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En medio de un constante asedio presupuestario y político desde el gobierno, el Poder judicial busca formas de agilizar procesos penales. (Foto: Archivo /Katya Alvarado)

País

Poder Judicial busca agilizar la justicia con reforma al Código Procesal Penal

 Por Vinicio Chacón Soto | vinicio.chacon@ucr.ac.cr

 19 marzo, 2025

Propuesta busca fortalecer los derechos de las víctimas y facilita procedimientos ante eventualidades como renuncia de la defensa o la declaratoria de un imputado en rebeldía.

En aras de mejorar la respuesta del sistema judicial ante la delincuencia y garantizar más protección para las víctimas, desde el Poder Judicial se plantea una ambiciosa reforma al Código Procesal Penal.

Patricia Solano, magistrada que preside la Sala de Casación Penal (Sala III) mediante un video divulgado expresó que “la justicia penal está en marcha, pero también sabemos que necesitamos agilizar los procesos”.

Dijo que por ello se impulsa cambios que, aseguró, “tendrán un impacto concreto en la celeridad de los juicios y en la lucha contra la impunidad”.

Explicó que la reforma propuesta se basa en tres ejes principales. En primer lugar, “darle a la audiencia preliminar el lugar protagónico que tiene”. Al respecto detalló que la persona imputada tendrá la obligación de asistir, de allí que se introduzca la figura de declararlo en rebeldía. Ello cual implica que se suspende la prescripción del delito que se le atribuya.

Además, Solano mencionó como un “aspecto fundamental” la propuesta de que la audiencia preliminar será “la última instancia en la cual se podrá aplicar soluciones alternas y abreviadas”. Con lo cual se refuerza la obligación de la asistencia de la persona imputada y se convoca a la víctima.

El segundo gran cambio que se propone precisamente para agilizar los procesos es la iniciativa de que tribunales unipersonales podrán conocer causas por delitos que se castiguen con penas hasta de diez años, cuando la norma vigente apunta un límite de pena de cinco años. Ello “permitirá resolver más casos en menos tiempo”, según se explicó mediante un comunicado.

El tercer eje tiene que ver con “todos aquellos casos en que los procesos no pueden continuar en razón de los defensores tienen múltiples agendas”. Al respecto, se estableció la obligación para la persona imputada de nombrar una nueva defensa en un plazo de cinco días para que las audiencias no se suspendan. “Sólo en caso de que no nombre otro defensor, la institución le nombrará un defensor público, porque la justicia no se puede detener en razón de las agendas de los defensores”, explicó la Magistrada.

En el comunicado se mencionó ese tema como “una práctica común en la defensa privada: posponer audiencias porque el abogado tiene la agenda llena”.

Otro de los cambios diseñados tiene que ver con la renuncia, abandono y sustitución de la defensa. Al respecto, “se regula con mayor precisión las condiciones y plazos para que un defensor renuncie o abandone la defensa, y se establecen procedimientos para la sustitución, ya sea por imposibilidad temporal o abandono injustificado”.

Con ellos se busca evitar interrupciones en el proceso por cambios intempestivos de representación legal o “técnicas dilatorias empleadas por la defensa privada”. “El objetivo es agilizar los procesos y reducir los tiempos de señalamientos y desarrollo de audiencias y juicios”, según se explicó.

“En el Poder Judicial estamos comprometidos con la seguridad y la justicia. No nos quedamos en discursos ni en repartir culpas. Estamos tomando decisiones concretas para agilizar los procesos y combatir la impunidad”, aseguró Orlando Aguirre, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia.