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La empresa Grupo Monge aloja a la financiera GMG Servicios de Costa Rica, que en 2018 tenía demandados a 86.000 clientes. Foto: Miriet Ábrego

País

Corte pide aprobar proyecto que crearía una tasa a demandas de cobro judicial

 Por Álvaro Murillo | alvaro.murillomurillo@ucr.ac.cr

 20 septiembre, 2021

Magistrados avalaron el informe del suplente Germán Serrano García, según el cual el expediente afectaría de manera favorable al cobrar a los demandantes de esos procesos que saturan a los juzgados, pues en 2020 alcanzó 832.682 los expedientes circulantes.

La Corte Suprema de Justicia aprobó por mayoría un informe que respalda el proyecto de ley para crear una tasa especial a los cobros judiciales, con el objetivo de obtener recursos adicionales y mitigar la congestión de casos que esa materia genera en el aparato judicial.

Los miembros de la Corte avalaron el informe del magistrado suplente Germán Serrano García, según el cual afectaría de manera favorable el cobro a los demandantes de esos procesos judiciales que saturan a los juzgados, pues en 2020 alcanzó 832.682 los expedientes circulantes.

La tasa se calcularía como porcentaje del valor de la estimación de la demanda de los procesos, con un mínimo del 1,5% y máximo de 2,5%, pero por encima de un monto que rondarìa actualmente los 46.000 colones (10% del salario base mensual de la persona oficinista 1 del Poder Judicial), segùn el expediente legislativo.

La tasa está planteada como un “destino específico”, con el objetivo de que quede fuera del Presupuesto institucional y de los límites a los que se debe someter, con lo cual los ingresos extra se podrían dirigir específicamente al reforzamiento de las capacidades de trámite de esos cobros judiciales, como coincidió la mayoría de magistrados en la sesión de Corte Plena de este martes. 

El magistrado Serrano dijo que esta reforma legal es oportuna para enfrentar el problema que se arrastra desde hace varios años por los cambios en la cultura de consumo de la población, pero sobre todo ahora que la situación económica se ha deteriorado más por los efectos de la pandemia de COVID-19. Eso podría aumentar el circulante de cobros judiciales, que de por sí es alto.

“¡Es una barbaridad! Es exagerado y con todo respeto creo que esto no va a parar, porque estamos hablando con esto de la pandemia que acabamos de ver y si siguen las medidas (restrictivas) Definitivamente los temas cobratorios no van a disminuir por más que se intente. Pero por lo menos habría que trasladar ese costo a los grandes usuarios”, 

“Creo que es importante que nosotros aquí en la Corte lo tengamos claro, porque estos grandes usuarios que están pasando por incobrable, todos estos créditos y finalmente los venden por sumas irrisorias y entonces nuevamente vuelven quienes adquieren esos créditos. Son derechos litigiosos que ceden, entonces nuevamente activan el aparato jurisdiccional, entonces eso es una bola de nieve de no acabar. Reitero que sí incide favorablemente”, expuso Serano en sesión de la Corte. 

Un reportaje de este Semanario en 2019, basado en estudios internos del Poder Judicial, mostró que la atención de los cobros judiciales representó para un costo de 12.130 millones solo en el 2018, la mitad del monto que las autoridades lograron recuperar para las empresas o instituciones acreedoras en ese mismo año. 

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Para ese momento la empresa que más cobros judiciales tenía activados era Instacredit, seguida de GMG Servicios Costa Rica (subsidiaria de Grupo Monge) y el Banco Popular. Le seguían la CCSS, Gestionadora de Créditos SJ y Bac San Josè, además de su asociada Credomatic. De volumen total, un 87% correspondía a créditos sin garantía.

El actual proyecto de ley corresponde a un nuevo intento de una idea similar planteada en un expediente anterior. Lo presentó el Poder Ejecutivo y está a cargo de la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, que deberá rendir un dictamen al plenario, donde podría aprobarse por mayoría simple, al no recibir una objeción de parte del Poder Judicial.