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El presidente de la Corte, Orlando
Aguirre, propuso a los magistrados una estrategia para declarar un Estado de
Emergencia en el Poder Judicial, ante la crisis de seguridad del país. (Imagen
de transmisión de la Corte).
Corte evalúa declarar “Estado de Urgencia” por crisis de seguridad y
consultarán a Contraloría si pueden usar fondos de emergencia
Por Mario Bermúdez Vives | marbeviv@gmail.com
10 febrero, 2025
Magistrados consideran que se
requiere un plan para declarar un Estado de Excepción por situación de
inseguridad y analizarán reorientar recursos de presupuesto en esta dirección,
pero preguntarán a Contraloría si requieren de un Decreto Ejecutivo para poder
utilizar recursos de fideicomiso de Poder Judicial para situaciones imprevistas
Los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia evalúan el procedimiento para declarar un “Estado de
Emergencia” a lo interno del Poder Judicial por la crisis de seguridad que
atraviesa el país, y la posibilidad de obtener recursos para financiar un plan
de urgencia, para lo cual consultarán a la Contraloría sobre la posibilidad de
utilizar un fideicomiso para atender necesidades urgentes o imprevistas.
Como parte de estas
acciones, los magistrados acordaron en la sesión de Corte de esta mañana que
las autoridades administrativas realizarán una revisión de sus presupuestos,
con el fin de identificar los recursos que no sean necesarios para el
cumplimiento de sus servicios y poder reorientarlos a acciones de seguridad, lo
que se complementará con una consulta a la Contraloría de la República, en el
sentido de si los magistrados pueden acceder al fideicomiso del Poder Judicial
para emergencias, con el fin de reforzar la seguridad en los circuitos
judiciales de Limón, Pococí y San José.
Además, aprobaron la
implementación de un protocolo “Persona atacante activa”, y declararon como
obligatoria la capacitación en el tema de autoprotección, por lo que las
jefaturas deberán identificar a las personas de sus áreas que no haya sido
adiestrados en este tema.
La implementación de
esta estrategia se empezó a perfilar desde la sesión de la Corte la semana
pasada, en la que los magistrados encargaron a la Presidencia de la Corte
elaborar la propuesta para establecer un plan institucional para gestionar la
emergencia que se presenta a raíz de la criminalidad que atraviesa el país con
la crisis de violencia por los niveles inéditos de homicidios, y la afectación
al Poder Judicial, que se evidencia en situaciones como el asesinato del
subjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, Geiner Zamora, el pasado 1 de febrero.
Orlando Aguirre,
presidente de la Corte, indicó a los magistrados que la declaratoria de este
“Estado de Emergencia o Excepción” requeriría de recursos para enfrentar la
situación de seguridad, por lo que realizaron una sesión secreta con Argili
Gómez, directora jurídica a.i. del Poder Judicial, y
funcionarios de la Unidad de Protección de Funcionarios Judiciales (UPRO), a
efectos de valorar la situación de infraestructura, los requerimientos para la
protección de funcionarios y personas que requieren los servicios judiciales, y
la elaboración de un acuerdo jurídico.
Luego de la parte de
la sesión declarada confidencial, los magistrados debieron decidir si procedía
aprobar un Plan de Urgencia, recurriendo a recursos del fondo de emergencias
establecido en el artículo 250 de la ley Orgánica del Poder Judicial (fondo de
contingencia, para ser utilizado ante necesidades urgentes o imprevistas,
originadas en fenómenos naturales, conmoción interna o calamidad pública y
mantener los servicios de justicia), o si se requería de una consulta a la
Contraloría, en el sentido de si se requeriría de un decreto ejecutivo. 20
magistrados consideraron que lo pertinente era realizar la consulta, y solo uno
se abstuvo.
Posteriormente, la
magistrada Julia Varela propuso realizar una “atenta solicitud” al Poder
Ejecutivo para que realizara una declaratoria de emergencia en este tema, pero
por votación de 17 magistrados contra 2, la Corte resolvió que era una petición
prematura, porque debía esperarse el resultado de la gestión ante la
Contraloría.