Así como una fiebre es un síntoma de que algo está mal en la salud de una persona, el ejercicio abierto y periódico de la violencia política por parte de los detentadores de poder, en contra de las personas juzgadoras que resuelven en contra de sus intereses, es un indicio de una democracia que está enfermando muy seriamente.

Dicha violencia política se manifiesta en conductas reiteradas, concertadas y sistemáticas por una persona o grupos, detentadoras de poder político y/o económico, contra uno o varios juzgadores, tendientes a descalificar sus decisiones, insinuar una intencionalidad oculta, o cuestionar su idoneidad, con el fin de minar la percepción positiva hacia el juzgador y al Poder Judicial, afectando su autoestima y generando malestar y desagrado en la colectividad, promoviendo sin fundamento, la descalificación de la función jurisdiccional y trasladándole la percepción negativa sobre los errores y mala administración del poder político y en donde no media un propósito académico, objetivo y de análisis constructivo de la decisión judicial cuestionada. Así, la afectación al juez con esta violencia es una lesión al Poder Judicial, a la separación de poderes y a la democracia misma, que no puede sernos indiferentes.

La jurisdicción contencioso-administrativa y constitucional es la más proclive a ser objeto de esta violencia enfermiza. Al conocer la arbitrariedad del poder y llamados a delimitar la administración y a hacer rendir cuentas, es claro que en todo el mundo el poder les teme y les detesta, al no ser un instrumento servil a sus ilegítimos intereses.

Con lo anterior no debe estimarse que hago una apología de los jueces como infalibles. Errores han cometido y cometerán a todo nivel, que humanos son. Tampoco debe entenderse que crea que las sentencias tengan un velo de infalibilidad, casi papal. No. Es necesario, conveniente y bienvenido el análisis técnico y reposado, la discusión académica, el cuestionamiento racional de lo que se resuelve en sede jurisdiccional. Todo realizado por parte de personas conocedoras y objetivas, trascendiendo de los opinólogos de turno o los testaferros del poder. Sin embargo, en el mundo, nuestra América y nuestro medio, día a día se ven preocupantes manifestaciones de violencia a los juzgadores independientes con tendencias y tentaciones a modificar la ley para colocar a dóciles y mudos ante los desmanes de los gobernantes.

La tutela de derechos fundamentales, el cumplimiento de la legalidad para todo ser humano —inclusive los infractores— el límite al poder absoluto, los mecanismos de control de la función administrativa temporales o definitivos, no necesariamente son los más populares para un sector de la colectividad, y es evidente que pueden ser empleados tanto por aparentes demócratas como aprendices de tiranuelos, como un medio para manipular a grupos de la población, fabricar deliberadamente una percepción negativa de la administración de justicia, empleando generalizaciones arbitrarias en invocaciones e insinuaciones perversas en contra del Poder Judicial. Es evidente que cómo felino herido por no poder devorar tranquilamente su presa, —sea tigre, puma, león o jaguar— el poder político ruge de furia ante el control jurisdiccional de sus actuaciones y ejerce su particular violencia. Así ha sido históricamente cuando tiranuelos y otras especies en el mundo han sentido que sobre su real voluntad está el imperio de la ley y el derecho.

De ahí la violencia política contra la persona juzgadora. No obstante, debe tomarse en consideración que a final de cuentas el ataque a la persona juzgadora trasciende su carácter personal, hacia un propósito subyacente: el cuestionamiento a la institucionalidad misma y el temor a los sanos y necesarios controles, en una sociedad que necesita seguir actuando bajo frenos y contrapesos y no bajo el efímero designio unilateral del detentador del poder de turno y sus aduladores, que se creen por encima del bien y del mal.