Orlando Aguirre Gómez Presidente Corte Suprema de Justicia

Hoy celebramos con alegría el trigésimo aniversario del Consejo Superior del Poder Judicial de Costa Rica. Desde su creación, este órgano ha sido fundamental en nuestra aspiración de garantizar una justicia eficiente y al alcance de toda la ciudadanía

Hace tres décadas, la creación del Consejo Superior marcó un punto de inflexión en la administración de justicia en nuestro país. Sus significativos avances y logros reflejan un compromiso sostenido con el perfeccionamiento del sistema judicial y con mantener la confianza del público en nuestras instituciones.

La primera sesión del Consejo marca el inicio de un camino que moderniza la toma de decisiones administrativas, fortalece nuestra independencia como poder del Estado y construye una justicia más cercana a las personas, aspectos clave desde una óptica de gobernanza judicial moderna.

¿Es posible resumir en pocas palabras el vasto impacto de nuestros logros en la eficiencia e integridad institucional? Intentarlo sería arriesgado, pues podríamos pasar por alto aportes significativos. Lo cierto es que, mediante la optimización de recursos, la adopción de tecnologías emergentes y el compromiso con la transparencia democrática, hemos construido una institución judicial más robusta y completa. Con desafíos aún por superar, estamos altamente capacitados para satisfacer las necesidades actuales y prever las exigencias del mañana.

Es mucho lo que podemos reseñar de procesos de modernización, desconcentración, digitalización, adopción de tecnologías emergentes, entre otros. Sin embargo, quiero poner el foco en la voluntad de estrechar la cercanía con la ciudadanía.

Reconociendo que la justicia debe ser accesible y comprensible para todos, el Consejo Superior se ha ocupado en acercar el sistema judicial a las poblaciones del país, especialmente a las más vulnerables, facilitando el acceso a servicios legales judiciales que de otra manera les serían difíciles de recibir.

El impulso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos en diferentes regiones ha permitido resolver disputas de manera más rápida y menos confrontativa.

La cercanía con la ciudadanía ha implicado fomentar mecanismos alternativos de resolución de conflictos e impulsar una cultura de legalidad dentro de la población. Esto ha llevado a desarrollar iniciativas educativas y a establecer colaboraciones con organizaciones de la sociedad civil, que han permitido identificar necesidades específicas de diferentes grupos poblacionales y diseñar respuestas adecuadas.

Estos avances no solo democratizan el acceso a la justicia, si no que optimizan la operatividad de la institución, con resultados relevantes en materia de confianza ciudadana.

Mirando hacia el futuro, el Consejo Superior del Poder Judicial debe adoptar una visión ambiciosa y estratégica, enfocada en continuar la transformación institucional y la modernización de la justicia.

Los últimos años han representado un desafío para el actual Consejo Superior. Le ha correspondido dirigir a la institución judicial en un contexto de profundas restricciones presupuestarias que han impacto su operación cotidiana, los planes de inversión, y, más importante aún, las cargas laborales y el bienestar de toda la familia judicial. Estos obstáculos han puesto a prueba nuestra capacidad de gestión y reafirmado nuestra determinación para avanzar pese a las limitaciones.

En un entorno cada vez más complejo, es fundamental invertir en nuestro talento humano para gestionar la complejidad de la administración de la justicia actual, esfuerzo que ciertamente rendirá frutos a largo plazo. Esta es una ruta de trabajo indiscutible en los años por venir.

También quiero reafirmar que la transparencia y la rendición de cuentas deben seguir siendo transversales a nuestra gestión, no solo por el deber de probidad al que nos debemos obligar como funcionarios públicos, sino también como requisito indispensable para mantener la confianza de la sociedad.

La experiencia nos enseña que las instituciones que apuestan por la innovación y la participación logran mayores niveles de eficacia y se convierten en referentes de confianza y legitimidad para la sociedad.

Finalmente, quiero aprovechar la oportunidad para invitar a una reflexión sobre nuestros procesos vigentes y la voluntad de profundizar los esfuerzos de descentralización administrativa que se iniciaron en los noventa. Pienso que la Corte Plena tiene margen de examinar críticamente los procesos y estructuras de la institución, en aras de continuar avanzando hacia una administración de justicia más eficaz y centrada en servir a la ciudadanía.

Al celebrar este aniversario, renovamos nuestro compromiso con la justicia y con quienes hacen posible su funcionamiento.

Sigamos adelante con optimismo y determinación, construyendo día a día un sistema de justicia que refleje los más altos valores democráticos y humanos.

¡Feliz 30 aniversario, Consejo Superior del Poder Judicial!

Muchas gracias.