Sandra Jiménez Torres, Contralora de Servicios de Cartago.

Con la visión de que la justicia en nuestro país debe ser accesible para todos y todas por igual, sin importar su procedencia, la Contraloría de Servicios del Circuito Judicial de Cartago, desarrolló en este año, una actividad denominada “Punto Informativo Migratorio”, que tuvo como objetivo garantizar el adecuado acceso al servicio de justicia de la población migrante en la zona de Tarrazú.

Esta iniciativa, se ejecutó en coordinación con el Tribunal Administrativo Migratorio (TAM) y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y buscó acercar la información y los servicios institucionales a esta población que es considerada por sus características en condición de vulnerabilidad.

Para esta edición de la Sección “La Entrevista” conversamos con la contralora de servicios de Cartago, Sandra Jiménez Torres, quien nos habla un poco más sobre esta iniciativa y el trabajo que se realiza desde la Contraloría para garantizar un adecuado acceso a la justicia en la finalidad del Poder Judicial de estar cerca de todas las personas usuarias.

¿Cómo surge la necesidad de esta iniciativa y cómo se logra concretar?

Esta iniciativa surge a partir de las necesidades informativas identificadas en la zona de Tarrazú, y de una reunión de la Subcomisión de Acceso a la Justicia para personas Migrantes y Refugiadas, donde existe representación de las autoridades vinculadas a la materia migratoria, lo que nos permitió la articulación de la actividad. Se consideró, dado que es una región caracterizada por una importante presencia de población migrante vinculada principalmente a actividades agrícolas, especialmente la cosecha de café.

Desde la Contraloría de Servicios identificamos que muchas personas requerían orientación sobre trámites migratorios y acceso a la justicia, por lo que consideramos necesario acercar los servicios institucionales a la comunidad. La propuesta se concretó mediante un esfuerzo conjunto entre la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, el Tribunal Administrativo Migratorio y la Dirección General de Migración y Extranjería, instituciones que compartimos el compromiso de garantizar el acceso efectivo a los derechos de esta población y que integran esta comisión.

¿Cuál fue el proceso para coordinar con las otras instituciones participantes y hacer realidad esta propuesta?

El proceso se desarrolló a través de una coordinación interinstitucional basada en objetivos comunes. Desde un inicio se identificó la necesidad de brindar información especializada tanto a las personas usuarias como al personal judicial. A partir de ello, se establecieron canales de comunicación con el Tribunal Administrativo Migratorio y la Dirección General de Migración y Extranjería, para organizar una jornada que combinara atención directa al público y capacitación al personal judicial. El compromiso y la disposición de las instituciones participantes fueron fundamentales para lograr una actividad integral y de alto impacto.

¿Cómo considera usted que esto ayuda al Poder Judicial y a sus personas trabajadoras en la concientización sobre la atención de estas poblaciones vulnerables?

Este tipo de espacios contribuyen significativamente a sensibilizar al personal judicial sobre las realidades y desafíos que enfrentan las personas migrantes y refugiadas. Además, fortalece los conocimientos en materia de normativa migratoria, documentos de identificación, acceso a la justicia y jurisprudencia aplicable, herramientas indispensables para brindar una atención respetuosa, inclusiva y libre de barreras. También permite visibilizar necesidades que en ocasiones pasan desapercibidas, fortaleciendo la cultura institucional de servicio y respeto por los derechos humanos

¿Qué sentimientos como funcionarias y funcionarios públicos les embargan al realizar esta importante labor y cuál fue la respuesta de las personas usuarias de la zona ante esta iniciativa?

Como personas servidoras públicas nos genera una profunda satisfacción poder acercar los servicios institucionales a comunidades que, por sus condiciones geográficas o sociales, pueden enfrentar mayores dificultades para acceder a información y orientación. Esta experiencia reafirma nuestro compromiso con una justicia más accesible y humana. La respuesta de las personas usuarias fue muy positiva, ya que encontraron un espacio cercano para aclarar dudas y recibir atención especializada sobre su situación migratoria. Asimismo, la actividad fue valorada como útil, accesible y pertinente para las necesidades de la comunidad.

¿Se pretende realizar actividades similares en otras localidades?

Consideramos que esta experiencia representa una buena práctica institucional que puede replicarse en otras zonas donde existan necesidades similares. La realidad migratoria plantea retos constantes y es importante que las instituciones continúen desarrollando espacios de información y acercamiento fuera de la Gran Área Metropolitana, especialmente en territorios donde residen o transitan poblaciones en condición de vulnerabilidad

¿Qué otras iniciativas se desarrollan desde la Contraloría para garantizar el acceso al servicio de Administración de Justicia?

Desde la Contraloría de Servicios impulsamos diversas acciones orientadas a promover la accesibilidad y la mejora continua en la atención de las personas usuarias. Entre ellas, destacan actividades informativas, procesos de sensibilización dirigidos al personal judicial, la recepción y seguimiento de gestiones ciudadanas, así como la promoción de políticas de acceso a la justicia para poblaciones en condición de vulnerabilidad, procurando siempre identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.

¿Qué mensaje se envía a la población con la concreción de este tipo de esfuerzos?

El principal mensaje es que el acceso a la justicia es un derecho de todas las personas, sin distinción de nacionalidad, origen o condición migratoria. Las instituciones públicas estamos comprometidas con construir espacios más cercanos, inclusivos y accesibles para la ciudadanía. Este tipo de iniciativas demuestran que el trabajo conjunto entre instituciones permite responder de manera efectiva a las necesidades de las comunidades y fortalecer la confianza de la población en el servicio público.