Corte pide a diputados aprobar y dotar de presupuesto a proyecto de Ley
de Ejecución de la Pena
Plan incide en funcionamiento del Poder Judicial; magistrados reiteraron
urgencia de llenar el vacío legal en la ejecución de las penas impuestas por
dicho sistema
Por Yeryis Salas15 de enero 2024,
8:55 p.m.
La Corte Plena
pidió a los diputados aprobar el proyecto de Ley de Ejecución de Pena, el cual
definiría plazos para que los jueces correspondientes emitan resoluciones y
llenaría el vacío legal que existe sobre el cumplimiento de las sanciones
impuestas por el sistema judicial.
Actualmente, no existe una ley que
ordene la política penitenciaria en Costa Rica, la cual está sujeta a los
reglamentos que emitan los gobiernos de turno, cada cuatro años.
Este lunes, los
magistrados definieron que el proyecto incide positivamente en el
funcionamiento del Poder Judicial, aunque eso de igual forma implica que
necesitará 38 votos en el Congreso para convertirse en ley.
Los altos jueces
agregaron al dictamen, a solicitud de la magistrada de la Sala Primera Iris
Rocío Rojas, que también se les pida a los legisladores dotar de los recursos
necesarios al Poder Judicial una vez esté aprobado el texto.
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También
reiteraron que la aprobación del expediente 24.019 es necesaria, e incluso
Rojas cuestionó que se determinara que afecta al Poder Judicial, pues el texto
no crea nuevos órganos ni funciones en la institución y dicho análisis podría
dificultar que se avale, al requerir más votos.
En el 2015, la
Sala Constitucional ordenó llenar el vacío legal para garantizar los derechos
de los privados de libertad. Foto: Archivo. (Marcela_Bertozzi)
Por su parte,
Patricia Solano, magistrada de la Sala Tercera y quien presentó el dictamen
este lunes, explicó que establecer plazos a los jueces agrega nuevas
funcionalidades al personal del Poder Judicial.
Solano enfatizó
en que el proyecto fue iniciativa de este poder de la República, y ella abogó
por el mismo en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso.
Para su
presentación en la corriente legislativa, el texto fue acogido por
el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Rodrigo Arias y firmado por
otros siete congresistas de las agrupaciones Nueva República, Liberal
Progresista, Unidad Social Cristiana y Progreso Social Democrático.
“Estimamos que es
una necesidad, hay un voto del 2015 de la Sala Constitucional que obliga a la
Asamblea Legislativa a pronunciarse sobre el tema y, durante mucho tiempo, con
los órganos auxiliares de justicia desde la Sala Tercera, nos hemos abocado a la
revisión del tema y a la presentación de este proyecto de ley”, declaró Solano.
El voto al que la
magistrada hizo referencia es el 19582-2015, en el cual la Sala declaró con
lugar la inconstitucionalidad por omisión, al no existir una ley que garantice
el respeto a los derechos fundamentales de las personas detenidas.
El plan
legislativo está compuesto por 136 artículos, divididos en cinco títulos,
siendo el primero de ellos el que contiene el objeto y ámbito de aplicación de
la norma, así como los principios rectores.
El expediente
detalla los derechos y deberes de las personas sentenciadas para ofrecer un
marco de seguridad jurídica en dicho proceso. El documento también aborda las
funciones del Sistema Penitenciario Nacional, un órgano dependiente del
Ministerio de Justicia y Paz, encargado de supervisar la ejecución de la
sanción penal.
Se especifican
las funciones de los órganos administrativos, modalidades y niveles de
atención, valoraciones profesionales, ubicación y régimen disciplinario
relacionados con la ejecución penal.
Además, se
incluyen disposiciones sobre los procedimientos que puedan surgir en respuesta
a peticiones de las partes (por ejemplo, una gestión solicitada por un privado
de libertad), así como las funciones de vigilancia que deben ejercer las
personas juzgadoras sobre la actividad penitenciaria.
El plan evita
profundizar en la organización del Sistema Penitenciario, ya que esta es
competencia exclusiva de la cartera de Justicia.