Discurso del Presidente de la Corte Suprema de Justicia Fernando Cruz Castro

LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN COSTA RICA: DESAFÍOS ACTUALES

Acto Conmemorativo al 195 Aniversario del Poder Judicial
1 de octubre, 2021

Dr. Fernando Cruz Castro
Presidente
Corte Suprema de Justicia

Como Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, me siento muy honrado de poder participar en tan importante actividad.

Estamos celebrando dos fechas de trascendental importancia: el bicentenario de nuestra independencia y el 195 aniversario de la creación del Poder Judicial que nos convoca el día de hoy.

El pasado 15 de setiembre, conmemoramos el “Bicentenario de la Independencia de Costa Rica”. ¡Qué fecha más importante en el surgimiento de nuestra vida democrática! Tras la independencia, los y las costarricenses se organizaron políticamente y constituyeron un gobierno propio dando origen a nuestra vida republicana.

Se inició nuestra vida republicana con la promulgación del “Pacto de Concordia” el 1 de diciembre de 1821, considerado el primer documento constitucional de Costa Rica.

Claro que no entraremos en el análisis político sobre la vigencia efectiva del pacto fundamental. Empero, fue un gran paso, definir un pacto de derechos y deberes. Pasarían muchos años para que esa Constitución no sólo sea una aspiración, sino que tenga un espacio de discusión que valore su vigencia y que controle los poderes formales. No tengo la menor duda, la historia judicial de Costa Rica ha tenido lenta evolución hacia un poder que, a pesar de que así se le denomina, le ha costado mucho adquirir la genuina condición de un poder del Estado.

Posteriormente, el 24 de setiembre de 1824, la Asamblea Nacional Constituyente dispuso la división del Estado en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tan importantes para la democracia y el equilibrio de poderes.

Esa trilogía de poderes, que no debe ser una formalidad, es una división que debe convertirse en vivencia real, especialmente para el poder jurisdiccional, tal y como lo prevé el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1798, el cual determina “Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”. De los tres Poderes, es el Judicial el más débil, al que se le da un lugar en los discursos y en las proclamas, pero en la realidad, en el escenario del poder real, su papel puede ser de segundo orden. Uno de los factores de su debilidad es la forma en que se eligen los magistrados y magistradas de la suprema.

En la rama judicial, según lo define la Constitución de 1824, el poder residiría en una Corte Suprema de Justicia que se elegiría popularmente. Sin embargo, no es hasta el 25 de enero de 1825, con la “Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica”, cuando la idea de creación de un Poder Judicial se concreta constitucionalmente, al establecerse, en el artículo 87 de esa constitución, las bases del naciente poder, atribuyendo su ejercicio a una Corte Superior de Justicia. Esta instancia, de apariencia poderosa, dependía totalmente de la voluntad de los otros poderes.

El 1° de octubre de 1826, se instaló solemnemente la primera Corte Suprema de Justicia que funcionó en sus inicios con recursos muy limitados, incluso en varias oportunidades llegó a desaparecer por falta de integrantes. Así ha pasado en muchas ocasiones, es posible que el poder de los jueces y juezas sea débil, casi inexistente; esa es una amenaza constante sobre la democracia y la vigencia de la Constitución. Este es un buen ejemplo, puede desaparecer y el poder se sigue ejerciendo, como corresponde.

El Poder Judicial, cuyo 195 aniversario estamos conmemorando el día de hoy, ha logrado superar esas y otras adversidades, convirtiéndose en un pilar de nuestro Estado Constitucional de Derecho y régimen democrático. El viaje hacia la dignidad de la judicatura ha sido largo y plagado de oscuridades.

Ese desarrollo institucional no ha sido fácil, tal como se aprecia en las discusiones de la constituyente del cuarenta y nueve. En muchas ocasiones, como esta, debemos dejarle un espacio a la reflexión, a la historia; a propósito de un tema tan relevante, tan sensible, tan vulnerable como la independencia judicial. El Poder Judicial enfrenta muchos condicionantes, muchas limitaciones.

Esa realidad no la puedo ignorar, perdonen que me doy esta libertad, pero muchas veces creemos que la independencia judicial es una palabra mágica que siempre ha existido. Nada de eso, se trata de un concepto que puede adornarse, cubrirse con una luminosa liturgia, pero sin ningún sustento.

Esta era la situación que describe el Lic. Gerardo Guzmán Quirós, Presidente de la Corte Suprema de Justicia durante el período de la revolución del cuarenta y ocho, nombrado por la Junta Fundadora de la Segunda República. Ante lo que vivía, don Gerardo Guzmán les envió una carta a los constituyentes, para que tuvieran conciencia de esa independencia judicial sin contenido, que se vivía en Costa Rica.

Las palabras de don Gerardo rompen los discursos de ocasión, se anima a decirle a los constituyentes una realidad que quizás se pretendía ignorar.

La carta se leyó en el plenario de la Constituyente, a petición de don Fernando Baudrit. La misiva del jerarca judicial expresa, entre otras cosas, lo siguiente:

“… La experiencia de los pueblos más cultos los ha llevado al convencimiento que es indispensable rodear a la administración de justicia de efectivas garantías, a fin de ponerle al abrigo de extrañas y funestas influencias que a veces se dan, pudiendo enturbiar su actuación, y de ahí que en tales países se haya colocado a la judicatura en condiciones especiales y, puede decirse, hasta de ventaja sobre los demás cargos de la Nación......” Relativamente a este punto hay que recordar un yerro del pasado que es preciso rectificar, la Constitución de 1871 fijaba un corto período para el ejercicio de la Magistratura y atribuía la elección de los Magistrados, sin contralor alguno, a un cuerpo esencialmente político, como lo es el Congreso; este además tenía la facultad irrestricta de fijarles sueldo, de aumentárselos o disminuírselos, a su arbitrio. No se concibe una base más deleznable y a todas luces resulta inconveniente por el peligro manifiesto que entraña, y debe reconocerse que la Constitución aludida ofreció amplio campo a otros Poderes para falsear el Judicial, con quebranto de su prestigio, todo lo cual, indudablemente debe ser impedido en la nueva Carta Fundamental. Todo plan para el establecimiento del Poder Judicial bien organizado debe basarse, según lo demuestra la experiencia, en la inamovilidad de los jueces, mientras desempeñen sus funciones con entera dedicación y honradez…” (Ver Oscar Castro Vega- “Figueres y la Constituyente del 49¨ Editorial UNED-San José-Costa Rica. 2007- p. 462 - 463).

Estas palabras del Presidente de la Corte, durante la época de la Constituyente, son aleccionadoras. No pensó que era inapropiado, señalarle al legislador lo que debía superar, para que el Poder Judicial fuera un poder en serio.

El Poder Judicial es muy vulnerable y con una gran debilidad política, bastan unas normas constitucionales de intervención y limitación para que la función judicial y la institucionalidad, no sea más que una liturgia, un tinglado que representa una independencia y un contrapeso, sin ningún sustento efectivo. Con el poder de las mayorías parlamentarias, es suficiente destituir a los magistrados y magistradas, decretar su jubilación forzosa, reducir sus recursos, elegir a los y las que den muestras de docilidad y “prudencia”.

Nadie quiere una judicatura o una institucionalidad que sea una simple formalidad, que sea un adorno. Bueno, en el texto de los sueños, parece que es así, nadie quiere una judicatura y una fiscalía de papel. Empero, quizás, en el lenguaje del poder y sus necesidades, la judicatura debe ser un poder complaciente, silente. Esta es una reflexión muy importante, una referencia histórica a un Presidente de la Corte que tuvo que decir, muy claramente, lo que era inadmisible para la judicatura antes de la Constituyente del cuarenta y nueve.

Claro, la inamovilidad de los jueces y juezas supremos no se aprobó, pero quedó plena constancia que nuestro sistema judicial, durante muchas décadas, fue un poder sometido a la voluntad poderosa de las fuerzas políticas de la época. Un Poder Judicial funcional para los designios del poder formal y fáctico. Gran lección la de un Presidente de la Corte, que habló claro sobre apariencias y realidades. En medio de una revolución, los jueces y juezas tenían mayor licencia para hablar claro, porque normalmente se espera de los jueces y juezas, que sean resignados, “prudentes”.

Nuestra Constitución Política promulgada en noviembre de 1949, reconoce como uno de sus principios fundamentales la “independencia judicial”, en el espíritu indicado por don José Figueres Ferrer en su discurso durante el Desfile de la Victoria en 1948 cuando indicó: “(…) En primer lugar nosotros debemos ver que no se sacrifique nada, en la Segunda República, de lo mucho bueno que tuvo la primera. Muy en especial debemos heredar dos joyas preciosas de igual valor, el derecho del sufragio electoral y la independencia del Poder Judicial. Esas dos prendas tienen entre sí la relación curiosa de que cuando un país se degenera, la del sufragio es la primera que se pierde. La otra, la majestad de la justicia, tras un largo proceso de derrumbe de valores, viene a ser la última pérdida”.

Pocas veces un líder de una revolución triunfante señala que la judicatura, en sentido amplio, es una prioridad. La independencia judicial debe ser considerada por toda la ciudadanía como una garantía que los procesos judiciales serán resueltos, libres de influencias internas y externas, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Sobre este principio y derecho fundamental descansa la legitimidad del juez y jueza y la imparcialidad de la decisión judicial.

La democracia tiene como uno de sus pilares fundamentales la independencia judicial, pero nos encontramos en una coyuntura particularmente compleja en la que la independencia de la jurisdicción tiende a ser frágil, tal y como evidencian las realidades en América Latina y en Europa.

En nuestro ordenamiento jurídico, la independencia judicial tiene importantes desafíos, en particular en el respeto de la autonomía del Poder Judicial.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas promulgada en el 2018, determinó que se puede incidir en salarios y formas de organización del Poder Judicial; esto era un primer aviso que si bien, no fue convalidado por la Sala Constitucional, no tengo duda que la decisión del alto tribunal era confusa e imprecisa, pues si bien reconoció la independencia judicial y el deber que se respetaran una serie de leyes especiales que rigen al Poder Judicial como parte de su autonomía, es decir, de su organización y funcionamiento, ello no impidió que la Contraloría General de la República dictara una orden al Presidente de la Corte, en la que ignoró lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional. Todavía seguimos en la confusión, ni el Tribunal Constitucional, a pesar de lo que resolvió, ni la Corte, han podido encontrar un espacio institucional que corrija el quebranto que sufrió la independencia del Poder Judicial. No bastó lo que señaló la Sala Constitucional sobre la independencia de la jurisdicción. Una muestra más de la debilidad y vulnerabilidad del Poder Judicial.

En su informe del 27 de octubre de 2020, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados, magistradas y abogados, abogadas de Naciones Unidas (ONU) indicó en su informe que : “preocupa a esta Relatoría que en las votaciones que aprobaron la LFFP en la Asamblea Legislativa nunca se alcanzó el umbral de la mayoría calificada y los diferentes proyectos de ley fueron aprobados sin seguir un proceso de consulta amplia como lo requiere el proceso participativo democrático de formación de leyes”.

Además, señaló: “Preocupa, además, que por efecto de estas disposiciones legislativas se haya afectado la posibilidad del Poder Judicial de tomar decisiones en materia salarial y prestacional respecto de sus propios servidores, elevándose, además, la edad de jubilación y el porcentaje de contribución salarial, al mismo tiempo que se han creado nuevas deducciones precarizando las pensiones”. Es una voz autorizada que no se ha querido escuchar. No basta una sentencia de la Sala Constitucional, no basta un informe de un Relator de Naciones Unidas. Esa es la debilidad de la judicatura.

Ha existido una estrategia que se ha desarrollado en los últimos años, por hacer pensar que los problemas fiscales del país son responsabilidad de los funcionarios y funcionarias públicos y que culmina con el proyecto de ley marco de empleo público, el cual tiene fines meramente “fiscalistas” y en donde se determina que un órgano del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), va a ser el “macro rector” en materia de empleo público en todo el sector público, sin respetar la independencia del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, las autonomías universitarias, municipales y de la Caja Costarricense de Seguro Social. De nuevo, las urgencias desde los poderes más activos del espectro político pueden estrujar y debilitar la independencia judicial.

La independencia del Poder Judicial, en la determinación de los salarios de sus funcionarios y funcionarias, la evaluación de su desempeño y su control disciplinario, no son materias que pueden quedar bajo el control de una autoridad del Poder Ejecutivo; desconocer esos límites no sería consonante con la voluntad de los constituyentes y con la separación de poderes en la visión de Montesquieu. Pero esta propuesta es posible, porque la debilidad política de la judicatura, no le garantiza su indiscutible protagonismo como Poder del Estado.

Llama la atención que este proyecto no sea consonante con las normas vigentes, en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Señalo esto porque recién nos adherimos a esa organización, cuyas prácticas y normas nos sirven de referencia para el desarrollo de nuestra democracia.

En países miembros de la OCDE, como España, existe una ley de empleo público que no incursionó en el salario de jueces y juezas, reconoce en un capítulo la posibilidad de convenciones colectivas, así como elementos variables del salario acordes con criterios técnicos. Es paradójico que hayamos ingresado a la OCDE y que, al comparar la ley de empleo público de un país destacado de dicha organización, no existe ninguna similitud entre la ley de empleo público española y la costarricense.

Asimismo, en Italia se promulgó recientemente una reforma a la Ley sobre el empleo público, que abarca únicamente a la Administración Pública respetando con ello la independencia del Poder Judicial.

En el derecho comparado no conozco un proyecto de ley similar que tenga tanta incidencia en la separación de poderes. En este proyecto no se utilizó una herramienta tan importante como el derecho comparado. Ya esta experiencia es parte de nuestra historia, un capítulo que evidencia la vulnerabilidad de la independencia judicial.

La sentencia número 2021-17098 de la Sala Constitucional que resolvió una serie de consultas legislativas presentadas contra el proyecto de ley marco de empleo público, viene a resaltar la importancia de que se respete la “arquitectura constitucional” en palabras de Giovanni Sartori, que el Constituyente estableció en 1949 y que ha permitido la existencia de un sistema de frenos y contrapesos. Pero bien pudo decir otra cosa la instancia constitucional, y si eso hubiera ocurrido, la autonomía judicial se habría convertido en una aspiración sin ninguna trascendencia práctica.

En particular, la sentencia resalta la importancia del principio de separación de poderes, la independencia del Poder Judicial, así como de la justicia electoral, la autonomía universitaria y de la Caja Costarricense de Seguro Social. Queda como un cabo suelto el tema de las convenciones colectivas.

En este sentido, el fallo del Tribunal Constitucional determinó que el artículo 6 inciso b) del proyecto de ley que crea el Sistema General de Empleo Público y de los órganos que lo componen, es inconstitucional en cuanto somete al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones a la potestad de dirección del Poder Ejecutivo. Esta pretensión requiere una reflexión: qué ha pasado, cómo es que, en función de la disciplina fiscal, un Ministerio, un representante del Presidente, se convierte en el gran órgano rector de la judicatura y del poder electoral.

¿En qué quedaron aquellas voces que hablaron de restaurar el Poder Judicial después del cuarenta y ocho? ¿En qué quedaron aquellas lecciones sobre la debilidad del poder electoral? ¿De dónde salen estas directrices? Un súper ministerio que borra todas las autonomías, los equilibrios de poder para ejercer un control cuyos límites resultan imprecisos y fangosos. No bastó la historia, no bastaron las experiencias que hemos vivido, fácilmente podría socavarse el fundamento mismo de la independencia judicial. Esta es la historia común del poder de la judicatura, una decisión, una mayoría, pone al Poder Judicial como un poder de segundo orden, un poder contemplativo, silente.

De igual forma, el fallo señaló que el artículo 7 incisos d), g) y, p) referido a las competencias de MIDEPLAN son inconstitucionales por afectar la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, en cuanto los somete a la potestad de dirección y reglamentación de MIDEPLAN, asimismo a la verificación de si cumple o no con el cometido de la evaluación del desempeño, correspondiendo esta última función a los poderes supra citados.

Esto no es un tema menor, en absoluto, es inquietante, ¿el Poder Ejecutivo evaluando jueces y juezas ordinarios y electorales? Y lo peor, la opinión pública mayoritaria considera que ese control es indispensable. Triste tener que reconocer que, en el imaginario ciudadano, la independencia judicial se visualiza como un privilegio para los miembros de la judicatura.

En los doscientos años de vida independiente, se pretende introducir un nuevo modelo, el Gran Ministerio que controlará a la mayoría de los centros de poder que la propia constitución reconoce. Claro, quedaron algunos sectores sin control, porque se rigen por las leyes de la economía, que son más importantes que la división de poderes.

Por otra parte, en el fallo se determinó que el artículo 9 párrafo segundo del inciso a), del proyecto de ley en cuestión, referido a las funciones de las administraciones activas es inconstitucional, pues MIDEPLAN podría emitir directrices y reglamentos a los Departamentos de Personal y Recursos Humanos del Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones. Qué difícil de digerir, los jueces y juezas sometidos a leyes y reglamentos de la Administración, cuando según lo determina el artículo 154 de la Constitución, la judicatura sólo está sometida a la ley y no a directrices.

El artículo 13 inciso f), referido al Régimen General de Empleo Público, se determinó inconstitucional por lesionar la independencia de poderes, tanto respecto del Poder Judicial como del Tribunal Supremo de Elecciones.

Además, resolvió que es inconstitucional por las razones antes expuestas, lo relacionado con reclutamiento y selección, el personal de alta dirección, lo relacionado con el nombramiento y período de prueba de la alta dirección, así como el procedimiento de despido y fase recursiva.

Detrás de este proyecto se construye, con intención o sin ella, una centralización, una modificación de la estructura de poderes de la Constitución, que no sólo es la de la trilogía tradicional, es la previsión de una serie de poderes y centros de decisión a los que se pretendió dar una autonomía, con diversos matices y cuyas inconstitucionalidades fueron reconocidas por nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia número 2021-17098. Una historia sinuosa la de la independencia judicial, a veces parece marchar hacia un Poder del Estado con auténtica independencia, empero, en otras ocasiones, regresan voces y criterios que debilitan aún más a la judicatura, reduciéndola a instancia de solución de conflictos individuales de poca relevancia política.

Otro de los principales retos históricos que enfrenta la independencia judicial proviene de la forma en que se elige a los magistrados y las magistradas, designados políticamente, con todas sus características: discrecionalidad absoluta. El acto de elección de magistrados y magistradas por parte del Poder Legislativo es una manifestación de voluntad política que no requiere argumentos.

Tal y como advierte el Tercer Informe del Estado de la Justicia, el sistema de nombramientos de magistrados y magistradas por parte de la Asamblea Legislativa, sigue siendo un “dominio reservado” con un procedimiento opaco.

En el procedimiento de nombramiento de los magistrados y las magistradas, deben prevalecer criterios objetivos y de transparencia a fin de que se nombre a las mejores personas juristas del país que cuenten con una sólida experiencia profesional, formación académica, altos valores éticos y que se respete la paridad de género.

La permanencia en el cargo es otra fuente de vulnerabilidad, pues cuando el juez o jueza se debe someter a la ratificación de su mandato, se le pueden cobrar sus criterios jurídicos establecidos en las sentencias o incluso posiciones de minoría desarrolladas en sus votos disidentes o notas separadas.

Debe fortalecerse la independencia judicial, analizando las normas de un procedimiento de nombramiento parlamentario, que presenta serias debilidades y que requiere cambios normativos a nivel constitucional y legal. Este no es un tema fácil de abordar por el parlamento, pero la evaluación política y jurídica es indispensable, porque muchas voces de la sociedad civil han señalado disfunciones en el sistema de nombramiento.

La ciudadanía debe tener conciencia que es necesario mejorar los mecanismos de designación de los magistrados y magistradas. No puedo dejar de señalar el contraste en Costa Rica, entre un procedimiento de nombramiento del juez y jueza ordinario, en donde existe la carrera judicial en donde se ingresa y asciende por méritos y el que se aplica al Magistrado o Magistrada en el escenario parlamentario.

La falta de argumentos y el silencio que impera en estos procedimientos, requiere una evaluación generosa y de elevadas miras políticas.

Es necesario fortalecer el gobierno judicial y retomar el tema de las “reformas orgánicas”. Hay reformas en la estructura administrativa de la Corte, que deben promoverse reduciendo en particular las funciones administrativas de la Corte Plena, para que su actuación sea más eficiente y célere. Tenemos retos importantes para el futuro, la eficiencia y la celeridad son parte de las pretensiones de la independencia judicial.

Nuestra hipertrofia administrativa y la mora judicial siguen siendo asignaturas pendientes, que requieren soluciones sabias y voluntad política.

Esta es una variación estructural que hace tiempo se propuso, al comprobar que la estructura organizativa de la Corte es muy antigua, vertical y con poderes concentrados e ineficientes, tal y como se ha evidenciado en los Informes del Estado de la Justicia. A partir de visiones diversas, los magistrados y magistradas debemos abordar este tema, quizás se imponga una reforma mínima o tal vez podamos convenir en una reforma más amplia, más ambiciosa.

La modernización real y profunda de la institución y en cuenta de su modelo de gobernanza, deviene en uno de los elementos indispensables para fortalecer la independencia judicial y garantizar la calidad, legitimidad, transparencia, eficiencia y credibilidad, en el sistema de gobierno y gestión del servicio de Administración de Justicia. Tiene que existir un generoso desprendimiento de parte de los magistrados y las magistradas, un desapego hacia el modelo tradicional.

Por otra parte, uno de los retos que seguimos enfrentando es la mora judicial. Es un tema sobre el que no se puede quitar el dedo del renglón. La alta litigiosidad evidencia la confianza de la ciudadanía en resolver sus conflictos o problemas, de acuerdo con los mecanismos judiciales que prevé nuestro ordenamiento jurídico. Pero tenemos disfunciones estructurales en los modelos procesales, que requieren un abordaje inteligente y oportuno.

En esta temática, la utilización de herramientas tecnológicas seguras ha sido un aliado importante.

Finalmente, el Poder Judicial se fortalece con la introducción de una carrera fiscal en el Ministerio Público, cuyo proyecto de ley fue presentado a la Asamblea Legislativa y se tramita bajo expediente número 20.978. Las normas constitucionales y legales requieren un sistema de nombramientos objetivo, participativo y equitativo.

En esta fecha tan importante, quiero destacar el profesionalismo y el compromiso de nuestro personal judicial, son garantía para superar los nuevos desafíos. Su actuación nos demuestra que no hay ni habrá situación de excepcionalidad, que nos impida cumplir nuestras obligaciones constitucionales.

El Poder Judicial desde sus orígenes, ha tenido avances que han sido de vanguardia y reconocidos a nivel nacional e internacional, con importantes desafíos que debemos atender sin demora, destacando el respeto a la división de poderes y el fortalecimiento de la independencia judicial. Los ha logrado porque había un contexto político que, en medio de luchas y enfrentamientos, priorizó el estado social, la juridicidad y el respeto a los derechos de todas las personas; ese gesto del líder triunfador de la revolución del cuarenta y ocho, cuando destacó la independencia judicial como una prioridad política. Esa prioridad marcó el camino de la institucionalidad de Costa Rica.

La construcción y el fortalecimiento de la independencia de la judicatura, debe ser un propósito de todos los poderes, en el respectivo ámbito de sus competencias. La voluntad de poder de los partidos políticos, del parlamento y del Poder Ejecutivo, pueden barrer y socavar la independencia de Poder de la judicatura, por eso la construcción de la independencia judicial es una exigencia que no es exclusiva de la judicatura, sino que es un imperativo para los actores políticos, de lo contrario, el poder de la judicatura siempre será letra mojada, una denominación sin relevancia para la vigencia de la democracia.

La independencia judicial puede perecer, no sólo por un golpe de Estado; la disolución del parlamento también se debilita, se socava por actos legislativos que controlan el nombramiento y la disciplina de los jueces y juezas, decretan su jubilación y destitución, reducen salarios y financiación de los servicios judiciales. La independencia judicial es muy blanda, de segundo orden, se puede suprimir, sin un golpe de Estado. Hemos tenido logros importantes, pero nada está asegurado, menos para un poder tan débil, tan silencioso.

Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Lic. Erick Fernández Masís
Licda. Sandra Castro Mora
Lic. César González Granados
Licda. Mónica Chavarría Bianchini
Montaje: Licda. Karen Quirós Fumero
Diseño Gráfico: Iván Pacheco León

Poder Judicial de la República de Costa Rica, ® Derechos Reservados 2021