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En medio de un constante asedio
presupuestario y político desde el gobierno, el Poder judicial busca formas de
agilizar procesos penales. (Foto: Archivo /Katya Alvarado)
Poder Judicial busca agilizar la justicia con reforma al Código Procesal
Penal
Por Vinicio Chacón Soto | vinicio.chacon@ucr.ac.cr
19 marzo, 2025
Propuesta busca fortalecer los
derechos de las víctimas y facilita procedimientos ante eventualidades como
renuncia de la defensa o la declaratoria de un imputado en rebeldía.
En aras de mejorar la
respuesta del sistema judicial ante la delincuencia y garantizar más protección
para las víctimas, desde el Poder Judicial se plantea una ambiciosa reforma al
Código Procesal Penal.
Patricia Solano,
magistrada que preside la Sala de Casación Penal (Sala III) mediante un video
divulgado expresó que “la justicia penal está en marcha, pero también sabemos
que necesitamos agilizar los procesos”.
Dijo que por ello se
impulsa cambios que, aseguró, “tendrán un impacto concreto en la celeridad de
los juicios y en la lucha contra la impunidad”.
Explicó que la
reforma propuesta se basa en tres ejes principales. En primer lugar, “darle a
la audiencia preliminar el lugar protagónico que tiene”. Al respecto detalló
que la persona imputada tendrá la obligación de asistir, de allí que se
introduzca la figura de declararlo en rebeldía. Ello cual implica que se
suspende la prescripción del delito que se le atribuya.
Además, Solano
mencionó como un “aspecto fundamental” la propuesta de que la audiencia
preliminar será “la última instancia en la cual se podrá aplicar soluciones
alternas y abreviadas”. Con lo cual se refuerza la obligación de la asistencia
de la persona imputada y se convoca a la víctima.
El segundo gran
cambio que se propone precisamente para agilizar los procesos es la iniciativa
de que tribunales unipersonales podrán conocer causas por delitos que se
castiguen con penas hasta de diez años, cuando la norma vigente apunta un
límite de pena de cinco años. Ello “permitirá resolver más casos en menos
tiempo”, según se explicó mediante un comunicado.
El tercer eje tiene
que ver con “todos aquellos casos en que los procesos no pueden continuar en
razón de los defensores tienen múltiples agendas”. Al respecto, se estableció
la obligación para la persona imputada de nombrar una nueva defensa en un plazo
de cinco días para que las audiencias no se suspendan. “Sólo en caso de que no
nombre otro defensor, la institución le nombrará un defensor público, porque la
justicia no se puede detener en razón de las agendas de los defensores”,
explicó la Magistrada.
En el comunicado se
mencionó ese tema como “una práctica común en la defensa privada: posponer
audiencias porque el abogado tiene la agenda llena”.
Otro de los cambios
diseñados tiene que ver con la renuncia, abandono y sustitución de la defensa.
Al respecto, “se regula con mayor precisión las condiciones y plazos para que
un defensor renuncie o abandone la defensa, y se establecen procedimientos para
la sustitución, ya sea por imposibilidad temporal o abandono injustificado”.
Con ellos se busca
evitar interrupciones en el proceso por cambios intempestivos de representación
legal o “técnicas dilatorias empleadas por la defensa privada”. “El objetivo es
agilizar los procesos y reducir los tiempos de señalamientos y desarrollo de
audiencias y juicios”, según se explicó.
“En el Poder Judicial
estamos comprometidos con la seguridad y la justicia. No nos quedamos en
discursos ni en repartir culpas. Estamos tomando decisiones concretas para
agilizar los procesos y combatir la impunidad”, aseguró Orlando Aguirre,
magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia.