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Poder
Judicial tendría lista nueva política para protección de funcionarios antes de
terminar el año
Por Adrián Z. Rivero | adrian.zunigarivero@ucr.ac.cr
3 julio, 2026
Costa Rica se convertiría en el primer
país de la región latinoamericana en oficializar una política de este tipo.
El Poder Judicial podría tener lista,
este mismo año, una política integral para la protección de jueces, fiscales e
investigadores y otros funcionarios clave en la lucha contra el crimen, que se
ven expuestos a riesgos de seguridad debido a sus trabajos.
En entrevista con UNIVERSIDAD, el
magistrado Gerardo Rubén Alfaro, de la Sala de Casación Penal, explicó que la
Comisión de Seguridad del Poder Judicial trabaja en la propuesta, que tendría
que aprobar la Corte Plena, como un proyecto con importancia “de primer orden”.
“Sabemos que las estructuras criminales
nos adelantan en plata, nos adelantan en tecnología, nos adelantan en
información, o sea, las estructuras criminales, hoy por hoy, están muy
fortalecidas en todos esos aspectos. Entonces, nosotros necesariamente debemos
tener en cuenta que la seguridad de nuestros funcionarios es de primer orden”,
señaló el magistrado.
Alfaro aclaró que el Poder Judicial ya
cuenta con distintos protocolos y directrices de seguridad institucional, pero
ahora la intención es unirlos todos y reforzarlos en una política integral
sobre esta materia:
“Es más bien como el cartel ideológico y
funcional de lo que el Poder Judicial quiere y puede hacer en seguridad para
sus funcionarios y para las personas que nos visitan en nuestras
instalaciones”, añadió.
De acuerdo con el alto juez, hay tres
niveles principales en los que se han orientado los esfuerzos de seguridad
institucional: infraestructura, tecnología y personas.
Por ejemplo, en el tema de
infraestructura se han trazado mapas de calor y se han reforzado las
estructuras en los puntos de mayor riesgo, como Limón, donde se ha trabajado en
muros perimetrales y puertas con accesos controlados.
En cuanto a seguridad tecnológica se han
realizado ajustes en los equipos para reforzarlos, mientras que en la
protección de personas se han desarrollado esfuerzos como capacitaciones en
seguridad personal que ya cubren a un 90% del personal del Poder Judicial, que
es de alrededor de 14 mil funcionarios.
“Antes de que termine el año
esperaríamos tener todo agrupado en algo que podamos denominar política de
seguridad”, comentó Alfaro.
El magistrado explicó que en este
proceso también se ha contado con el apoyo de la Federación Latinoamericana de
Fiscales (FLF), que remitió un protocolo para la creación de una política de
protección y seguridad de fiscales, el cual está siendo analizado por
diferentes equipos especializados del Poder Judicial.
En declaraciones previas a este medio,
el representante del comité ejecutivo de la FLF en Costa Rica, Ronald Segura,
explicó que el país se convertiría en el primero de América Latina en aprobar
una política integral de seguridad para sus funcionarios judiciales.
Sobre los recursos para financiar los
esfuerzos alrededor de este tema, Alfaro señaló que para 2026 están disponibles
y en ejecución, pero que, para 2027, se tuvo que “ajustar y limitar el trabajo”
proyectado debido a que se recortaron ₡1.000 millones respecto de lo que se
había solicitado.
“Hay que raspar la olla, pero sigue
siendo esto de primer orden”, resaltó el magistrado, quien además es
coordinador de la Comisión de Seguridad.