Las magistradas Sandra Zúñiga y Patricia Vargas compartieron con el
resto e Corte Plena sus preocupaciones sobre la desbandada de personal. (Foto:
Poder Judicial)
Corte Plena busca cómo enfrentar la fuga de personal
Por Vinicio Chacón | vinicio.chacon@ucr.ac.cr
15 enero, 2024
Reciente renuncia de odontólogo forense llamó la
atención sobre la realidad de pérdida de personal agravada por elementos como
la Ley de Empleo Público y la reforma de pensiones.
Esta mañana los
magistrados y magistradas de la Corte Plena alteraron el orden de la agenda
para abocarse al conocimiento de un tema que varios de ellos calificaron como
“fundamental”: la oleada de renuncias de personal calificado.
Se trata de un tema
que no es nuevo pero que cobró notoriedad luego de que la semana se conociera
la lapidaria carta de renuncia del odontólogo forense José Manuel Fernández,
quien además de describir un clima de malas condiciones salariales, nulas
oportunidades de capacitación y escasos incentivos, incluso aportó una lista de
23 profesionales en medicina forense y 12 en psiquiatría que han renunciado.
José Manuel Fernández, quien declarará
como perito experto en el juicio por el asesinato de María Luisa Cedeño, aportó
una lista de 23 profesionales en medicina forense y 12 en psiquiatría que han
renunciado, y pidió a las autoridades judiciales que “busquen la manera de
frenar la fuga de personal”.
De hecho, de acuerdo
con datos oficiales, entre 2018 y 2023 se presentó un total de 834 renuncias en
la institución.
Ante solicitud de la
magistrada Patricia Vargas, quien observó que uno de los últimos puntos del
orden del día era una intervención solicitada por el magistrado Fernando Cruz
para hablar del tema, solicitó que se alterara la agenda para conocerlo de una vez,
y luego de que así se acordara intervino para afirmar que la renuncia de
Fernández refleja “un descontento generalizado” de la población judicial, pues
las “condiciones laborales que son cada vez más complicadas, producto de las
reformas que se han operado en materias jubilaciones y pensiones y por supuesto
las restricciones que en términos económicos han supuesto la Ley Marco de
Empleo Público y la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas”.
Vargas insistió en
que el tema debe ser prioritario porque se trata de “personas que en su mayoría
suelen ser altamente calificadas, altamente especializadas” y añadió que ello favorece
a la criminalidad.
La magistrada Julia
Varela entre otras reflexiones indicó respecto de esas leyes que su ejecución
se impuso en el país “muy rápido”, dijo “sin estar realmente preparados”.
Jesús Ramírez también
compartió la preocupación y cuestionó que “la Contraloría General de la
República se salió de la Ley de Empleo Público sin ser un poder de la República
y nosotros ni siquiera tomamos ninguna medida”.
Patricia Solano,
presidenta de la Sala III, que ve materia penal, dijo que en su carta de
renuncia el odontólogo Fernández “de manera muy detallada expresa cuál es el
sentir de la población judicial”.
Además cuestionó que
en materia de seguridad “de nada sirve que venga nueva legislación si nosotros
no tenemos el talento humano para poder abordar todos los temas que están
siendo sometidos a nuestro conocimiento”.
“Ese personal tiene
que tener una remuneración a la altura de los conocimientos que deben tener y
la capacitación para poder dar resultados como los que espera la ciudadanía de
nosotros”, añadió.
Por otra parte, el
magistrado Rubén Aflaro llamó la atención a que el
problema no se reduce a la Dirección de Medicina Forense del Organismo de
Investigación Judicial (OIJ). “También es una preocupación enorme si nos vamos
a las diferentes direcciones” y mencionó a la Dirección de Tecnologías de la
Información, cuya directora Kattia Morales ya le ha expresado los problemas que
enfrenta para “reclutar y para sostener a la mejor gente”.
“Nadie puede negar
que hay un escenario completamente distinto después de la Ley de
fortalecimiento de las finanzas públicas, después de la reforma el Régimen de
pensiones y después de la Ley de Empleo Público” y coincidió con Varela al
afirmar que “el Estado costarricense no estaba preparado para este embate y lo
que hemos sufrido en los últimos cinco años es una precarización del servicio
público”.
El magistrado
Fernando Cruz a pesar de estar aquejado por un problema de salud, pudo
incorporarse a la sesión para afirmar que “el Poder Ejecutivo y el parlamento
de la Asamblea pasada, simplemente por razones fiscalistas destrozaron el
sistema de salarial de la Corte”.
Cuestionó
disposiciones incluidas en las mencionadas leyes, sobre todo la Ley de Empleo
Público, como reducir el reconocimiento salarial de los títulos o no valorar
adecuadamente la antigüedad de las personas trabajadoras.
“El tema de los
salarios que ha pasado por el Poder Judicial y todo el sector público es
realmente brutal y ha tenido incidencia en la Caja, en universidades y todo”,
añadió.
Al final, se contó
con 21 votos de los magistrados y magistradas presentes para encargar a la
Comisión para la implementación de la Ley Marco de Empleo Público un informe
sobre la política salarial de la institución y la situación de las personas fu ncionarias, con el fin de “idear acciones y estrategias
para afrontar la fuga de cerebros”.
Esa Comisión está
integrada por el magistrado presidente e la Corte
Orlando Aguirre, Julia Varela, . Gerardo Ruben
Alfaro, Damaris Vargas y Roxana Chacón de Corte Plena, junto a la directora de
Gestión Humana Roxana Arrieta y Rodrigo Campos, de la Dirección Jurídica.
También incluye a Róger Mata, jefe de despacho de la
Presidencia de la Corte y a la magistrada suplente Ileana Sánchez.