Magistrada y coordinadora de la Subcomisión Penal Juvenil, Patricia Vargas González y la jueza Helena Ulloa Ramírez, coordinadora del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, quien impartió la capacitación.

La actividad formativa se impartió a jueces y juezas destacados en la aplicación de la Ley Penal Juvenil y dirigida a las personas juzgadoras que laboran en despachos judiciales mixtos, a quienes les corresponde asumir el conocimiento de causas en materia penal juvenil.

La Subcomisión Penal Juvenil desarrolló la capacitación “Medidas Cautelares y Protección de Testigos”, en el marco de la semana de celebración del 34° aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño

La apertura de la capacitación contó con la participación de la magistrada y coordinadora de la Subcomisión Penal Juvenil, Patricia Vargas González, quien recalcó la importancia del respeto a los estándares internacionales, indicando que los derechos humanos no solo tienen vigencia desde lo legal y constitucional sino, además, desde todo el marco jurídico.

La jueza Helena Ulloa Ramírez, coordinadora del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, impartió la capacitación, que tuvo lugar el pasado 22 de noviembre de 2023, a través de la plataforma Microsoft Teams.

Ulloa Ramírez hizo un amplio análisis sobre las medidas cautelares en materia penal juvenil. Enfatizó sobre la transcendencia de conocer y aplicar los estándares internacionales, con el fin de atender el interés superior de las personas menores de edad.

Recalcó que la detención provisional es de carácter excepcional, por ende, dicha medida requiere un análisis más riguroso y reforzado.

Durante la actividad virtual se señaló la relevancia de interiorizar criterios a considerar desde una justicia especializada y dirigida a una población vulnerable y especialmente protegida. Se destacó que el proceso penal juvenil es convencionalmente derivado; que los cuerpos normativos atinentes a los derechos humanos son aplicables a las personas menores de edad, especialmente aquellos focalizados en la materia, y se enfatizó que la lectura de las normas procesales debe efectuarse de manera transversal con los principios rectores del derecho penal juvenil.