Poder Judicial impulsa reforma que aceleraría cientos de juicios

Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera de Casación Penal, insistió en la necesidad de aprobar un proyecto de ley que permitiría apurar cientos de juicios y facilitar la lucha contra la criminalidad a un costo menor.

Se trata de un expediente que plantea que, en todos los casos en los que un imputado se expone a una pena de cárcel menor a 10 años, un solo juez podrá resolver, en lugar de que se necesite un tribunal de tres jueces, como ocurre en la actualidad.

Un tribunal unipersonal solo puede resolver casos de delitos muy menores como desobediencia a la autoridad, lesiones culposas, agresión con arma, amenazas agravadas y cualquier otra cuyo castigo máximo no sea mayor a cinco años.

La intención es ampliar la lista para que un solo juzgador no necesite otros dos cojueces para tramitar juicios de otros casos como extorsión informática, robo, estafa, o conducción temeraria, cuyos castigos pueden ser mayores a 5 años, pero no superan una década.

Un pequeña modificación como esa podría ayudar a desaturar a los tribunales colegiados de tres o cuatro jueces para que se dediquen a casos más grandes y, además, permitiría reducir la mora judicial.

Solano reconoce que, aunque se requeriría inversión para implementar el cambio, es mucho más barato que suplir la gran cantidad de jueces que se necesitan bajo el sistema actual.

"El costo que tiene su implementación es cercano a los ₡17.000 millones, porque se van a requerir otro fiscal, otro defensor y el personal de apoyo, porque los jueces no funcionan solos", detalló la magistrada.

Un planteamiento de este tipo ni siquiera serviría para reforzar la judicatura a los niveles necesarios para brindar una respuesta más expedita, dado que actualmente existe una carencia de al menos 156 jueces de juicio, lo que le costaría mucho más dinero al país.

"Eso es mucho más caro que los ₡17.000 millones y permitiría eficientar los recursos, sabiendo que el país atraviesa una situación financiera en donde todos los cinco los contamos", añadió Solano.

Más cambios

El mismo proyecto de ley permitiría controlar algunas tácticas dilatorias de abogados, al introducir como norma que, si un defensor privado no puede asistir a una audiencia penal por motivos de agenda o colisión de señalamientos, el imputado tendrá un plazo máximo de cinco días para nombrar a un nuevo defensor.

De no hacerlo, se le asignará de inmediato un defensor público para evitar la suspensión constante de los debates. Así se impedirían suspensiones reiteradas.

Adicionalmente, la iniciativa permitiría la declaratoria automática de rebeldía. Si el imputado no se presenta a la audiencia preliminar sin una justificación válida y comprobada, se le declarará en rebeldía de manera inmediata, a diferencia de lo que sucede actualmente.

También pretende limitar las salidas alternas al establecer la audiencia preliminar como la última oportunidad procesal para que las partes acuerden una solución alternativa al conflicto o recurran a un procedimiento abreviado.

De esta forma, se evitaría lo que ocurre en la actualidad: que el juicio sea programado muchos meses después de la audiencia preliminar y que las partes negocien hasta entonces.

Todo esto forma parte del proyecto de ley 24.913, presentado desde marzo de 2025 y que ya fue avalado por la Comisión Legislativa de Asuntos Jurídicos. Es decir, está listo para llegar al plenario legislativo y convertirse en ley mediante votaciones en primer y segundo debate.

No obstante, la agenda del Congreso es controlada por tres meses por el Poder Ejecutivo y el presidente Rodrigo Chaves no lo ha convocado.

Solano explicó que, durante el encuentro con la presidenta Laura Fernández el lunes, le expusieron que varias iniciativas como esta, surgidas desde el Poder Judicial, ya cuentan incluso con informe mayoritario para su aprobación.

Sin embargo, no recibieron respuesta y únicamente se plantearon quejas sobre los jueces de ejecución de la pena y de la Corte Plena. Ahora buscarán acercarse a los nuevos diputados para impulsar su aprobación.

Otras intervenciones

Para la magistrada Solano, este tipo de ajustes resulta mucho más eficiente y rápido que emprender una reforma integral de leyes como el Código Penal y el Código Procesal Penal, que regulan los delitos y la forma en que se juzgan en el país.

Los magistrados también han tomado medidas en otros ámbitos, como buscar personalmente la manera de optimizar las agendas de tribunales y juzgados penales más saturados.

Si bien los miembros de la Corte no pueden intervenir en las decisiones sobre cómo un juzgador resuelve un caso, sí pueden actuar en la parte operativa, reuniéndose con algunos despachos colapsados para buscar formas de acelerar juicios y audiencias.

"Revisamos agendas porque nosotros podemos ver la parte administrativa de la administración de justicia. La parte de la independencia del juez tiene que ver con el juez frente al caso concreto y ahí no nos metemos", concluyó Solano.