Corte Suprema acuerda redirigir recursos para
fortalecer la seguridad de sedes judiciales
10 Feb, 2025
• 3:56 PM
Poder Judicial
consultará si puede usarse Fondo de Emergencias del Poder Judicial para
reforzar la seguridad en los circuitos judiciales de Limón, Pococí y el I
Circuito Judicial de San José.
La Corte
Suprema de Justicia anunció esta tarde su decisión de instruir a las
diferentes direcciones del Poder Judicial para que revisen las partidas
presupuestarias asignadas y redirijan recursos con el fin de fortalecer la
seguridad de las personas usuarias y el personal judicial, sin afectar los
servicios de administración de justicia que se brindan a la población.
Desde la Corte
aseguraron que la medida busca “atender y prevenir posibles ataques a las
distintas sedes judiciales, priorizando aquellas que, según los diagnósticos
elaborados por la institución, enfrentan mayores riesgos o vulnerabilidades,
como las ubicadas en la provincia de Limón”.
En el comunicado de
prensa la Corte señaló que la medida se toma tras el lamentable asesinato del
subjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, Geiner Zamora Hidalgo, luego de ser atacado con arma de
fuego el pasado 1 de febrero.
El presidente de la
Corte, Orlando Aguirre Gómez, explicó:
Para el Poder
Judicial, la seguridad de las personas funcionarias y de quienes requieren
nuestros servicios es una prioridad. Estamos tomando medidas, fortaleciendo
programas y generando cambios, siempre con el objetivo de atender de manera
oportuna la situación de violencia que enfrenta el país. El acuerdo de este
lunes refleja el compromiso de todo el Poder Judicial y la unión hacia un mismo
objetivo”.
Además, la Corte
aprobó este lunes enviar una consulta a la Contraloría General de la
República sobre la posibilidad de declarar un Estado de
Urgencia y Necesidad, con el fin de que se pueda disponer de fondos
adicionales del Fondo de Emergencias del Poder Judicial para
reforzar la seguridad en los circuitos judiciales de Limón, Pococí y el I
Circuito Judicial de San José.
Finalmente, durante
la sesión de este lunes, la Corte aprobó la implementación del protocolo “Persona
atacante activa” y la Guía de autoprotección para personas
funcionarias del Poder Judicial, herramientas que forman parte
del Proyecto Fortalecimiento de la Seguridad Institucional. En
2024, se capacitó a 12.000 personas funcionarias en estos temas, lo que
representa un 80% del funcionariado, y se espera que este año se alcance a todo
el personal judicial.