.Sc. José Carlos Chinchilla Castro, Director de la Maestría de Administración de Justicia de la Universidad Nacional y como moderadora la Diputada Elizabeth Fonseca Corrales.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Marvin Carvajal, Director de la Escuela Judicial, quien agradeció a los presentes la participación y a los expositores por la amabilidad que tuvieron para aceptar la invitación y transmitir sus conocimientos.
Los panelistas contaron con 20 minutos cada uno para exponer sus ideas sobre los alcances, ventajas y limitaciones que presenta la Ley y posteriormente los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar preguntas a los expertos.
El Lic. Róger Mata, explicó la necesidad y la importancia que tiene esta ley para la sociedad costarricense, así mismo indicó que tanto las víctimas como testigos tienen derecho a que el Estado les brinde protección en los procesos penales.
Además indicó que las víctimas no deben pensar que los imputados no tienen derechos si no que por el contrario se debe buscar un equilibrio entre las partes.
Es de suma importancia para el buen desarrollo del proceso penal el testimonio de las personas, por lo que en casos en que los testigos puedan ser amenazados, se les debe brindar toda la protección necesaria tanto en la etapa inicial, intermedia y después de terminado el proceso si la víctima lo requiere.
Según el Lic. Mata Brenes, la ley nació ante una necesidad de la sociedad costarricense, para atacar un problema, con el fin de evitar un colapso en el que las víctimas y testigos mueran a manos de criminales.
En la actualidad y gracias a esta ley, existen varios mecanismos para proteger a las personas cuando testifican, como por ejemplo la utilización de biombos o sistemas de videoconferencias que busca proteger la identidad de los testigos.
De acuerdo al Fiscal Róger Mata en el Programa de Atención a Víctimas y Testigos se están protegiendo actualmente 600 personas, agregó que ninguna persona que ha participado en el programa ha fallecido, si no por el contrario se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias para que la persona se sienta confiada y pueda seguir adelante con el proceso.
“Pero además de las responsabilidad que tiene el estado para proteger a los ciudadanos, no debemos dejar a un lado la responsabilidad que tiene una persona que se somete a dicho programa de protección, pues deben estar concientes que su estilo de vida cambiará y que las cosas que hacían en forma rutinaria deberán cambiar con el fin de que su integridad y la de sus familiares esté a salvo”, enfatizó.
Por otra parte el Dr. Ronald Salazar indicó que este es un tema muy sensible, que necesita del compromiso de todas las personas involucradas en la Administración de Justicia para su buen desarrollo y éxito.
Además explicó como la “Justicia sin Rostro” se ha implementado en otros países latinoamericanos por la violencia tan grande que existe y la falta de leyes y protección para las personas más vulnerables en los procesos penales.
Para implementar sistemas eficientes de protección a víctimas y testigos se requieren grandes inversiones de dinero y de personal humano capacitado, pues día a día son más las personas que necesitan ser protegidas con el fin de que puedan cumplir con su función de ciudadanos para denunciar casos ilícitos que se dan en sus comunidades.
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| Marvin Carvajal, Director de la Escuela Judicial, agradeció la participación de los expertos en este tema de tanta trascendencia para el Poder Judicial. |
El Dr. Salazar Murillo ejemplifico la forma en que Estados Unidos le brinda protección a los ciudadanos, como les dan un cambio de identidad completa y les brinda ayuda sicológica para enfrentar todo ese cambio.
También indicó que se debe hacer una clara diferenciación entre los Testigos Ocultos y los Anónimos, pues si bien es cierto los testigos ocultos son aquellos que brindan sus testimonios sin mostrar sus características físicas, tiene una identidad que es protegida, mientras que los testigos anónimos no son válidos para el proceso pues son personas que no se conoce su identidad.
La Diputada Ana Elena Chacón expuso sobre las ventajas que ofrece la Ley y que a diferencia de otros países, esta ley brinda protección para todos los delitos que lo requieran sin importar si se trata de un asunto de narcotráfico, violencia intrafamiliar o trata de personas.
Antes de que la ley se promulgara, existían muchos testimonios que no llegaban a debate, pues las personas se sentían amenazadas y sin ninguna protección, sin embargo con dicha ley, las víctimas se sienten más confiadas de las garantías y protección que la justicia les ofrece.
Según la Diputada Chacón, esta ley obliga a la aplicación de medidas de seguridad física, emocional y mental de las víctimas y sus familiares, así como el acceso de servicios médicos, a que se les brinde una información clara, sencilla y con un lenguaje comprensible.
La forma en que se obtiene el dinero para financiar este programa según la Diputada Chacón, es por medio del impuesto sobre los títulos valores emitidos en moneda extranjera, el cual estaba exento hasta antes de la aprobación de la ley.
El M.Sc.. José Carlos Chinchilla, expuso sobre los factores locales y globales que sirven como precedente para la realización de esta ley, la importancia que tiene para que los testimonios se den en el momento necesario durante el debate con el objetivo de garantizar el proceso penal.
También hizo referencia a la necesidad de recursos económicos para su buena implementación y el compromiso que deben tener las personas que trabajan en la administración de justicia para detectar casos en el que los testigos o víctimas están siendo amenazados por los imputados o alguna otra persona.
Para el M.Sc. Chinchilla, los menores de edad no deben ser tomados en cuanta como testigos en procesos penales, aunque se tomen en cuenta todas las medidas necesarias para la protección de su imagen y su integridad, salvo casos extremadamente necesarios.
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