Magistrado Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Quiero empezar mis palabras expresando mi reconocimiento a la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa y a cada persona que la integra. Su entrega cotidiana hecha de escucha activa, empatía profesional y rigor técnico, sostiene un paradigma de justicia eficaz y profundamente humanizada que coloca a las víctimas en el centro, exige responsabilidad al ofensor y repara el tejido comunitario.

El informe que conoceremos a continuación confirma avances sólidos: más derivaciones en ejecución de la pena, intervención temprana y ampliación territorial, junto con una articulación interinstitucional cada vez más fina. Sin embargo, más allá de las cifras sobre las cuales se detendrá el señor magistrado Gerardo Rubén Alfaro, hoy deseo subrayar el valor humano y democrático de esta política pública: cada encuentro restaurativo devuelve dignidad a la víctima, responsabiliza al ofensor y genera cohesión social justo en los espacios donde la violencia ha dejado fracturas.

El mundo vive una fascinación creciente por las respuestas punitivas inmediatas, fenómeno que se nutre (con razón) de la frustración ciudadana ante la criminalidad y la limitada capacidad preventiva del Estado. Frente a esa inercia, nuestra judicatura se mantiene firme en la tutela de los derechos humanos y en las soluciones basadas en evidencia. Por ello, resulta fundamental remarcar que la justicia restaurativa no relativiza la gravedad del delito; por el contrario, la encara desde la restauración de la persona, la comunidad y el bien común.

Quiero aprovechar la oportunidad para recordar que somos un Poder Judicial que actúa bajo un mismo horizonte estratégico: hacer de la justicia costarricense un espacio confiable, moderno, humano y firme contra la impunidad, en el que se protege a las víctimas, se modernizan los procesos, se erradican privilegios indebidos y nos fortalecemos desde adentro para recuperar la confianza ciudadana y garantizar que nadie esté por encima de la ley ni fuera de su protección.

Ello nos ha llevado recientemente a mejorar nuestros procesos administrativos, a coparticipar en el remozamiento del marco normativo y a capacitar al personal para los nuevos desafíos que imponen las demandas ciudadanas y las tecnologías emergentes.

En este marco, la justicia restaurativa es uno de los instrumentos más potentes para materializar una innovación con propósito, situar los derechos humanos al centro, practicar la transparencia y asegurar una justicia sin privilegios ni impunidad. Cada círculo restaurativo, cada derivación a tratamiento de drogas y cada acuerdo de reparación constituyen microlaboratorios donde la institución aprende y mejora.

Invito a las diputadas y los diputados, a los colegios profesionales, las universidades y los medios de comunicación a respaldar esta causa, que escucha y repara, optimiza recursos y fortalece el capital social. Así, cada círculo restaurativo no solo resuelve un conflicto penal; también reafirma el pacto democrático y alimenta la confianza en el Estado de derecho.

Concluyo reiterando mi gratitud a cada funcionaria y funcionario que hace posible este paradigma, a las víctimas que confían en él y a las comunidades que lo abrazan.

Sigamos avanzando con la convicción de que una justicia que humaniza, responsabiliza y reconcilia, es la mejor defensa de nuestra democracia.

Muchas gracias.