Magistrado Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Iniciamos el Año Judicial 2026 y el Bicentenario del Poder Judicial en una hora exigente para la República.

Lo hacemos en medio de una crisis de inseguridad que golpea con dureza al país, en un clima político crispado y en una época en que la desinformación, la polarización y la simplificación amenazan con empobrecer la conversación pública.

Lo hacemos, además, en un tiempo en que muchas democracias descubren que las fórmulas políticas eficaces para conquistar el poder no siempre son eficaces para ejercerlo dentro del Estado de Derecho.

Esa tensión se siente en el tono del debate, en la intolerancia frente a los controles y en la facilidad con la que algunos presentan a las instituciones republicanas como obstáculos que deben ser removidos.

Por eso conviene hablar con claridad. 

Se ha querido instalar la idea de que el Poder Judicial es responsable de la crisis de seguridad, de la corrupción y del atraso nacional. Se ha querido hacer creer que las garantías son una indulgencia, que los controles son un lujo burocrático y que la separación de poderes impide gobernar.

Esa narrativa es equivocada.

Y no lo es porque resulte injusta con la labor de miles de personas funcionarias judiciales que sostienen esta institución. Lo es, sobre todo, porque confunde el origen de los problemas del país, distorsiona nuestra función constitucional y debilita uno de los resguardos que tiene la ciudadanía frente al abuso, la arbitrariedad y la concentración del poder.

La independencia judicial no existe para proteger la comodidad de jueces y juezas. Existe para proteger la libertad de las personas. Por eso, cuando la defendemos, estamos defendiendo el derecho a vivir bajo reglas y no bajo caprichos. Estamos defendiendo la Constitución como límite civilizado al poder. 

Pero sería insuficiente quedarnos en esa afirmación de principios.

La independencia judicial, en el tiempo que vivimos, se sostiene tanto en las normas como en la confianza pública. Y la confianza pública no se decreta.

Se construye con resultados, con integridad, con apertura y con una conducta institucional orientada al diálogo, capaz de crear condiciones para que los poderes puedan comprenderse, cooperar y relacionarse con claridad sobre sus competencias y conciencia de sus deberes.

Pero esa confianza también exige algo más: que la integridad no repose únicamente en la manifestación individual de quienes ejercen funciones públicas, sino en reglas claras, asesoría ética segura, mecanismos preventivos y controles capaces de detectar riesgos antes de que se conviertan en crisis institucionales. 

Esa es la razón por la que el Poder Judicial ha debido comprender con mayor nitidez su doble naturaleza: somos contrapeso constitucional y, al mismo tiempo, un servicio público. Desde esa doble condición debemos interpretar el momento nacional.

Costa Rica enfrenta fenómenos delictivos y tensiones institucionales que no pueden leerse con categorías viejas ni con consignas fáciles.

Nuestra arquitectura procesal penal fue concebida para un país distinto: previo a la expansión digital, previo a la sofisticación de la criminalidad organizada, previo a los mecanismos contemporáneos de infiltración institucional y lavado de activos.

También, previo al agravamiento de brechas sociales que inciden sobre la conflictividad y la violencia.

Pretender que ese fenómeno puede explicarse únicamente por una resolución judicial es una simplificación políticamente rentable, pero institucionalmente estéril.

Aquí conviene introducir una reflexión de fondo. 

En contextos como el actual, las instituciones solo preservan su legitimidad si saben distinguir entre lo que debe permanecer y lo que debe transformarse.

Adaptarse no es ceder en los principios; es leer con lucidez la nueva realidad, revisar prácticas, corregir inercias, fortalecer capacidades y mejorar sin renunciar a las garantías que protegen a las personas.

Desde la autocrítica comprendemos que el país tiene derecho a exigirnos más. Tiene derecho a pedir celeridad, humanidad, transparencia, mejor gestión, mejor comunicación y mayor capacidad de respuesta frente al crimen organizado, la corrupción y los conflictos sociales.

Tiene derecho a esperar una justicia pronta y cumplida que no se refugie en formalismos para explicar sus demoras.

Nos corresponde, entonces, decir dos verdades al mismo tiempo: la primera, que la independencia judicial es innegociable; la segunda, que preservar los esfuerzos de mejora continua es indispensable.

Hoy sabemos que la independencia se defiende mejor cuando la institución demuestra capacidad, apertura, autocrítica, disciplina y propósito. La independencia sin resultados se vuelve vulnerable. Pero los resultados sin independencia dejan de ser justicia.

Ahora, conviene mirar con discernimiento lo que hemos hecho en los últimos años.

Entre 2022 y 2025 el ingreso de casos nuevos aumentó en un 12,19%, lo que equivale a más de 55.000 asuntos adicionales. Y, sin embargo, en ese mismo período el Poder Judicial pasó de 487.240 casos terminados a 564.679, un crecimiento del 15,89%.

Aun bajo limitaciones presupuestarias, restricciones para movilizar recurso humano y la entrada en vigor de reformas procesales exigentes, la institución absorbió la presión y logró reducir el rezago judicial en un 3%, equivalente a casi 23.000 expedientes.

Esos avances surgieron de un modelo que ha permitido revisar procesos, identificar cuellos de botella, introducir correcciones, estandarizar buenas prácticas y orientar decisiones con base en evidencia.

Hoy, el 89,58% de las oficinas jurisdiccionales cuenta con indicadores de gestión implementados, el 84% mantiene el cumplimiento de las cuotas de trabajo aprobadas y el acompañamiento técnico en sitio alcanza ya 12 circuitos judiciales.

Ese esfuerzo ha sido reconocido por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que ubicó a Costa Rica con una tasa de resolución de 1,07, por encima del umbral considerado óptimo.

Cuando arrecian las críticas, muchos concluyen apresuradamente que el modelo está agotado. Hoy demostramos que hay razones para sostener lo contrario.

Aun con la reducción sostenida de la proporción del presupuesto judicial respecto de los ingresos corrientes —de 9,16% en 2018 a 6,82% en 2026—, con demoras en la transferencia de recursos aprobados para enfrentar el crimen organizado y con un faltante de 1.834 plazas para atender legislación reciente y otras necesidades institucionales, el contexto operativo se ha vuelto más restrictivo.

Pese a ello, la institución ha seguido rediseñando procesos, redistribuyendo recursos y fortaleciendo la eficiencia para preservar su capacidad operativa bajo condiciones cada vez más restrictivas.

En estos cuatro años, hemos respondido al ruido con acciones concretas.

Si bien la prevención de la violencia no forma parte de las competencias del Poder Judicial, la acción coordinada de la Judicatura, del Ministerio Público, OIJ y la Defensa Pública ha contribuido a contener la tasa de homicidios de 2,5 a 1,9 asesinatos por día.

Esto permite proyectar un año 2026 con un descenso en la cantidad de homicidios por debajo de los 800, gracias a operativos judiciales contra el crimen organizado.

Como institución hemos promovido ajustes normativos para agilizar la justicia penal, cerrar espacios a tácticas dilatorias, racionalizar trámites y reforzar la respuesta frente a la criminalidad. 

Hemos impulsado mejoras en la gestión de los despachos, en la atención de asuntos por antigüedad, en la especialización jurisdiccional y en la organización del trabajo, siempre por la vía institucional correcta y sin renunciar al debido proceso.

En esa misma dirección, debe destacarse el avance legislativo de la reforma al régimen disciplinario y sancionatorio del Poder Judicial, una transformación necesaria para modernizar un sistema que acumulaba tres décadas sin una revisión integral.

Esta reforma fortalecerá la integridad institucional frente a riesgos como la corrupción, la captura y la impunidad interna, descongestionará a la Corte Plena, mejorará la trazabilidad de las sanciones y refuerza la rendición de cuentas.

Y no, este no es un esfuerzo aislado.  

El más reciente reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre anticorrupción e integridad reconoce en el sistema judicial de Costa Rica fortalezas concretas en materias como normas de conducta ética, órganos consultivos especializados, protección para quienes denuncian irregularidades, plazos disciplinarios definidos y salvaguardias normativas para la independencia y la probidad.

Este reconocimiento internacional no surge de la casualidad, sino de una organización que ha aprendido a examinarse, corregirse y sancionarse a sí misma con rigor, en procura de la integridad y la generación de valor público.

A ello se suma una agenda decidida de innovación y transformación digital. En 2025, se consolidaron lineamientos para el uso responsable de inteligencia artificial. El Tipificador de Documentos en Cobro Judicial procesó más de 1.600.000 documentos sin intervención humana, con un ahorro equivalente a más de 34 plazas de tiempo completo. 

También se avanzó en la protección automática de datos sensibles, clasificación automatizada de denuncias en el OIJ y herramientas de voz a texto, siempre bajo control humano, transparencia y con plena capacidad de verificación.

En esa misma ruta, el desarrollo del Cuadro de Mando Integral -liderado por la señora vicepresidenta de la Corte, doña Damaris Vargas Vásquez- ha fortalecido la capacidad de jefaturas y coordinaciones para acceder en tiempo real a información clave sobre desempeño, atención a las personas usuarias, ejecución estratégica, gestión de recursos y talento humano.

Hemos avanzado en el desarrollo de infraestructura judicial mediante la asignación estratégica de recursos, basados en una visión de país y no en una lógica centralista.  

Se concluyeron los Tribunales de Justicia de Puntarenas, la tercera torre anexa a los Tribunales de Justicia de San Ramón y la Torre Judicial, lo que ha permitido sustituir alquileres por infraestructura propia y dejar de destinar más de 5.000 millones de colones al año al arrendamiento de esos inmuebles.

A ello se suman adecuaciones físicas en los Tribunales de Limón, Pococí y San José para reforzar condiciones de seguridad y proteger mejor a personas usuarias y funcionariado en un entorno nacional más riesgoso.

Existen, además, obras en construcción cuya entrega está prevista para el próximo cuatrienio: los edificios de Tribunales de Quepos y Cañas, el edificio de la Sala Constitucional y la Morgue Judicial en Buenos Aires de Puntarenas.

También ha habido evolución en acceso, transparencia y vínculo con la sociedad. El Estado de la Justicia reconoce al Poder Judicial como el poder que más ha procurado reformar su marco normativo y su funcionamiento, y reporta 14 políticas temáticas vigentes orientadas a poblaciones y derechos específicos.

Ese mismo balance destaca el liderazgo costarricense en justicia abierta. Este dato importa. La legitimidad judicial no se dirime únicamente en las grandes controversias constitucionales. Se dirime, igualmente, en la forma en que el sistema trata a las personas en condición de vulnerabilidad, derriba barreras, escucha mejor, explica mejor y se deja escrutar mejor.

Y conviene decir algo más a propósito de la presión que hemos vivido.

Quienes han intentado debilitar a esta institución han producido, en no pocos casos, un efecto inverso al que buscaban. Han contribuido a que muchas personas servidoras vuelvan a reconocerse como parte de una comunidad de servicio exigente, fuerte, cohesionada y orgullosa de su trabajo. En tiempos de amenazas a la institucionalidad, esa conciencia es una fortaleza republicana que debemos cuidar y merecer. 

Al cumplir 200 años de existencia, no basta con resistir.

Debemos seguir procurando, todos los días, la confianza del país, trabajando con mística, con disciplina, con sobriedad, con ética y con profundo sentido de servicio público.

La independencia judicial también se defiende desde el escritorio, desde el mostrador, desde el uso cuidadoso del tiempo, desde la calidad del trato, desde el rigor de la motivación, desde la voluntad de escuchar y desde la vocación por mejorar. Se defiende con profesionalismo. Se defiende con integridad. Se defiende con resultados.

Aprovecho para reconocer de manera especial a las personas funcionarias cuyos méritos, trayectorias y desempeños han sido distinguidos en este acto. En ustedes se honra la vocación de servicio, la constancia silenciosa y la excelencia que sostienen a la institución en su trabajo cotidiano. 

Expreso mi agradecimiento a mis compañeras y compañeros magistrados y magistradas, al Consejo Superior, a las directoras y directores de los Órganos Auxiliares y a las direcciones administrativas. En cada uno de estos espacios ha habido liderazgo, responsabilidad y compromiso con la misión de garantizar a la ciudadanía una justicia seria, continua y digna de confianza.

Y también quiero dirigir un mensaje a la sociedad costarricense.

Lo que ocurra con el Poder Judicial no es un asunto interno del gremio judicial. No es una disputa de élites. Es una cuestión de interés nacional. Cuando se debilita la independencia judicial, pierde la persona que necesita ser escuchada frente al abuso. Pierde la víctima que requiere una respuesta imparcial. Pierde la empresa que necesita reglas estables. Pierde la comunidad que espera seguridad con legalidad. Pierde la libertad de todas y todos. 

Por eso el mensaje en este acto de apertura del Año Judicial 2026 debe ser firme:

Sí, tenemos retos.

Sí, debemos mejorar.

Sí, debemos acelerar, explicar, innovar, corregir y abrirnos más.

Pero Costa Rica no necesita un Poder Judicial sometido.

Necesita un Poder Judicial fuerte.

No necesita personas juzgadoras, fiscales, fiscalas, policías y defensoras y defensores intimidados. Los necesita independientes.

No necesita desmontar sus contrapesos. Necesita fortalecerlos.

No necesita menos Estado de Derecho. Necesita más Estado de Derecho, mejor ejecutado, mejor explicado y mejor defendido.

Ese es el compromiso que en el año del bicentenario renovamos:

Defender la independencia judicial,

Fortalecer la institucionalidad,

Servir mejor a la ciudadanía,

Actuar con transparencia,

Modernizar con responsabilidad,

Hablar con verdad,

Y profundizar el diálogo republicano con los demás poderes del Estado, de modo que Costa Rica pueda coordinar mejor su vida colectiva sin sacrificar los pesos y contrapesos que sostienen su democracia.

Iniciamos el Año Judicial 2026 con conciencia del momento, sin ingenuidad sobre los riesgos y sin confusión sobre nuestro deber. Nuestro deber es claro: custodiar la Constitución, servir a la gente y no dejarnos intimidar.

Muchas gracias.