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El Poder Judicial no debe ser
secuestrado por el gobierno
Resulta
inaceptable el empeño mostrado por el anterior gobierno y el actual para
estrangular financieramente el Poder Judicial
Por Ronald Matute
28
de julio 2026, 05:35 a. m.
En
la misma semana en que trascendió que el gobierno de Laura Fernández le dio un
pellizco millonario al presupuesto del Poder Judicial, resultó que el OIJ y la
Fiscalía detuvieron al hombre más buscado por la
justicia costarricense.
La
captura ocurrió gracias a una de las investigaciones judiciales más complejas y peligrosas de la historia reciente del país.
Esta
operación no solo asestó un golpe contundente al crimen organizado, sino que
confirmó el decisivo papel que desempeñan el Organismo de
Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público en favor de la seguridad
nacional.
En
los últimos meses, los costarricenses hemos sido testigos casi a diario de los
operativos liderados por ambas instituciones para desmantelar organizaciones
dedicadas a todo tipo de modalidades delictivas.
Dichas
intervenciones no son obra de la casualidad. Son producto de
laboriosas pesquisas desarrolladas por especialistas con el apoyo de
herramientas tecnológicas, estrategias de seguimiento y meticulosos planes de
intervención.
Todos
estos recursos resultan, ahora más que nunca, indispensables para contrarrestar
a grupos que cada vez muestran mayor grado de sofisticación a la hora
de delinquir y que cuentan con medios casi ilimitados para actuar.
Los
resultados de los operativos están a la vista del que quiera verlos. Por ello,
resulta totalmente inadmisible el empeño mostrado por el anterior gobierno y el
actual para estrangular financieramente el Poder Judicial.
La
más reciente maniobra trascendió el lunes 20 de julio, cuando las autoridades
de la Corte denunciaron que el Ministerio de Hacienda les dejará de girar ¢3.053
millones que ya estaban presupuestados para este año.
Alertaron
de que dicho recorte limitará la realización de operativos del OIJ,
impedirá adquirir licencias de software y plataformas para
análisis criminal, afectará la atención y protección de víctimas y
obligará a reprogramar juicios.
En
paralelo a los recortes de dinero, la presidenta insiste en desacreditar
a la Corte y a sus principales líderes, al tiempo que aboga por la
aprobación de una serie de reformas al Poder Judicial cargadas de errores
técnicos y legales.
Además,
los diputados del oficialismo mantienen en jaque la operación de la Sala
Constitucional al bloquear la elección de magistrados suplentes.
¿De
qué se trata todo esto? ¿Será cierto que el chavismo quiere tomar el control de
la Corte a la brava?
Si
fuese así, lo más grave es que se pretenda socavar un poder de la República
que, al igual que el Ejecutivo y el Legislativo, tiene agudos problemas que
debe resolver, pero cuya solvencia e independencia son indispensables.
El
Poder Judicial no debe ser secuestrado por Zapote. Eso no les conviene ni a la
ciudadanía ni al propio gobierno.
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El
Poder Judicial denunció que el Ministerio de Hacienda dejará de girarle ¢3.053
millones que ya estaban aprobados en el presupuesto del 2026. (Esteban Bermudez/ebermudez)