Magistrado Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Nos reunimos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una fecha que exige coherencia entre los principios que proclamamos y las decisiones que adoptamos. El año anterior reflexionamos sobre la necesidad de acelerar la acción para construir un mundo más inclusivo. Ese llamado mantiene plena vigencia: la igualdad de género no se decreta; se ejecuta, se mide y se sostiene.

En 2026, Naciones Unidas nos convoca bajo una premisa que interpela directamente nuestra función: “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”. El mensaje es claro: el reconocimiento formal de derechos pierde eficacia si no existe un sistema judicial accesible, oportuno y libre de sesgos. Sin tutela judicial efectiva —expedita y respetuosa— los derechos se vuelven letra muerta, y la dignidad queda sometida a la espera, al miedo o al desgaste del proceso.

La acción, además, no es una consigna abstracta. Requiere herramientas concretas, evidencia verificable, transparencia y responsabilidades institucionales explícitas. Por ello, hoy conmemoramos un hito relevante para este Poder de la República: el décimo aniversario del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia.

Hace una década, el Poder Judicial tomó una decisión acertada: crear un mecanismo de información y análisis capaz de visibilizar barreras, identificar patrones y orientar mejoras. En estos diez años, el Observatorio se ha consolidado como un instrumento indispensable para la toma de decisiones, el diseño de políticas institucionales y la evaluación crítica de nuestro desempeño jurisdiccional.

Sin embargo, conviene advertirlo con claridad: el avance no es irreversible. Los derechos conquistados se protegen todos los días, y también pueden retroceder. Por eso, como parte del programa, contaremos con la disertación de la señora Larissa Arroyo Navarrete sobre “Avances y retrocesos de los derechos de las mujeres”. Su aporte reforzará una responsabilidad indeclinable: que la judicatura actúe como barrera efectiva frente a cualquier regresión.

Para sostener avances, debemos intensificar programas permanentes de actualización en perspectiva de género para todo el funcionariado; garantizar empatía, diligencia y seguridad desde la recepción de la denuncia hasta la sentencia; y erradicar la revictimización. A la vez, debemos consolidar la coordinación interinstitucional para responder a las causas estructurales de la desigualdad.

Hoy reiteramos nuestra determinación para que la dignidad y la seguridad de las mujeres sean una realidad cotidiana, nunca una promesa anual.