Poder Judicial y PNUD fortalecen alianza estratégica para impulsar la innovación y la tecnología al servicio de una justicia más accesible y eficiente |
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| Erick Fernández Masís Periodista
Con el propósito de establecer un marco de cooperación no exclusivo, facilitar y fortalecer la colaboración entre el Poder Judicial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en las áreas de interés común, se firmó el pasado 18 de setiembre un Memorando de Entendimiento entre ambas instituciones. Dicha propuesta de cooperación busca mejorar la administración de justicia, la resiliencia judicial, la transparencia, el acceso a la justicia de todas las personas y el fortalecimiento de la confianza ciudadana, en el propósito del Poder Judicial de coadyuvar en el cumplimiento de la misión que tiene establecida constitucionalmente de administrar justicia en forma pronta y cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con el ordenamiento jurídico, garantizando calidad en la prestación de servicios para las personas usuarias que lo requieran. El documento fue suscrito por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez y Sandra Sosa Cárcamo, representante residente del PNUD en Costa Rica, quienes resaltaron la importancia del mismo. Para el Expresidente de la Corte, la materialización de esta firma es fundamental, ya que contribuirá en el fortalecimiento de la independencia judicial como una garantía ciudadana, pero, sobre todo, dará la posibilidad de acceder a buenas prácticas de otros sistemas judiciales, para que la justicia sea más célere, más eficaz y cercana a la gente, que es lo que realmente interesa. “Para el Poder Judicial de Costa Rica, esto implica una alianza que promueve el respeto, la promoción y la aplicación en su justa dimensión de los derechos humanos a todas las personas”, destacó el magistrado Aguirre Gómez. Por su parte, la representante residente del PNUD en Costa Rica, Sandra Sosa Cárcamo, destacó que este acto expresa una convicción compartida sobre una justicia independiente, accesible, eficaz y cercana a las personas, lo cual es indispensable para el desarrollo humano, la vigencia de los derechos humanos y la fortaleza de la democracia. “Este memorando es una oportunidad para contribuir a mejorar la administración de justicia, fortalecer la resiliencia judicial, promover la transparencia, ampliar el acceso a la justicia y afianzar la confianza ciudadana, situando a las personas en el centro, y entendiendo que detrás de cada expediente, existe una historia que requiere una respuesta oportuna, imparcial y respetuosa de la dignidad humana”, expresó Sosa Cárcamo. Intercambio de experiencias para el uso de la IA
Por medio de esta alianza se pretende identificar y explorar la implementación de experiencias sobre información y comunicación desde la administración de justicia hacia la ciudadanía, para promover discusiones informadas sobre el valor de la independencia judicial, como condición indispensable del sistema democrático y apoyar el fortalecimiento de espacios regionales para el intercambio de experiencias y cooperación, incluyendo el diseño y desarrollo del laboratorio de innovación judicial con miras en la eficiencia y transparencia de los sistemas de justicia. Cabe destacar, que la firma de este documento permitirá el trabajo conjunto en procesos que contribuyan a fortalecer la modernización institucional que contempla, el análisis riguroso de la información, la generación de espacios de diálogo inclusivo, la transformación digital y el uso de la inteligencia artificial, incorporando en todas las acciones la perspectiva de género y análisis interseccional. Adicionalmente, se resalta, que promoverá la identificación de buenas prácticas a nivel regional y la cooperación sur-sur, especialmente en el marco del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe y la Cumbre Judicial Iberoamericana, así como la red de oficina del PNUD en América Latina y el Caribe. La cooperación propuesta en el “Memorando” es de carácter no exclusivo y tendrá una duración inicial de tres años desde la fecha de entrada en vigor, la cual se materializa con la firma del documento, y se informa que las partes pueden acordar por escrito la prórroga por periodos subsiguientes de tres años cada uno en los mismos términos y condiciones. En la actividad, se contó adicionalmente con la participación de Karen Leiva Chavarría, jefa de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial (OCRI) y de Alexis Mora Cambronero, profesional de la misma oficina, Randall Brenes Suárez, Oficial de Gobernabilidad y Desarrollo Humano, Rafaella Sánchez, Especialista en Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres y Mariana Alvarez, Asociada de Comunicación, todos del PNUD. |