Poder Judicial aprobó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio económico 2027.

En estricto apego a las disposiciones y límites establecidos por el Ministerio de Hacienda, y sin creación de plazas nuevas, el Poder Judicial aprobó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio económico 2027, el pasado 25 de mayo en sesión de Corte Plena.

El presupuesto judicial de ₡530.183,17 millones, se apega al límite establecido por el Ministerio de Hacienda, que equivale a una disminución de gasto corriente y de capital de ₡11.342,51millones, con respecto al presupuesto 2026.

El monto previsto para 2027 contempla únicamente los requerimientos mínimos indispensables para el funcionamiento institucional.

No obstante, quedan sin financiamiento importantes necesidades operativas, como la innovación y ampliación de servicios digitales, orientadas a mejorar la eficiencia y la atención a las personas usuarias, así como limitaciones en infraestructura física.

La reducción presupuestaria impactará gastos ineludibles para la operación básica de los servicios judiciales. Entre las afectaciones se encuentran el recorte en construcción, el reemplazo cero de vehículos —de los cuales el 51% corresponde al OIJ—, la inversión tecnológica y proyectos de seguridad institucional.

Durante su exposición ante la Corte Plena, el Magistrado presidente, Orlando Aguirre Gómez, reafirmó el compromiso institucional con la eficiencia y la mejora continua, incluso en escenarios de restricción económica como el que se enfrenta actualmente.

Poder Judicial avanza

A pesar de las restricciones presupuestarias, el Poder Judicial ha mostrado avances importantes en rendimiento utilizando los mismos recursos. Entre 2021 y 2025 se registran los siguientes resultados:

• Reducción de 62.932 expedientes activos, equivalente a un 7,84%.
• Aumento de la productividad en un 26,92%, equivalente a 144.774 casos más resueltos en comparación con los últimos cinco años.
• Priorización de expedientes antiguos en la resolución judicial.
• Implementación de modelos de monitoreo y mejora continua en despachos judiciales para identificar oportunidades de mejora y ejecutar planes de respuesta inmediatos.
• Impulso al rediseño de procesos y a la transformación digital.

Necesidades institucionales sin contenido presupuestario

• Fortalecimiento de despachos penales: 1.399 plazas requeridas | costo estimado: ₡46.647 millones.
• Tribunales Peninsulares: acceso a la justicia en zonas cercanas a Puerto Jiménez | 33 plazas | ₡1.261 millones.
• Implementación de la reforma a la Ley 7594 (prueba anticipada en delitos sexuales): 65 plazas | ₡2.933 millones.
• Custodios para oficinas del OIJ: 121 plazas a nivel nacional | ₡2.936 millones.
• Creación de la Jurisdicción Especializada para Pueblos Indígenas: 165 plazas | ₡5.643 millones.
• Ámbito administrativo: 58 plazas | ₡1.777 millones.
• Ley 9582 de Justicia Restaurativa: 39 plazas | ₡1.430 millones.
• Impacto del Código de Familia en Trabajo Social y Psicología: 29 plazas | ₡1.092 millones.
• Ley 9983 de Contratación Pública: 17 plazas | ₡589 millones.
• Necesidades materia Penal Juvenil: 34 plazas, costo estimado en ¢1.938.466.050.