Embajador de España En Costa Rica, Juan Ignacio Morro y la magistrada Damaris Vargas Vásquez.

Con el objetivo de informar sobre el avance y el estado actual del proceso de co-creación de la Política de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas y definir los aspectos prioritarios en materia de cooperación internacional, para avanzar en la consulta e implementación, se desarrolló el pasado mes de enero un encuentro con la Embajada de España en Costa Rica y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El encuentro permitió que la institución brindara información a los representantes españoles sobre los avances que se tienen a la fecha, así como los retos para finalizar la Política, en aras de concretar aspectos que permitan la continuidad del trabajo que se ha venido desarrollando en una segunda etapa del proyecto.

Según indicó la magistrada Damaris Vargas Vásquez, en este momento se cuenta con el diagnóstico de la Política que se realizó con los ocho pueblos que habitan los 24 territorios indígenas que existen en el país, y con una propuesta de política para iniciar el proceso de consulta en los territorios.

“El proyecto ya está avanzado y está en la etapa más importante, que es la consulta con los pueblos indígenas, donde los diálogos, que están proyectados para este año, se van a trabajar directamente en los territorios en todo el país”, resaltó la Magistrada Vargas.

Es importante señalar, que el trabajo de la co-creación de esta Política es un tema prioritario para el Poder Judicial, el cual pretende mejorar el acceso a la justicia de las poblaciones indígenas, desde su cosmovisión y perspectiva, donde ellos presenten aportes respecto de cuáles deben ser las mejoras que se deben realizar institucionalmente para brindarles un mejor servicio público.

La Sra. Vargas Vásquez resaltó que el proyecto de la Política ha tenido gran acogida por parte de las poblaciones indígenas, con quienes ha tenido la posibilidad de establecer contacto directo y transmitir el mensaje institucional sobre el interés de adaptar el servicio a sus necesidades, de acuerdo con los más altos estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este Convenio regula los derechos de las poblaciones indígenas y plantea que este tipo de políticas deben hacerse directamente en sus territorios, además, resaltó el trabajo de seguimiento que se ha realizado con los demás Poderes de la República, para cumplir con las Medidas Cautelares 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dicta directrices al Estado Costarricense, sobre cuáles son los aspectos que tiene que cumplir para dar un adecuado acceso a los servicios públicos para estas poblaciones en condición de vulnerabilidad.

La jerarca institucional acentúo también la importancia de la cooperación internacional, que ha recibido la institución de otras de entidades como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (El PAcCTO 2.0.), de la Unión Europea.

El director de Planificación, Sr. Allan Pow Hing, dio a conocer el proceso de ejecución del proyecto institucional, para lo cual destacó las cuatro fases de la misma, visibilizando los avances alcanzados hasta el momento, además de los mencionados por la magistrada Vargas Vásquez, el desarrollo de actividades tales como encuentros históricos con representantes indígenas, en la detección de temas prioritarios y los problemas a resolver, así como la estrategia de sostenibilidad; adicionalmente, hizo hincapié en la importancia del apoyo de la Corte Plena a este proyecto.

Reunión se desarrolló en la oficina 804 del edificio de la Corte Suprema de Justicia.

“La cooperación española es muy seria, muy estable y están encantados de cooperar con el pueblo y el Poder Judicial de Costa Rica, ya que este tema de la atención a las poblaciones indígenas interesa mucho y desde el primer momento impresionó por la cantidad de poblaciones que tiene el país. Es una idea muy buena y estamos conscientes de que hay una segunda fase, en donde afirmamos el compromiso de apoyo a la institución”, mencionó el Embajador.

En dicha reunión, se contó con la participación de la magistrada vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, la señora Damaris Vargas Vásquez quien lidera el proceso de co-creación de la Política; el director de Planificación, Allan Pow Hing Cordero; la jefa de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial (OCRI), Karen Leiva Chavarría; la jefa de la Unidad de Acceso a la Justicia, Melissa Benavides Víquez; la profesional de la misma oficina, Angie Calderón Chaves y la profesional de la OCRI, Sheila Calvo Hidalgo.