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Debilitar al Poder Judicial para que avance el
autoritarismo: la estrategia antidemocrática que se propaga por América Latina
Por Vinicio Chacón Soto | vinicio.chacon@ucr.ac.cr
8 octubre, 2025
México, Ecuador, Perú, Guatemala y El
Salvador son países donde se ha puesto en marcha un camino marcado en Costa
Rica por el chavismo, aprovechando las propias falencias del Poder Judicial.
En la medida en que se debilita el
trabajo de la judicatura y del Poder Judicial, se debilita el sistema de pesos
y contrapesos y, por ende, avanzan los modelos de autoritarismo político.
Tal es el criterio en que coinciden
varias voces expertas de diversos países de América Latina al analizar la
situación que atraviesan.
Sobran los ejemplos de cómo el dictador
salvadoreño Nayib Bukele, a
partir de su control del congreso, sustituyó a las magistraturas del tribunal
constitucional, para luego decretar estado de excepción. También del
acaparamiento que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo hizo del
Poder Judicial, una vez que purgaron a la Corte Suprema y se determinó que la
autoridad policial tiene la última palabra en la ejecución de órdenes
judiciales como allanamientos.
Sin embargo, de seguido se ofrecen casos
no tan conocidos, pero no menos graves, de cómo el debilitamiento del Poder
Judicial es aprovechado para un avance de cuadros de poder antidemocrático.
México: acaparamiento del poder
En junio se llevó a cabo el primer
proceso mediante el cual se eligió por voto popular a la mitad de la judicatura
del país y se cambió a la totalidad de las magistraturas de la Corte Suprema
menos tres, “que eran muy identificados con el oficialismo” según relata Juana
Fuentes Velázquez.
La jueza federal de la Ciudad de México
y directora nacional de la Asociación de Magistrados y Jueces Federales (Jufeta) recordó que la mitad restante de jueces y juezas
deberá elegirse en 2027 y expresó que la elección ha representado, en primer
lugar, “un retraso en la impartición de justicia”, pues muchas de las personas
electas no cuentan con experiencia ni conocimiento necesario.
Pero de mayor preocupación es el hecho
de que, según explica, la escasa participación de 10,7% fue compuesta por
“gente que totalmente comulga con el oficialismo, que fueron instruidos para ir
y votar” o población de la la tercera edad cuyos
pagos de la pensión “fueron condicionados”, si no iban a votar. Es decir,
mediante el proceso electoral se logró la colocación de jueces y juezas afines
al poder político oficialista.
A ello se suma el control del Poder
Legislativo y de las gobernaciones en 28 de los 32 estados de la República
Federal. “Ya no hay pesos y contrapesos, porque se está volviendo un momento de
polarización y el que se atreve a decir que no está de acuerdo, lo estigmatizan
como de oposición, como traidor, como retractor, y entonces ya no hay voz, hay
mucho miedo en la sociedad, mucho miedo. Entonces ya no hay esa posibilidad de
que haya voces que se que se escuchen y que
cuestionen lo que está haciendo el gobierno”.
Guatemala: rumor de golpe de Estado
Este país se apresta para entrar en un
periodo bastante complicado, pues “hay unas pugnas muy fuertes, muy poderosas
en Guatemala por la elección de la Corte de Constitucionalidad, que es en enero
del próximo año, la elección de Fiscal General, que es en marzo del próximo
año, y después viene el Tribunal Supremo Electoral”, según detalló el juez
Miguel Ángel Galvez, quien llevó el caso La Línea
(que implicó al entonces presidente Otto Pérez Molina en una red de corrupción
y contrabando) y hoy se encuentra en el exilio.
Ya en junio de este año, la comunicadora
guatemalteca Quimy De León, fundadora de Prensa
Comunitaria, explicó en UNIVERSIDAD que el Ministerio Público se convirtió en
“la herramienta más importante”, del llamado pacto de corruptos, un “entramado
dominante de grupos de oligarcas, empresarios tradicionales, narcotraficantes,
funcionarios que se han enriquecido ilícitamente a través del Estado y grupos
pro militares”.
Detalló que se trata de “la amenaza de
la persecución penal y la cárcel. Desde más o menos 2011, son miles de personas
que tienen persecución penal política en Guatemala, autoridades indígenas,
líderes comunitarios, periodistas comunitarios, representantes de
organizaciones de sociedad civil, personeros de la iglesia, jueces, fiscales,
abogados, periodistas y a la fecha la propia vicepresidenta y el presidente”.
Ahora, el juez Gálvez denuncia que “el
Poder Judicial, prácticamente todo lo que es el sector justicia, está tomado
por las estructuras” de ese pacto de corruptos. Aseveró que no hay
independencia judicial, pues la justicia “está tomada y eso es lo que permite
la criminalización, la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad, el
Ministerio Público. Ahí es donde instrumentalizan el derecho penal”.
“Nos jugamos la vida prácticamente en
Guatemala”, dijo y añadió que “se tiene que elegir uno de los fiscales más
transparentes, más éticos, con mucha probidad. Si caemos en una persona similar
a esta señora (Consuelo Porras, colocada por el evangélico Jimmy Morales) se va
a terminar de empeorar la situación”.
Por ello, llamó a la comunidad
internacional a monitorear esa elección, “porque incluso existe hasta sospechas
que le den golpe de estado a Bernardo Arévalo”.
Perú: amenazas a jueces y retroceso del
Estado de derecho
“Lamentablemente en mi país, como todos
los países de América Latina y del Caribe, estamos atravesando momentos muy
complicados para los operadores judiciales, que pese a las circunstancias de
democracias débiles, donde realmente se mantiene una casta política, están
siendo criminalizados”.
No deja lugar a dudas Antonia Saquicuray Sánchez, magistrada de la Segunda Sala de
Apelaciones de la Corte de Lima, vicepresidenta de la Asociación de Jueces para
la Justicia y Democracia y vicepresidenta de la Asociación Peruana de Mujeres
Juezas.
En los años 90, ella tomó la decisión de
no aplicar una Ley de Amnistía en favor del entonces dictador Alberto Fujimori,
una decisión en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la
razón.
Explicó que en los ataques que sufre la
judicatura “se habla de la politización de la justicia, porque iniciamos
investigaciones a los políticos, a los congresistas, a los empresarios”. De 130
congresistas, 52 enfrentan investigaciones de carácter penal por actos de
supuesta corrupción, “entonces ellos se están dando leyes con nombre
propio”. Añadió que “nos han dado como más de 22 leyes que retroceden la
lucha contra la corrupción y crimen organizado”, pues incluyen medidas como
resucitar la prescripción de los delitos corrupción y de violación de los
derechos humanos, además de eliminar la extinción de dominio.
Como un zombi, se promulgó una segunda
Ley de Amnistía y algunos jueces se han negado a aplicarla, pues es el mismo
escenario que valoró la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), “eso ha
dado lugar a que congresistas, hasta la misma presidenta de la República, la
señora (Dina) Boluarte, haya salido a criticar,
amenazar a los jueces”.
“Volvemos a retroceder a los años 90, a
la peor época de la dictadura civil-militar. Entonces, de ahí la importancia de
una justicia independiente, imparcial, que es el principal soporte de un Estado
de derecho”, señaló.
Ecuador: la represión desde Miami
Úrsula Indacochea, directora del
Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso
(DPLF), explicó como el presidente Daniel Noboa, oriundo de Miami, “lidera un
ataque contra la Corte Constitucional”, de manera activa, incluso movilizando
gente en manifestaciones (ver entrevista).
En su discurso político, el mandatario
estadounidense-ecuatoriano responsabiliza a los jueces por las víctimas de la
delincuencia organizada.
Su intención de fondo: promulgar una
nueva Constitución, eso sí, sin cumplir con los requisitos y controles que para
ello establece la vigente.
Noboa recién declaró estado de
excepción, ante las masivas manifestaciones convocadas por la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra
su gobierno, con demandas como bajar el impuesto al valor agregado u
“hospitales sin medicinas ni atención adecuada”.