Opinión

Empleo público e independencia del juez

Está legal

El proyecto de ley de empleo público (Expediente Nº 21336) promovido por el Poder Ejecutivo es inconstitucional en dos temas preocupantes: división de poderes e independencia de los jueces.

Recordemos que la Sala ha expresado -al referirse a la separación de poderes- (Sentencia Nº 14286-2005) que “…este principio pretende dividir la detentación del poder en Poderes de igual rango, independientes el uno del otro… y permite el correcto control del poder y el respeto de la voluntad popular, garantizando a los ciudadanos que el poder político no se concentre en unos pocos y en perjuicio de las mayorías...”.

La misma Sala ha manifestado en lo concerniente a la independencia del juez (Sentencia Nº 2883-96) que “independencia es la ausencia de subordinación a otro, el no reconocimiento de un mayor poder o autoridad. La independencia del juez es un concepto jurídico, relativo a la ausencia de subordinación jurídica. La garantía de la inamovilidad y el régimen de incompatibilidades tienen como fin asegurar la total independencia de los miembros del Poder Judicial. (…) …se trata de impedir vínculos y relaciones que puedan conducir a una reducción fáctica de la libertad del juez...”.

Al pronunciarse sobre el proyecto de empleo público la Sala (Sentencia Nº 2021-17098) declara la inconstitucionalidad apuntando un “vaciamiento” del Artículo 9 de la Constitución Política y concordantes, que establece la separación y división de poderes.

Todo el poder se concentraría en el Ejecutivo dejando sin efecto el estado democrático de derecho.

Es decir, en el proyecto se le otorga una potestad indebida de “dirección y reglamentación” a Mideplan y el Servicio Civil (eufemismo para no decir Poder Ejecutivo) sobre el Poder Judicial y el TSE.

Esa inconstitucionalidad deriva la violación al principio de independencia del juez, por cuanto el proyecto otorga al Poder Ejecutivo la potestad de regular a los funcionarios judiciales en cuanto a “reclutamiento y selección de las personas servidoras públicas”, así como a los del TSE, con la potencial afectación en ambos casos a sus decisiones.

Si se afecta la independencia del juez y sus sentencias o decisiones, se pone en peligro la seguridad jurídica.

Es una extralimitación del proyecto pretender que Magistrados del Poder Judicial, Consejo Superior y Magistrados del TSE o director del Registro Civil (llamados en el proyecto cargos de Alta Dirección) queden sujetos a las decisiones del Poder Ejecutivo.

Esos puestos y el resto de los funcionarios quedan a merced de un periodo de prueba, a nuevas causales de terminación de la relación laboral, a la aplicación de la reducción forzosa o movilidad laboral -otro eufemismo para no decir despido- de los jueces, juezas y magistrados(-as).

Queda demostrado, en cuanto a la independencia del juez y la división de poderes, el peligro del proyecto de empleo público para la vida democrática e institucional del país.

*Abogado, periodista y politólogo

PERIODISTA:

Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Lic. Erick Fernández Masís
Licda. Sandra Castro Mora
Lic. César González Granados
Licda. Mónica Chavarría Bianchini
Montaje: Licda. Karen Quirós Fumero
Diseño Gráfico: Iván Pacheco León

Poder Judicial de la República de Costa Rica, ® Derechos Reservados 2021