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Corte propone cambios en el
tema de medidas cautelares
Ante
avance del crimen organizado
Publicado
el: 07 de Septiembre de 2026 - 15:26
Sucesos
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Corte
Plena. Imagen con fines ilustrativos. • Foto: Wilberth Hernández
Wilmer
Madrigalwilmer.madrigal@grupoextra.com
Las
Salas Primera, Segunda y Tercera de la Corte Suprema de Justicia revisarán las
normas que regulan las medidas cautelares, con el propósito de plantear
posibles cambios que permitan responder al avance del crimen organizado y la
corrupción.
La
decisión fue adoptada por Corte Plena este lunes 7 de setiembre. Las
magistraturas tendrán un plazo de 15 días para analizar la normativa aplicada
en procesos penales, laborales y contencioso-administrativos.
El
estudio determinará si el marco jurídico vigente responde de manera adecuada a
las nuevas realidades del país y permite tomar decisiones oportunas ante casos
que podrían afectar a la sociedad y la institucionalidad democrática.
“El
derecho tiene que responder a las necesidades que demanda la realidad social.
Por eso, es necesario revisar y precisar la normativa sobre medidas cautelares,
de manera que establezca los elementos que deben analizarse para decidir su
aplicación”, manifestó el magistrado de la Sala Constitucional, Paul Rueda.
El
funcionario agregó que esta revisión debe efectuarse periódicamente y sin
prejuzgar sobre expedientes específicos.
“Esta
revisión debe realizarse periódicamente, sin prejuzgar sobre casos concretos,
para fortalecer la seguridad jurídica y permitir una respuesta más clara ante
las situaciones que se están presentando”, añadió.
La
iniciativa fue impulsada por Rueda junto con los magistrados Luis Porfirio
Sánchez y Jorge Olaso, de la Sala Segunda; Jorge Leiva, de la Sala Primera, y
Patricia Vargas, de la Sala Tercera.
Funcionarios
bajo investigación
Uno
de los aspectos que se analizarán será la posibilidad de reinstalar o mantener
separado de su cargo a un trabajador mientras se desarrolla una investigación
relacionada con presuntos actos de corrupción o crimen organizado.
Para
las magistraturas, este tipo de decisiones puede incidir en el funcionamiento
de las instituciones y en la protección del interés público.
Las
propuestas pondrán especial atención en los casos de corrupción y delincuencia
organizada, pero respetarán la independencia judicial y las competencias de
cada persona juzgadora.
“La
Corte no puede entrar a valorar o revisar decisiones jurisdiccionales
concretas, pero está claro que, frente a la letra de la ley, se puede analizar,
discutir y valorar la generación de propuestas que permitan responder mejor a
las situaciones que se presentan actualmente en el país”, señaló la magistrada
Patricia Vargas.
La
Corte aclaró que la iniciativa no pretende revisar resoluciones particulares ni
ordenarles a los jueces cómo resolver los procesos sometidos a su conocimiento.
Casos
tendrán atención prioritaria
Corte
Plena también aprobó una propuesta de la magistrada Damaris Vargas para que los
despachos judiciales brinden atención diligente y prioritaria, cuando
corresponda legalmente, a procesos en los que figuren funcionarios judiciales
investigados por presunta corrupción.
La
medida busca agilizar expedientes que tengan pendientes decisiones sobre
medidas cautelares, sentencias o recursos.
La
prioridad cobra especial relevancia cuando el funcionario investigado se
encuentra suspendido con goce de salario, debido al impacto que esta situación
puede generar en el servicio de justicia y en el presupuesto institucional.