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Poder Judicial Propone Crear Registro Público de Funcionarios Despedidos por Corrupción y Vetar su Reingreso por 10 Años

PorRedacción

27 de octubre de 2025

En una movida sin precedentes para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción interna, el Poder Judicial ha presentado a la Asamblea Legislativa un ambicioso proyecto de ley (24.860) que busca modernizar su régimen disciplinario, incluyendo la creación de un registro público de sancionados y una prohibición de reingreso por una década.

El Poder Judicial ha dado un paso audaz en su lucha contra la corrupción interna, presentando a la Asamblea Legislativa un ambicioso proyecto de ley (24.860) que busca modernizar por completo su régimen disciplinario. La propuesta, respaldada unánimemente por la Corte Plena y expuesta por el magistrado Jorge Leiva Poveda, contempla cambios estructurales profundos, destacando la creación de un registro público de funcionarios despedidos por faltas graves y una prohibición de reingreso a la institución por 10 años.

Un Sistema Obsoleto Frente a Nuevas Amenazas

 

La iniciativa responde a la urgente necesidad de actualizar un sistema de control interno que no ha sido modificado sustancialmente en tres décadas. Según la Corte, el marco actual resulta insuficiente para enfrentar las nuevas y complejas modalidades de infiltración del crimen organizado en el aparato judicial.

Actualmente, el Poder Judicial opera con seis modelos disciplinarios distintos y fragmentados (uno para el OIJ, otro para el Ministerio Público, Defensa Pública, judicatura y área administrativa), lo que genera duplicidades e inconsistencias.

Hacia un Sistema Unificado y Tribunales Independientes

 

La propuesta central es unificar todos estos sistemas bajo un único procedimiento disciplinario. Para garantizar la imparcialidad y evitar conflictos de interés, se crearían tribunales administrativos especializados de primera y segunda instancia, los cuales operarían con autonomía e independencia del Consejo Superior y de la Corte Plena.

Registro Público y Veto de Reingreso: El Corazón de la Reforma

 

Quizás el cambio más disruptivo es la creación de un registro público de personas despedidas por corrupción. En esta base de datos, de acceso ciudadano, quedará constancia de aquellos funcionarios sancionados por faltas graves comprobadas.

Complementando esto, se establece una prohibición de reingreso al Poder Judicial por 10 años para estas personas. Si desearan volver a la institución pasado ese período, deberán empezar el proceso de selección desde cero, incluyendo nuevos exámenes y revisión de antecedentes. Esta medida busca cerrar la «puerta giratoria» que actualmente permite a funcionarios retirarse antes de concluir un proceso disciplinario para evitar la sanción y reincorporarse tiempo después.

Una Propuesta Ampliamente Consultada y con Respaldo Internacional

 

El proyecto de ley no es una improvisación. Fue elaborado con el apoyo técnico de la Embajada de Estados Unidos, el programa Estado de la Justicia, universidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. Según el magistrado Leiva, es el texto «más socializado en la historia del Poder Judicial«, incorporando experiencias de países como Alemania, Francia y Colombia para alinearse con estándares modernos de integridad judicial.

Mayor Participación Ciudadana en Procesos Disciplinarios

 

Otra novedad significativa es que, por primera vez, las personas denunciantes podrán participar activamente como parte dentro de los procedimientos disciplinarios. Tendrán derecho a aportar pruebas y a ser notificadas sobre el avance del caso, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas. Se definirán reglas uniformes para todo el proceso.

Eficiencia sin Costo Adicional: Reorganización Interna

 

El magistrado Leiva aseguró que esta profunda reforma no implicará la creación de nuevas plazas ni un aumento del gasto público. La estructura de los nuevos tribunales se financiará mediante la reorganización de oficinas existentes, como Asuntos Internos del OIJ, Inspección Fiscal e Inspección Judicial, buscando reducir duplicidades y aumentar la eficiencia.